Un escándalo de lavado de dinero ocurrido en marzo de 2015 que involucró a la Banca Privada de d´Andorra (BPA) permitió descubrir 86 millones de euros a nombre del abogado Juan Collado Mocelo, quien hasta la fecha no ha podido acreditar el origen de los recursos, de acuerdo con fuentes consultadas por La Silla Rota.
Se presume que los millonarios recursos habrían sido encomendados por políticos a Collado.
Collado Mocelo fue detenido este martes por la Agencia Criminal de Investigaciones de México acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero a partir de la empresa denominada Libertad Servicios Financieros.»
El BPA fue intervenido en 2015, tras revelarse posible lavado de dinero, por lo que en un auto judicial la magistrada Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigación, se dio a conocer que solicitaba información a México para saber si existía una relación entre el cártel de Sinaloa y la entidad bancaria.
En aquellos días, se identificó a Óscar Javier Lara Aréchiga, quien murió en 2017, y exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Sinaloa, como el vínculo con una cuenta de 6 millones de dólares.
En el documento judicial se expone textualmente: «que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona políticamente expuesta, pues fue diputado en el Congreso de la Unión por el Estado de Sinaloa en el año 2009, Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista». «La cuenta presenta un saldo superior a los 6,000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (préstamos paralelos) en México», afirmaba la petición de auxilio judicial. Lara Aréchiga siempre negó tener vínculo alguno con esa cuenta.
El auto de la juez andorrana describía como «tremendamente agresiva» en Latinoamérica la política comercial de BPA y lo hace así: » La entidad facilitaba a los clientes que captaba la estructura societaria necesaria a través de BPA Serveis, que trabajaba sobre todo a través de personas jurídicas panameñas, y había instaurado un sistema de compensación de efectivo entre los clientes para reducir el riesgo de transporte físico de líquido y permitir de todas formas el ingreso de grandes cantidades que no eran bancarizadas».
Mingorance añade que México fue inicialmente una plaza fuerte para le entidad, «hasta el punto de adquirir un edificio en la capital federal para establecer la sede social.
«Abruptamente (BPA) decide desmontar toda la estructura y abandonar el país. Según declaraciones de Isabel Camino Sarmiento, en aquel momento responsable de compliance (departamento que vigila el cumplimiento normativo interno y externo del banco), tuvieron algún tipo de problema y el OFAC (Office of Foreing Assets Control, organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) requirió la declaración de sus directivos a la Embajada de Estados Unidos en México, sin poder precisar el origen del problema».
Mingorance destaca que en marzo de 2015, fecha en la que estalló el escándalo del BPA, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), dependiente del Departamento del Tesoro de EU hizo pública una nota sobre esta entidad bancaria en la que situaba a este banco como centro de una gran trama de blanqueo de capitales ligados al cártel mexicano de Sinaloa, las mafias rusa y china en España y a la empresa Petróleos de Venezuela. Tras la intervención del banco, se destituyó al consejo de administración.
El Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) es la institución pública del país que tomó el control de BPA tras amenazar EU con prohibirle toda actividad con su sistema financiero por no respetar las normas antiblanqueo. La nueva dirección de BPA no facilitó entonces la identidad de los clientes que está convocando ni su nacionalidad para comprobar sus cuentas, pero no negó que se trataba de una muestra representativa de la realidad del banco.
La convocatoria se extendió a más de 600 clientes de todo el mundo, de los que 275 eran del área internacional y por tanto, sin nacionalidad andorrana o española.
La medida responde a que los interventores designados por el INAF han decidido someter a severa comprobación la veracidad y origen de los fondos de los clientes de BPA. Entre los 275 del área internacional figuran fortunas latinoamericanas que tendrían que haber cruzado el Atlántico e identificarse debidamente, bajo los ojos del FinCEN, la unidad antiblanqueo de EU que desencadenó el 10 de marzo de 2015 la intervención de BPA y, consecuentemente, de su filial Banco Madrid.
De todos estos hechos se desprende la solicitud a Juan Collado Mocel para comprobar el origen de los recursos por 86 millones de euros, algo que según fuentes de La Silla Rota no ha ocurrido todavía, mientras en México se le fincan cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero.
ALD/afntijuana
