Ana Alzate lleva más de siete años escribiendo una carta cada mes. Dedica un día a pensar qué decir, a elegir las palabras que enviará a la Cancillería colombiana, que las llevará desde Bogotá a China y después, por fin, hasta las manos de su hija Leidy Johana Bárcenas Alzate, condenada inicialmente a pena de muerte en el Centro de Reclusión No. 1 de Pekín por llevar dos kilos de coca. En la carta que la señora escribió esta semana quiso darle esperanza, pero prefirió ser prudente: el Gobierno de Iván Duque anunció que firmará un tratado de repatriación de los presos colombianos en China y no solo Ana, sino muchos familiares de los 217 colombianos condenados en ese país están a la expectativa.
“Yo espero que esta vez sí se dé porque su niña, que tiene síndrome de Down, está creciendo y me pregunta mucho por ella. Que si ya viene la mamá en el avión, me dice todo el tiempo”, afirma la mujer, que esta vez también le envió fotos y ansía el periplo de 15.500 kilómetros que la conecta con su hija, a quien no ve desde que se fue a Brasil en el 2012. En São Paulo, ha dicho Leidy en su defensa, le habían ofrecido un trabajo, pero fue engañada y obligada a viajar con la droga a China. Si no lo hacía- argumentó- asesinarían a su madre y a su hija pequeña. Después de ser condenada a pena de muerte logró rebajarla a cadena perpetua y actualmente tiene condena a doce años. «Yo me estoy muriendo de pena moral», dice la señora.
No servirá para todos
“Se ha trabajado mucho con la Cancillería -afirma Blanca Henríquez, abogada que lleva cuarenta casos-. Las familias están muy contentas. Ahora, hay que rogarle al Congreso que, una vez firmado lo apruebe”, explica la abogada, que es parte del Centro de Ayuda a las Personas Extranjeras de la Universidad Autónoma de Colombia.
Pero el tratado no beneficiaría inmediatamente a todos los condenados. Así lo dejó claro la viceministra de Justicia del gobierno Duque, Juanita María López. “El tratado busca establecer reglas claras de aquellos casos que sean procedentes o por razones humanitarias o porque sea posible hacer la conmutación de la pena”, dijo.
De los 217 presos, cuatro están condenados a pena de muerte y catorce a prisión perpetua y todos tienen muy presente la historia de Ismael Arciniegas, que fue ejecutado en 2017. Había intentado ingresar a China cuatro kilos de cocaína. Su caso marcó un cisma para las familias; muchas perdieron la esperanza, pero otras creen que China lo hizo para enviar un mensaje de dureza y no se repetirá.
La abogada, que lleva cuatro años acompañando estos casos de forma gratuita, dice que muchos han sido engañados por redes mafiosas que los venden a otras; amenazados por deudas de gota a gota, una modalidad de préstamo diario que entrega dinero sin condiciones pero a intereses muy altos y que se puede pagar con la vida. Otros más aceptan por incautos y algunos también por ambición.
“Los inocentes son los que suelen pedir la repatriación, que se hace por razones humanitarias. El requisito es que sean de la tercera edad, tengan alguna discapacidad o que sus hijos o esposos padezcan alguna enfermedad grave y comprobable”, afirma la abogada.
Precisamente, por razones de salud han sido repatriados tres colombianos: Harold Carrillo, un taxista que sufría de cáncer de ganglios linfáticos; José Emiliano Contreras Forero, de 73 años, condenado a 12 años y 4 meses; Sara María Galeano, transexual que había pagado siete años y medio en China, también por enfermedad. Ambos fueron trasladados desde Hong Kong y Guangzhou a prisiones en Colombia.
A pesar del hacinamiento en las cárceles colombianas que, según el Comité Internacional de la Cruz Roja superan el 300 %, muchos prefieren estar cerca de sus familias. Por lo pronto, manifiestan su arrepentimiento a través de cartas como las que envió uno de ellos: “por este error que cometí destruí parte de mi vida y a mi familia”, escribió uno de los condenados en una carta que llegó de China
El País
