London Breed, alcaldesa de San Francisco, declaró estado de emergencia en el céntrico barrio de Tenderloin en esa localidad estadounidense, con el fin de frenar el tráfico de fentanilo que recorre las calles y afecta sobre todo a gente sin hogar y ha colocado a la ciudad al borde de superar en 2021 el récord de muertes por sobredosis.
Antilavado de Dinero / El Ciudadano.
“Está muriendo demasiada gente. Demasiados ciudadanos están desparramados por nuestras calles y ahora tenemos un plan para evitarlo”, dijo Breed el 17 de diciembre, primer día del estado de emergencia, reseñó El País.
Entre enero y noviembre han muerto 600 personas de sobredosis en San Francisco, una cifra que se aproxima al máximo de fallecimientos por consumo de estupefacientes que dejó 2020, 712 personas. A la planetaria pandemia del coronavirus, en San Francisco se añade otra epidemia, la de las drogas. Una y otra crisis se jalean en esta ciudad: desde 2018 han aumentado un 200% las sobredosis.
Y Tenderloin es el epicentro de esa macabra estadística. Allí se registran el 20% de las sobredosis de la ciudad. Estas alcanzan el 41% si se suman los decesos ocurridos en la zona de SoMa, Southern Market, al sureste del barrio de Tenderloin. Estas zonas solo suponen el 7% de la población de San Francisco.
Para atajar la situación de esta zona situada a menos de cuatro kilómetros del área turística de Embarcadero, el plan prevé aumentar el presupuesto para la policía en el distrito de Tenderloin y la inversión en infraestructuras para atender una situación que la alcaldesa ya califica abiertamente de “crisis”.
Los fondos servirán para mejorar los baños públicos, y los servicios sanitarios y de salud mental, así como los albergues, las oficinas para trabajadores sociales y las clínicas temporales donde los adictos pueden consumir de manera controlada.
Breed asegura que dio luz verde al plan después de escuchar testimonios de habitantes que “viven con miedo”. Tenderloin fue durante la década de los cincuenta y sesenta un área llena de vida nocturna, en la que los mejores clubes de jazz convivían con teatros, burdeles y cabarets. Pero hace años que esa vida se ha apagado.
“Me hablaron de traficantes de drogas que amenazan a abuelas. De tiroteos a plena luz del día en parques donde madres solteras pasean a sus niños tras la escuela, de asaltos en las calles”, aseguró la alcaldesa en un texto donde explicaba su decisión. El objetivo, afirma, es prevenir delitos, acabar con el trasiego y uso público de drogas, hacer seguro el tránsito de peatones, incrementar la capacidad de los albergues, impedir la venta callejera de mercancías y alimentos y limpiar las calles.
La iniciativa ya tiene detractores, especialmente entre la izquierda progresista, un grupo de poder en la ciudad. Acusan a Breed de querer llenar las calles de policías, en una muestra de fuerza ante lo que es un problema de salud pública. “Encarcelar a personas con problemas mentales no va a solucionar el problema. No es la única opción que tenemos”, dijo el lunes Chesa Boudin, fiscal de distrito de la ciudad. Otras personalidades como el defensor del pueblo y diversos activistas en defensa de los vagabundos se han sumado a estas críticas.
Breed justifica el aumento policial como una medida necesaria para reducir el tráfico de fentanilo, la droga que ha catapultado las muertes en las calles de San Francisco. Siete de cada 10 fallecidos por sobredosis habían consumido este opiáceo sintético, un 20% más que en 2019, según la oficina de la alcaldesa. La policía se incautó de 23 kilos en 2020, cifra que cuadruplicó la de 2019.
Las autoridades ya han comenzado a actuar. En los últimos días, han detenido a 23 personas. Breed ha pedido a los jueces dureza con algunos de estos sospechosos con antecedentes penales y que en otras ocasiones han sido liberados con facilidad.
La alcaldesa también ha prometido a las fuerzas del orden nuevas herramientas. Como un cambio legislativo que, a partir de enero, permitirá a la policía utilizar imágenes de las cámaras de seguridad de comercios y negocios privados. La norma pretende facilitar el trabajo de los uniformados, que desde 2019 deben solicitar un permiso de las autoridades de la ciudad cada vez que quieren obtener material grabado por alguna cámara comercial.
