La fiscalía de Perú solicitó el martes 20 años de prisión para Ollanta Humala por cargos de lavado de activos y recepción de dinero ilícito, la primera acusación formal contra un expresidente en las investigaciones de casos de sobornos vinculados con la constructora brasileña Odebrecht.
El fiscal del caso, Germán Juárez, presentó los cargos ante un juez e incluyó en las acusaciones a la esposa y el partido político de Humala, por presuntamente recibir tres millones de dólares de Odebrecht para la campaña electoral presidencial del 2011.
Según la fiscalía, parte de los fondos habrían ingresado al Partido Nacionalista Peruano y otra parte fueron utilizados para elevar el patrimonio de Humala y de su esposa Nadine Heredia.
Humala, un militar retirado que gobernó el país entre el 2011 y 2016, ha negado las acusaciones y ha afirmado que las investigaciones son producto de una “persecución política”.
“El Partido Nacionalista está incluido como imputado a efectos de que en caso de lograr una sentencia condenatoria se está pidiendo la disolución de ese partido toda vez que ha sido instrumentalizado para lavar dinero”, dijo Juárez a periodistas, tras presentar la acusación de más de 1.500 hojas.
Exdirectivos de Odebrecht, incluyendo al exjefe de la firma en Perú Jorge Barata, ratificaron en febrero ante fiscales peruanos que entregaron el dinero petición del Partido de los Trabajadores de Brasil para la campaña de Humala, quien ganó la presidencia tras cambiar su discurso radical de izquierda.
El fiscal Juárez solicitó una condena mayor, de 26 años de prisión, para Heredia, a quien también acusa de ocultamiento de bienes y de fondos de la campaña del 2006, cuando Humala intentó por primera vez llegar a la presidencia.
Humala pasó nueve meses en prisión preventiva en 2017-2018 por el caso Odebrecht, que vio un giro dramático en Perú hace casi tres semanas tras el suicido del expresidente Alan García de un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a su casa para arrestarlo por las pesquisas de corrupción.
El caso de Odebrecht ha involucrado a los últimos cuatro expresidentes en Perú. Pedro Pablo Kuczynski cumple un arresto domiciliario de tres años y Alejandro Toledo está luchando contra un pedido de extradición desde Estados Unidos.
ALD/Reuters