La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió al Tribunal Supremo Federal que aplique una condena de 22 años de cárcel al expresidente Fernando Collor (1990-1992) por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
En el documento presentado y divulgado por la Fiscalía, la procuradora pide una pena de «12 años, 5 meses y 10 días» por 30 delitos de corrupción pasiva y «diez años, tres meses y diez días» por 369 delitos de blanqueo de dinero.
La denuncia se refiere a delitos cometidos entre 2010 y 2014 en los puestos de mando de BR Distribuidora, una subsidiaria de la petrolera semiestatal Petrobras.
«Se instaló una organización criminal con el propósito de practicar diversos delitos contra la administración pública, liderada por el Partido Laborista Brasileño (PTB en su sigla en portugués), en particular en la figura de Collor, afiliado a esa formación en ese momento», explica la Fiscalía.
Collor se habría aprovechado de su actual condición de parlamentario (es senador desde 2007) para practicar esos delitos, ya que tenía la potestad de indicar cargos para la presidencia de BR Distribuidora y de los directivos en puestos de servicios, operaciones y logística.
«En ese contexto, Collor solicitó, aceptó promesas y efectivamente recibió coimas», asegura la Fiscalía, que además de cárcel pide una indemnización por daños morales y materiales de 59,9 millones de reales (más de 15 millones de dólares), el equivalente a lo que se embolsó de forma irregular.
Según la prensa local, la defensa del expresidente asegura que la denuncia no aporta pruebas concretas, y cuestiona qué contrapartida había concedido para dar luz verde a los negocios de BR Distribuidora.
A partir de ahora el juez del Supremo relator de la Operación Lava Jato, Edson Fachin, elaborará un informe sobre el caso, y tras ser sometido a análisis la corte celebrará el juicio, en una fecha aún por determinar.
ALD/SPK
