El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola trabó un embargo récord sobre los bienes de doce miembros del clan Loza, detenidos por traficar cocaína de Argentina a España y lavar dinero de las drogas.
Dueños de un hotel en Salta, dos edificios de cocheras en el Centro porteño y una Ferrari que perteneció a Diego Maradona, los Loza hicieron una fortuna con el narcotráfico. Rompieron marcas de envíos, de embargos y ahora van por una más: su caso es el primero en llegar a la Justicia por una demanda de extinción de dominio.
La causa recayó en la Secretaria 19 del Juzgado 10 en lo Civil y Comercial Federal. En ella se reclaman 190 bienes por valor de 800 millones de pesos. La lista incluye 45 inmuebles —distribuidos entre Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Salta y Mar del Plata—, unos treinta vehículos de alta gama (entre ellos tres modelos de Ferrari), motos, joyas y dinero en efectivo.
El expediente judicial lleva el numero 6876/2019 y fue iniciado por impulso del Procurador General de la Nación Eduardo Casal, quien el pasado 5 de julio firmó una resolución clave.
Casal fijo posición sobre el polémico Decreto 62/2019 del Poder Ejecutivo que puso en juego la figura de la extinción de dominio para casos de crimen organizado, antes de que el Congreso sancionara una ley al respecto.
Aunque cuestionado en la Comisión Bicameral de seguimiento de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) el decreto 62/2019 se encuentra vigente. Así lo entendió Casal y les dio apoyo a los fiscales Pablo Turano y Diego Iglesias para que iniciaran un demanda civil y e ir tras los bienes de los Loza.
«Todos los bienes cuya extinción de dominio se requiere fueron incorporados al patrimonio de los demandados sin causa lícita, dado que no han podido probar actividad lícita en virtud de la cual habrían generado los ingresos necesarios para la adquisición de los bienes en cuestión», sostuvieron los fiscales Turano e Iglesias en su presentación
La extinción de dominio es una figura nueva y controvertida en la Argentina. Y este es el primer caso en llegar a los tribunales.
El decreto 62 crea un proceso judicial sumarísimo que solo puede ser iniciado por la Procuración General de la Nación y solamente sobre los bienes que ya fueron cautelados (congelados, embargados) en un proceso penal. Pero no requiere que en el fuero penal se registre una condena. No es necesario esperar la condena para que el Estado se convierta en dueño de los bienes.
Una vez iniciada la demanda civil por extinción de dominio, el juez notifica a los demandados que, para evitar perder sus bienes, deben acreditar que los consiguieron con fondos legítimos. Si no pueden hacerlo, opera la extinción y todo pasa al control de la Administración de Bienes del Estado (ABE).
En la realidad, esto implica dos cuestiones polémicas: no respeta el principio de presunción de inocencia e invierte la carga de la prueba.
Los Loza
La investigación contra los hermanos Loza comenzó el 20 de noviembre de 2017, cuando dos hombres que habían llegado desde Madrid fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Ezeiza con 665.800 euros escondidos en el doble fondo de sus valijas.
El caso recayó en el juzgado de Pablo Yadarola y las mulas de dinero terminaron condenadas el 13 de julio de 2018. Pero la investigación siguió profundizándose y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) encontró conexiones con una causa por tráfico que tramitaba en un juzgado federal.
Poco después surgieron nexos con otro expediente que tramitaba en el juzgado de Instrucción 14 de Málaga, donde la Policía llegó a grabar a uno de los Loza en un hospital gracias a un micrófono ambiental.
Mientras la investigación del tráfico de cocaína seguía en España e Italia, aquí se comenzó a investigar el patrimonio del clan con datos aportados por un arrepentido y dos agentes encubiertos. Estos contaron que la organización se comunicaba con un novedoso sistema de encriptación y por eso sus mensajes no eran descubiertos.
Así se determinó que, solo a través de mulas, el clan logró entrar a la Argentina 15 millones de euros en efectivo, pero además hizo inversiones millonarias en autos, motos, departamentos, campos, casas y hoteles.
Uno de los negocios detectados fue la compra de edificios de cocheras. Como el caso de uno situado en el barrio de Tribunales, que costó dos millones de dólares, según la escritura. Lo interesante es que 605.000 dólares de esa cifra llegaron a la Argentina el 1° de noviembre de 2016, en el marco de la declaración voluntaria y excepcional de bienes en el país y/o en el exterior (Ley 27.260).
La banda tenía los contactos en Bolivia (el país productor) y en España (el país comprador). Sabían cómo gastar el dinero de la droga y compraron de todo. Pero hoy esas propiedades están juntando tierra, congeladas por la Justicia.
El Clarin
