20 denunciantes de corrupción reciben protección de Agencia Valenciana Antifraude. Este es uno de los datos aportados durante la reunión que ha mantenido de forma telemática el grupo de trabajo sobre protección de las personas denunciantes del Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude.
Antilavadodedinero / Agencia Valenciana Antifraude
Es la primera vez que se reúne este grupo ya que el Consejo de Participación Ciudadana se constituyó en octubre de 2019. En esa misma sesión constitutiva se decidió la creación de dos grupos de trabajo: uno dedicado a la protección de personas denunciantes y un segundo grupo centrado en el ámbito de la prevención y la ética pública.
Entre los puntos del orden del día se ha analizado la situación en la que se encuentran las personas denunciantes que reciben protección por parte de la Agencia Valenciana Antifraude haciendo referencia a los datos recogidos en la Memoria de Actividad del año 2019 la cual se publicó el pasado mes de marzo.
Según los datos aportados, durante el año 2019 se aprobó la solicitud de protección de 5 nuevas personas denunciantes que se unen a otras 15 en vigor de años anteriores y que mantienen su situación hasta que finalicen las investigaciones, la inmensa mayoría de ellas tramitándose ante las autoridades judiciales.
Por regla general, estos denunciantes que informan o alertan de hechos y conductas que pueden ser constitutivos de fraude o corrupción reciben represalias como consecuencia de la denuncia interpuesta, en forma de presiones, amenazas, acoso laboral, degradación o, incluso el despido. La Agencia Valenciana Antifraude les presta asesoramiento jurídico y vela para que estos actos de intimidación, directa o indirecta no se produzcan.
Otra de las cuestiones que se han tratado durante la reunión ha sido la necesidad de transposición de la Directiva 2019/1937 de la Unión Europea sobre protección de aquellas personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión Europea. Esta directiva entró en vigor en diciembre de 2019 y España tiene dos años para transponerla a su ordenamiento jurídico.
La importancia de esta directiva reside en que con esta normativa se dará por primera vez en nuestro país protección y asesoramiento jurídico, entre otras cuestiones, a aquellas personas denunciantes de delitos de fraude, corrupción, evasión fiscal o daños sobre el medio ambiente.
Entre los miembros del grupo de trabajo se encuentra la Asociación Española de Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo (ASEBLAC); Transparency International España; Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA); Asociación de Alertadores contra la Corrupción (AcC); Fundación por la Justicia y la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).
Antecedentes
El Consejo de Participación Ciudadana se creó mediante Resolución del 12 de febrero de 2019 y se encuentra regulado en el título IV del Reglamento de funcionamiento y régimen interior de la Agencia Valenciana Antifraude de 27 de junio de 2019.
Enlace a la Memoria de Actividad 2019
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2020/03/MEMORIA_2019_CAS.pdf
Para más información podéis dirigiros a [email protected] o al teléfono 962 787 450
