Uruguay y otros quince países de América Latina y el Caribe lanzan este jueves una alianza para combatir elcrimen organizado, que cuesta a las economías regionales miles de millones de dólares anuales, informó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
«El crimen organizado opera a través de las fronteras y exige una acción regional audaz y coordinada», afirma el presidente del BID, Ilan Goldfajn, citado en un comunicado.
«La Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo permitirá asociaciones estratégicas y la movilización de recursos», añade. Se centrará en tres pilares: proteger a las poblaciones vulnerables, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y reducir los mercados ilícitos y los flujos financieros.
La iniciativa, promovida por el BID, incluye a gobiernos, organizaciones multilaterales y sociedad civil. La integran Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay.
Entre las organizaciones destacan la Organización de los Estados Americanos (OEA), Interpol, la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Mundial y la Dirección de Investigación Antimafia (DIA), en Italia.
Según un estudio reciente del BID, el desarrollo social y económico de América Latina y el Caribe se ve muy afectado por el crimen y la violencia.
En 2022 los costos directos de la criminalidad alcanzaron el 3,44% del PIB de la región, es decir prácticamente lo mismo que un estudio realizado por la organización financiera en 2017. Esto equivale al 78% del presupuesto público para educación y 12 veces el destinado a investigación y desarrollo.
En otra publicación reciente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) también concluye que la delincuencia y la inseguridad siguen siendo «importantes obstáculos para la prosperidad» de la región. América Latina y el Caribe solo representa el 8% de la población global, pero tiene un tercio de los homicidios del mundo.
Según el análisis del FMI, cuando los homicidios aumentan un 10% en un municipio su actividad económica cae aproximadamente un 4%.
El documento concluye que los homicidios aumentan cuando un país se ve afectado por un crecimiento negativo, una inflación elevada o mucha desigualdad.
