El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional tiene sobre la mesa una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción advirtiendo del presunto blanqueo en España de, al menos, 35 millones de euros procedentes de los 230 millones de dólares que altos funcionarios de la Administración rusa sustrajeron, presuntamente, de las arcas públicas de Rusia en 2007 y cuya investigación provocó la muerte del abogado ruso Sergei Magnitsky, en 2009, y la aprobación en Estados Unidos de una ley que prohíbe el acceso de ciudadanos rusos presuntamente corruptos a su sistema bancario y que fue bautizada como Ley Magnitsky.
El Ministerio Fiscal señala a personas de origen ruso y ex cargos de la Unión Soviética residentes en España o que adquirieron una vivienda en el país como presuntos miembros de una trama de blanqueo a nivel europeo, considerando los hechos denunciados constitutivos de un delito de organización criminal y un delito continuado de blanqueo de capitales, según confirmaron fuentes jurídicas.
Los hechos investigados por Anticorrupción tienen su origen en denuncias presentadas en esta Fiscalía por el empresario Bill Browder en 2014, 2017 y 2018, en representación de la sociedad de inversión británica Hermitage Capital Management, gestor del fondo de inversión Hermitage y para el que Magnitsky trabajó como asesor en Rusia. Este empresario denunció un fraude contra su empresa en 2007, que fue descubierto por este abogado.
Los hechos denunciados por Browder señalaban que funcionarios de la Administración rusa se apropiaron de 230 millones de dólares de la Hacienda rusa que les correspondía al fondo Hermitage en concepto de devolución tributaria. En su lugar, según los hechos que denuncia Anticorrupción, la devolución se hizo “a favor de una organización criminal liderada por Dimitri Klyuev”, que responde al nombre de KOCG y que, presuntamente, blanqueó el dinero a través de una estructura internacional de sociedades, bancos y países de escasa o nula transparencia y colaboración financiera y procesal”.
Según los hechos investigados en España, Anticorrupción ha detectado movimientos de dinero procedentes de Estonia, Lituania, Ucrania y Moldavia a través de, al menos, 60 transferencias. En este sentido, la Fiscalía distingue varias operaciones, entre las que destaca el envío de más de 16,8 millones para el pago de activos inmobiliarios, identificando a 65 beneficiarios entre sociedades y personas de la ex Unión Soviética, y la compra de piezas de recambio de automóviles, equipos de construcción, calzados, mobiliario y servicios de consultoría y legales.
La Fiscalía ha denunciado también el envío de otros 12,7 millones, a través de 25 transferencias, a la cuenta de una ciudadana de origen ruso que responde al nombre de Anna K. R. en concepto de préstamo. Los investigadores no han constatado pagos de esta persona tras recibir esos préstamos.
Por último, Anticorrupción ha denunciado otro envío de dinero por valor de 5,1 millones a una cuenta vinculada a dos ciudadanos de origen ruso, cuyo concepto responde también al de préstamo para la compra de bienes inmuebles.
Anticorrupción considera que el dinero presuntamente blanqueado se ocultó a través de una red internacional organizada de blanqueo de capitales perteneciente a Dimitri Klyuev, que responde al nombre de KOTMLN. Para ello, según la Fiscalía, se usaron bancos, empresas, cuentas, agentes constitución de empresas y demás personas.
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