El Banco de España, el FROB, el BCE, y el sector financiero han urgido a cerrar de una vez por todas la Unión Bancaria, que ha avanzado notablemente en los últimos diez años pero a la que le faltan los mecanismos necesarios para futuras crisis, como un fondo europeo de garantía de depósitos.
Calviño: los países miembros del euro hay una “práctica unanimidad” para avanzar en este Mecanismo Común de Garantía de Depósitos
Una jornada organizada para conmemorar el décimo aniversario del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha reunido este viernes diversos actores del sector, que han valorado el papel desempeñado por el Fondo en los años posteriores a la crisis, si bien, como ha hecho la ministra de Economía, Nadia Calviño, hubieran preferido que no fuera necesario.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, han coincidido en destacar la necesidad de completar la Unión Bancaria y poner en marcha un seguro de garantía de depósitos europeo, plenamente mutualizado y con una fecha final de llegada.
Se trata, ha explicado Hernández de Cos, de asegurar a los depositantes y a los ciudadanos europeos que sus depósitos bancarios hasta 100.000 euros estén igual de seguros, “independientemente de la entidad en la que estén depositados y del país en el que vivan, dentro de la Unión Bancaria”.
En este sentido, la titular de Economía ha dado una “buena noticia al sector”, al asegurar que entre los países miembros del euro hay una “práctica unanimidad” para avanzar en este Mecanismo Común de Garantía de Depósitos o EDIS por sus siglas en inglés.
No obstante, la Unión Bancaria, que “desafortunadamente” según Luis de Guindos, “no avanza a la velocidad deseada”, debe hacer frente también a otros retos.
Entre ellos ha citado un mecanismo único de resolución de entidades, que ya está decidido que dependa del Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE) que se ponga en marcha en 2024 como muy tarde, que sea fiscalmente neutro y “que no le cueste ni un euro a los contribuyentes”.
Campa, presidente de EBA: Europa no está del todo preparada para afrontar una nueva gran crisis
Sobre esto ha discrepado el presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), José Manuel Campa, que ha reconocido que Europa no está del todo preparada para afrontar una nueva gran crisis, y que en caso de que eso ocurra se tendría que volver a pedir dinero a los contribuyentes.
“Sin dinero de los contribuyentes es difícil”, ha dicho Campa, que ha reconocido que aunque Europa está mejor preparada para afrontar una crisis, “no lo está del todo”, ya que el entorno actual es más complejo, con una banca que aunque es más solvente, “no es rentable”.
Opinión que ha compartido el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, para quien la rentabilidad del sector se ve lastrada por los tipos negativos, a lo que se une el proceso de desapalancamiento de la economía.
La rentabilidad de la entidades de crédito es el principal reto al que se enfrenta el sector, según la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, que ha indicado que pese al esfuerzo de saneamiento que han realizado los bancos el organismo “no baja el listón”.
El regulador sigue pidiendo a los bancos que además de la rentabilidad mejoren su solvencia y su reputación, y que sean “discretos” en el reparto de dividendos.
El presidente del Instituto de Estabilidad Financiera (FSI), Fernando Restoy, que fue presidente del Frob, ha sido el primero en resaltar que Europa está mejor preparada ahora para afrontar otra crisis, aunque no se ha completado todo el trabajo previsto.
Por ejemplo, ha citado la búsqueda de soluciones para la resolución de entidades de mediano y pequeño tamaño, de las que hay en Europa un número elevado que hace conveniente procesos de consolidación.
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Jacques de Larosière se ha mostrado partidario de distinguir entre bancos grandes y pequeños, ya que no se puede pedir lo mismo a todos, y de lo contrario, los más pequeños están condenados.
El presidente del Frob y anfitrión de la jornada, Jaime Ponce, ha señalado que el “mejor camino” para afrontar nuevas crisis es el refuerzo de las instituciones europeas y nacionales.
