Los casos de corrupción en los gobiernos regionales ha llegado a niveles alarmantes. Tres autoridades se encuentran con prisión preventiva, mientras que los demás investigados o sentenciados por diferentes delitos.
Antilavadodedinero / Infobae
La detención de Elmer Cáceres Llica y varios funcionarios del gobierno regional de Arequipa destapó la alarmante situación que se vive en la mayoría de gobiernos regionales, ya que un total de 18 gobernadores y 52 funcionarios se encuentran investigados, detenidos o acusados por los delitos de colusión, peculado, cohecho o corrupción.
Los gobernadores Juan Morillo Ulloa (Ancash), Anselmo Lozano (Lambayeque) y Elmer Cáceres Llica (Arequipa), se encuentran con prisión preventiva tras ser acusados de integrar bandas criminales y usar sus cargos para cometer delitos en contra del Estado.
Cáceres Llica fue detenido el pasado 23 de octubre, junto con otros nueve funcionarios, por presuntamente integrar una organización vinculada a delitos de corrupción.
Hasta el momento, al menos otros 52 funcionarios de ocho gobiernos regionales son investigados por direccionamiento de compras, contrataciones irregulares, tráfico de influencias, malversación de fondos, entre otros.
Pese a las investigaciones, el 65% aún ocupa su cargo de gerente, jefe de oficina o consejero en los gobierno de Cusco, Puno, Piura. Ucayali, Lima y Apurímac.
CORRUPCIÓN REGIONAL
De acuerdo con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, estos tienen la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.
Pero, este plan no ha resultado del todo bien para las regiones, ya que según el registro del Ministerio Público, 19 de los 25 gobernadores regionales del país y al menos 52 funcionarios, son investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Fecot):
Arequipa:
Elmer Cáceres: Detenido en octubre 2021 por presuntos delitos de colusión, peculado y cohecho.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/5KCKFZDKMNGPPGGMTO345SXD6A.jpg%20420w)
Elmer Cáceres rumbo a la Divincri. Foto: Rodrigo Talavera/La República
Ancash:
Juan Carlos Morillo Ulloa: Detenido en diciembre de 2020 por el presunto delito de colisión
Lambayeque:
Anselmo Lozano Centurión: Detenido en febrero de 2021 por presuntos delitos de colusión, cohecho y organización criminal.
Junín
Fernando Orihuela Rojas: Investigado por el presunto delito de lavado de activos y peculado desde junio de 2021
Apurímac
Baltazar Lantarón Núñez: Investigado por los presuntos delitos de colusión, cohecho, falsedad ideológica y genérica.
Huánuco
Juan Alvarado Cornelio: Investigado desde diciembre de 2020 por el presunto delito de colusión.
Piura
Servando García Correa: Investigado desde marzo de 2019 por el presunto delit de nombramiento ilegal
Tacna
Juan Tonconi Quispe: Investigado desde enero de 2020 por el presunto delito de colusión.
Tumbes
Florentino Dios Benites: Sentenciado a cuatro años de prisión. Está prófugo
Puno
Agustín Luque Chayña: Investigado por presuntas irregularidades en la implementación de colegio
Huancavelica
Maciste Díaz Abad: Fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida, pero la sentencia fue apelada y anulada
Cusco
Jean Paul Benavente García: Investigado por presuntos actor de corrupción
Loreto
Elisban Ochoa Sosa: Investigado por presuntos actos de corrupción
Pasco
Pedro Ubaldo Polinar: Investigado por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales
Amazonas
Óscar Altamirano Quispe: Investigado por presuntos actos de corrupción
Ucayali
Francisco Pezo Torres: Investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, violación de medidas sanitarias, entre otros.
Ayacucho
Carlos Rua Carbajal: Investigado por el delito de nombramiento o aceptación indebida de cargo público.
Callao
Dante Mandriotti Castro: Investigado por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho.
