Alba Petróleos es parte de una red criminal internacional vinculada a la empresa nacional de petróleos de Venezuela (PDVSA) que se extiende desde El Salvador hasta Estados Unidos, Rusia, Hong Kong y varios paraísos fiscales. Esa es una de las principales conclusiones a las que llega una investigación dirigida por Douglas Farah y Caitly Yates en alianza con IBI Consultants, LLC y National Defense University (INSS, en inglés).
De acuerdo con la investigación, el expresidente venezolano Hugo Chávez era quien dirigía las operaciones de la red global «en conjunto con líderes políticos aliados, élites económicas y organizaciones criminales». Entre ellos, los dirigentes de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador.
Sin embargo, esas operaciones no terminaron con la muerte de Chávez. La investigación sugiere que en los últimos años «esta red criminal creció hasta abarcar varias docenas de individuos y cientos de empresas de fachada», ahora bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro.
«Esta empresa criminal conjunta no solo ha tomado billones de dólares de las arcas del Estado venezolano, sino que también usó a PDVSA como una estructura central para el lavado de dinero y corrupción a través de la región», se lee en el documento final que recoge la investigación que bautizaron con el nombre de «La última resistencia de Maduro: La supervivencia de Venezuela mediante la empresa criminal conjunta bolivariana».
Según la investigación, la red criminal global, de la cual forma parte Alba Petróleos, debería ser entendida como una red de redes y no como actividades aisladas que operan en diferentes países de América Latina. Lograron identificar a 181 individuos y 176 compañías operando en al menos 26 países. Uno de esos nombres es del viceministro para la Inversión y Desarrollo Financiero, José Luis Merino.
La investigación da cuenta de que entre 2007 y 2018 la red de empresas fachadas movió «por lo menos $10 billones en fondos vinculados a Venezuela»; sin embargo, un consorcio de periodistas latinoamericanos encontró que Venezuela desvió $28 billones de PDVSA.
El informe detalla que el grupo trabaja en al menos cinco operaciones financieras: ventas y préstamos de petróleo falsos, compra de activos físicos, megaproyectos de infraestructura, minería de oro ilegal y transferencias bancarias.
Los autores de la investigación aseguran que lograron comprobar que Petróleos ALBA casi no recibió petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017, pero que Alba Petróleos de El Salvador «sí registró ingresos de aproximadamente $200 millones por año –totalizando unos $1.2 billones durante la década examinada».
Para esconder ese movimiento financiero del control contable, la investigación detalla que Alba Petróleos estableció docenas de compañías y empresas de fachada donde, según lo establecido en papel, invertían en producción de alimentos, instituciones financieras, aerolíneas, centros de estudio, proyectos de energía, adquisición de tierras, gasolineras y otras actividades.
«Todas esas compañías que se informó operaban bajo la bandera de ALBA incluyeron juntas directivas corporativas interconectadas y rara vez cumplieron con los requisitos legales en cuanto a la presentación de informes financieros», reza la investigación.
LA PRENSA GRÁFICA reveló en marzo pasado que Alba Petróleos El Salvador impidió que auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) examinaran sus operaciones y negó el acceso a los libros de registro de sus actividades económicas contables del año 2016, según consta en un informe de la institución contralora.
Entre la documentación que no fue entregada por la sociedad de economía mixta están: detalles generales de la junta directiva, manuales de la empresa, planes de cobros, informes financieros de cuentas por cobrar, documentos de reestructuración de deudas, contratos de ventas a plazos, escrituras, registros contables y de inversión.
La investigación de Farah y Yates da cuenta de que el viceministro Merino y «otros reputados testaferros» crearon una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá. Desde allí, Alba Petróleos y sus compañías vinculadas les prestaron a ocho compañías panameñas bajo su control al menos $1.1 billones entre 2007 y 2017.
Esas compañías, según la investigación, movieron el dinero a paraísos fiscales en el Caribe y Europa, incluyendo las Islas Vírgenes Británicas, las islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia. Finalmente declararon que la mayor parte de la deuda era incobrable.
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