Si son “fuertes y competentes”, ha añadido, son las mejores herramientas para gestionar nuevas crisis en un futuro.
Bruselas y Fráncfort avisan de riesgos para la rentabilidad de la banca española
La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) advierten de que la ralentización del crecimiento, la incertidumbre global y los costes por litigios pueden minar la rentabilidad de la banca española, y señalan que cumplir los requisitos de capital europeos será un reto para algunos bancos.
Desafíos y riesgos de la banca española
Las instituciones concluyen que el sector financiero español mantuvo la estabilidad en 2018 y la primera mitad de 2019 “a pesar de algunas incertidumbres en el entorno político nacional e internacional”, pero avisan de algunos desafíos.
“El sector bancario español goza de buena rentabilidad, liquidez y capitalización, aunque se coloca por debajo de sus socios de la Unión Europea en capital”, dicen en el informe.
La CE y el BCE destacan que la rentabilidad de la banca aumentó en 2018, tras un 2017 marcado por la resolución del Banco Popular, con una mejora del 25 % en sus beneficios consolidados y un incremento del retorno sobre el capital (ROE) de 1,2 puntos, hasta 7,2 %.
El peso de los bajos tipos de interés sobre la rentabilidad de las entidades se ha visto compensado por el crecimiento económico y la menor necesidad de provisiones gracias al descenso de los préstamos deteriorados hasta el 5,7 %.
Sin embargo, advierten de que hay “riesgos emergentes que necesitan ser vigilados de cerca”. La prevista ralentización del crecimiento y las incertidumbres económicas globales “podrían debilitar los factores que impulsan la rentabilidad en el medio plazo”, afirman.
En este sentido, avisan de que entidades y supervisores “tienen que garantizar estándares de crédito suficientemente conservadores”, es decir, evitar la toma de grandes riesgos que demanden aumentar las provisiones.
Añaden además el impacto que podrían tener los costes ligados a litigios legales para algunos bancos. Mencionan el concreto la sentencia europea que llegará en los próximos meses sobre las hipotecas ligadas al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios).
Al mismo tiempo, señalan que pese a los beneficios, la posición de capital de los bancos “se deterioró ligeramente”, con una caída del ratio de capital de máxima calidad (CET 1 fully loaded) al 11,9 % al cierre de 2018, frente al 14,4 % de media europea.
Y avisan de que algunas instituciones “podrían tener dificultades” para constituir los colchones de capital (MREL) que fijarán las autoridades europeas en función de las demandas finales y el plazo que den para cumplirlas.
Ojo con la nueva ley de crédito hipotecario
Por otro lado, Bruselas y Fráncfort creen que la nueva ley de crédito hipotecario “podría aumentar el coste de financiación de las hipotecas”, en concreto por la ampliación de los periodos de ejecución que prevé.
Las instituciones comunitarias destacan además que la Sareb, conocida como “banco malo”, “aumentó sus pérdidas de forma importante en 2018” y que la estrategia que prepara para sacar el máximo valor con la cesión de activos “tendrá que seguir siendo vigilada de cerca”.
“El número récord de propiedades vendidas por Sareb en 2018 apoya el potencial de esta estrategia. Sin embargo es demasiado pronto para evaluar su efectividad”, afirman.
La Comisión y el BCE vuelven a insistir además en que la privatización de Bankia seguirá “reforzando al sector bancario”.
En general, la Comisión y el BCE ven un riesgo “muy bajo” en lo que se refiere a la devolución por parte de España de los 41.333 millones de euros que recibió de sus socios en 2012 para sanear y reestructurar su sector bancario.
España ha hecho nuevo reembolsos anticipados y devuelto ya el 43 % de este préstamo, con lo que su deuda asciende a 23.700 millones de euros.
Las instituciones vigilan a los países que han recibido rescates hasta que devuelven un 75 % de los mismos, con visitas cada seis meses para evaluar la situación sobre el terreno.
ALD/Euroefe
