La fiscalía de Paraguay interrogó a José Rodríguez González, el asesor que intervino en un acuerdo secreto con Brasil por la compra de electricidad a la represa binacional Itaipú, que causó un escándalo que estuvo a punto de derivar en juicio político al presidente Mario Abdo Benítez.
El caso, que provocó esta semana la salida del gobierno del canciller Luis Castiglioni y otros cinco altos funcionarios, se cobró también la renuncia del director técnico paraguayo en Itaipú, José Sánchez Tillería, anunciada anoche.
El fiscal a cargo del caso, Marcelo Pecci, explicó que tomó declaración a Rodríguez González en calidad de testigo pero advirtió que si en el curso de la indagación aparecieran elementos que lo justificaran, podría quedar procesado.
Según la prensa paraguaya, Rodríguez González es asesor legal del vicepresidente Hugo Velázquez y presionó para excluir del acuerdo cuestionado un artículo que permitía a Paraguay vender energía de Itaipú a empresas brasileñas.
Esas versiones causaron tales reacciones que la madre del asesor, María Epifania González, renunció el miércoles a su cargo de secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes del gobierno de Abdo Benítez.
Antes de presentarse ante el Ministerio Público, Rodríguez González negó por televisión que trabajara para Velázquez, pese a la publicación en la prensa de mensajes de Whatsapp en los que afirmaba que recibía instrucciones del vicepresidente.
«Yo admito que ese chat es real y que mi único error fue haber utilizado el nobre del presidente y el vicepresidente», dijo Rodríguez González a la televisora Paraguay.com, según la agencia de noticias EFE.
El supuesto asesor explicó que mintió para «captar la atención», de su interlocutor en esos mensajes, el entonces presidente de la empresa estatal Asociación Nacional de Electricidad (Ande), Pedro Ferreira.
Pecci, que ayer interrogó también como testigo a Ferreira, anunció que llamará a más personas a declarar por el caso y no descartó que vaya a solicitarse la colaboración de la justicia brasileña para esclarecer algunos aspectos de la investigación.
Mientras tanto, el nuevo director de Itaipú por Paraguay, Ernst Bergen -que sucedió esta semana al renunciante José Alderete-, anunció anoche la dimisión de Sánchez Tillería, aunque la atribuyó a «motivos personales».
Bergen afirmó que estaba «considerando cambiar» a varios de los funcionarios paraguayos de Itaipú implicados en el acuerdo secreto, después de que el presidente del Senado, Blas Llano, reclamara a Abdo Benítez la «inmediata destitución» de todos ellos.
Paraguay y Brasil suscribieron el 24 de mayo un acta -que se mantuvo en secreto hasta el 25 de julio, cuando fue revelada por la prensa paraguaya- que establecía un cronograma de compra de energía a Itaipú hasta 2022, un año antes de que ambas partes deban renegociar algunos aspectos del tratado constitutivo de la represa binacional.
La oposición criticó ese acuerdo por considerar que significa una entrega de soberanía energética a Brasil e impulsó un juicio político a Abdo Benítez y a Velázquez, a los que acusó de «vendepatria».
Tras las renuncias de Castiglioni y otros cinco altos funcionarios, el asunto pareció quedar zanjado el jueves pasado, cuando los dos países firmaron la anulación del acuerdo, la iniciativa de juicio político quedó sin la mayoría necesaria en el Congreso y Abdo Benítez pidió públicas disculpas y advirtió que podría despedir a más colaboradores.
ALD/Télam
