Venezuela obtuvo el peor de los resultados en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) que evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para luchar contra los delitos perpetrados contra el patrimonio público por parte de funcionarios del Estado.
Se trata de la primera edición de esta herramienta lanzada por Americas Society, Council of the Americas– principal foro dedicado a la educación, el debate y el diálogo en las Américas- y la firma global de consultoría especializada en riesgos Control Risk. Según la evaluación nuestro país obtuvo 1.71 de puntaje, lo que lo coloca no solo en el último lugar, sino que está muy lejos de Guatemala, que quedó en penúltimo lugar.
En esta primera edición fueron evaluados Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela, que en conjunto representan casi el 90 por ciento del PIB de América Latina y el Caribe.
El orden obtenido según el CCC indica que la mayor puntuación fue para Chile (6,66 sobre 10), seguido por Brasil (6.14). Se presentó un empate virtual entre Colombia (5.36), Argentina (5.33) y Perú (5.17). Los países con puntaje más bajo son México (4.65), Guatemala (4.55) y, por supuesto, Venezuela (1.71).
Este índice evalúa 14 variables, entre ellas “la independencia de las instituciones judiciales, la solidez del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir el delito de cuello blanco”.
No solo se basó en datos extensos, sino en una encuesta “entre los principales expertos en lucha contra la corrupción de Control Risks, el mundo académico, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado”.
La destrucción de la democracia y el colapso económico
La evaluación comprendió tres subcategorías en las que Venezuela obtuvo el puntaje más bajo en comparación con las otras siete naciones evaluadas. Nuestro país obtuvo Capacidad legal 1.21, en Democracia e instituciones políticas logró solo 1.43 y un total de 4.35 en Sociedad civil, medios de comunicación y sector privado.
“El peor colapso en la historia económica de América Latina, el fracaso sistémico del Estado y la destrucción de la democracia han dañado dramáticamente la capacidad de Venezuela para combatir la corrupción en un momento en que otros países de la región estaban logrando avances sustanciales”, señala el índice.
De acuerdo al CCC, el área menos problemática para Venezuela es “Sociedad civil, medios de comunicación y el sector privado». Este logro “fue impulsado por la educación, como se discutió, y el trabajo de lo que queda de los medios independientes de Venezuela”, agrega el informe del CCC.
De análisis de los resultados de este índice se desprende que a Venezuela la esperan tiempos difíciles.
“Venezuela tiene puntajes muy bajos en varias variables determinadas por mejoras institucionales graduales y de largo plazo, como la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales y fiscales. La caída del régimen de Nicolás Maduro abriría al país a ganancias significativas si el nuevo gobierno implementa cambios importantes para fomentar un ambiente democrático, como la introducción de elecciones libres bajo reglas estrictas de financiamiento de campaña, cámaras legislativas en funcionamiento o la eliminación de restricciones a la sociedad civil. Sin embargo, incluso en el escenario más optimista de una transición democrática pacífica y rápida, es poco probable que Venezuela mejore sustancialmente su posición en las clasificaciones del Índice CCC en un futuro próximo”.
Al hacer referencia a la labor de la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, para rastrear y confiscar activos en el extranjero que se originaron a partir de la corrupción, se señala que este proceso “podría llevar a un esfuerzo fiscal más robusto e institucionalizado”, pero “la oposición no ha presentado un plan concreto para reconstruir las instituciones de Venezuela para combatir la corrupción”.
Se advierte que el destino de Nicolás Maduro como “una condición previa para una transición política” podría mejorar el entorno anticorrupción de Venezuela. “Sin embargo, este proceso también conlleva riesgos significativos para la lucha contra la corrupción, como la violencia política generalizada o las nuevas formas de autoritarismo”. Se subraya que en el caso de “una transición política pacífica, la enormidad de la crisis podría eclipsar los esfuerzos para mejorar la lucha contra la corrupción”.
ALD/TV
