La jueza especial Romy Rutherford ordenó este lunes la detención del general en activo Alejandro Villagra por presunto fraude al Fisco en el uso de pasajes para viajar al extranjero.
La jueza explicó que el comandante de la primera brigada acorazada «Coraceros» es indagado en relación con «empresas de turismo» y ha prestado testimonio en calidad de inculpado en al menos tres ocasiones en las últimas semanas.
Rutherford persigue irregularidades en las comisiones de servicio en el extranjero de oficiales y suboficiales que habrían realizado viajes familiares con dinero de gastos reservados a destinos como Orlando, Punta Cana, Miami, Los Angeles.
La institución chilena se ha visto salpicada los últimos años por varios casos de fraude en los que incluso ya se han dictado condenas.
Según la investigación que lleva hasta ahora la jueza, los indagados, entre los que se encuentra el ex segundo mando del Ejército John Griffiths, abultaban el precio de pasajes aéreos, cuyos excedentes se les devolvían o eran utilizados para otros viajes.
Por estas presuntas irregularidades, el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra cuatro empleados de las agencias indagadas al considerar una coordinación con los militares.
Hasta ahora, al menos diez personas han sido procesadas, incluyendo tres generales retirados y al excomandante en jefe Juan Miguel Fuente-Alba por fraude al fisco y malversación de caudales, entre otros.
Según un informe publicado en agosto de 2016 por radio Biobío, un grupo de militares chilenos defraudó en 5.480 millones de pesos (unos 8,6 millones de dólares) pertenecientes al Estado entre 2010 y 2014, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
Esa misma fecha, un semanario chileno destapó el llamado «Milicogate» al revelar que existía una gran operación de desvíos de fondos públicos llevada a cabo por oficiales y miembros del Ejército chileno.
El semanario denunció entonces la desaparición de alrededor de 2.000 millones de pesos chilenos (unos 3,1 millones de dólares) de las arcas públicas a través de facturas falsas que también se amparaban en el secreto de la llamada Ley Reservada del Cobre.
Esta ley fue promulgada en 1958 y publicada en una edición restringida del Diario Oficial, debido a que se trata de una orden secreta cuyo objeto es destinar ingresos de las empresas mineras de cobre para la compra y mantenimiento de armamento para las Fuerzas Armadas de Chile.
ALD/EFE
