No hay duda que con la Operación Lava Jato se destapó una de las más grandes y sofisticadas estructuras de corrupción. Empezó como investigación en un lugar de lavado de automóviles en Brasil (lava jato) en donde se llevaban a cabo transacciones “paralelas” en moneda extranjera. Y saltó a las nubes del poder.
Ese eslabón llevó a detectar la más grande interacción corrupta conocida entre altos niveles del poder político y del poder económico no solo en Brasil, sino en varios países latinoamericanos. Grandes empresas constructoras eran las impulsoras/beneficiarias de una cadena que envolvió a presidentes, ministros, alcaldes y parlamentarios debidamente “estimulados” para contratar obras y hacerlas —la gran mayoría— con brutales sobrecostos. Tres asuntos indican que lo andado no ha sido poca cosa: por primera vez empezó a operar de manera seria la cooperación judicial internacional establecida en la Convención de la ONU contra la Corrupción (vigente desde 2005). Esta sigue funcionando; especialmente entre los dos países más activos en estas investigaciones: Brasil y Perú.
Segundo, porque si bien en algunos países la actuación de fiscales y jueces sobre este tema ha languidecido un poco, ese no ha sido el caso en estos dos países. En Brasil, 429 personas procesadas penalmente de las cuales 159 ya han sido condenadas. En el Perú son 486 las personas que han sido investigadas. En muchos de los casos el intercambio de información entre fiscalías de los dos países ha sido decisiva.
Tercero, porque mecanismos que no necesariamente fluyen de las tradiciones jurídicas latinoamericanas han demostrado su utilidad y adaptabilidad para investigar estructuras criminales. La delación “desde adentro” viene siendo la principal forma de conseguir información valiosa para la justicia.
Todo esto va en el “haber” de la investigación Lava Jato. No se puede soslayar, sin embargo, el bombazo de las revelaciones hechas por el portal The Intercept sobre procederes cuestionables del entonces juez Sérgio Moro, “pilar” simbólico de Lava Jato para algunos. Mensajes conocidos —y que no han sido desvirtuados con solidez— revelarían graves inconductas funcionales que ponen en cuestión la imparcialidad, integridad y obligaciones de ese juez.
Destacan dos asuntos. Uno: reiteradas actuaciones indebidas como consejero o guía de los fiscales para conducir las investigaciones o la presentación de pruebas. O el ocultamiento de información a un magistrado supremo. Dos: un ostensible y reiterado criterio político-electoral para definir estrategias judiciales, incluyendo la revelación pública de material grabado que era reserva del proceso.
Estas conductas impropias chocan no solo con principios internacionales vigentes sobre integridad judicial sino con el Código Procesal Penal brasileño, que prohíbe que los jueces den asesoría o ayuda a las partes en los procesos (lo que incluye a los fiscales); esta prohibición también es parte del Código de Ética Judicial.
¿Tumba esto los procesos de Lava Jato? ¿Los condenados son, entonces, inocentes? No creo que se pueda saltar a eso. Junto a la inconducta de alguno(s), se está ante procesos que pasan por varias instancias y revisiones. No obstante, probablemente algunos de los pasos irregulares que se dieron, sean desandados por decisión de los tribunales. Para el futuro: recta conducta judicial.
El País
