El lento motor de la justicia mexicana comienza a carburar en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Administración que llegó al poder en diciembre pasado con la promesa de acabar con la corrupción ha dado el primer paso para castigar uno de los mayores escándalos de desvío de recursos registrados en la gestión de Enrique Peña Nieto. Rosario Robles, secretaria en dos ministerios diferentes durante el mandato del PRI, ha sido imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que se castiga con una pena de hasta siete años de cárcel.
La acusación del ministerio público asegura que Robles, una política fogueada en la izquierda hasta que decidió colaborar con el PRI, se hizo de la vista gorda ante millonarios desvíos que hicieron sus subordinados mientras estuvo al frente de la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre 2012 y 2015, y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre 2015 y 2018. La Fiscalía calcula que las omisiones de la exministra causaron un daño a la hacienda pública superior a los 5.000 millones de pesos, más de 250 millones de dólares.
El caso en el que Robles está involucrada se conoce popularmente en México como La estafa maestra. Se trata de un refinado esquema de desvío de recursos donde los ministerios de Estado delegaban programas sociales y otros proyectos para ser operados por ocho universidades públicas. Estos centros de estudio, que se quedaban con una parte del dinero público, simulaban los servicios mediante 27 contratos con empresas fantasmas que, a su vez, triangulaban los recursos a otras compañías. Este sistema fue desnudado y explicado en una revelación periodística premiada internacionalmente.
En esta trama corrupta estuvieron involucradas once dependencias públicas, entre ellas Petróleos Mexicanos, cuyo exdirector Emilio Lozoya se encuentra prófugo; el Banco Nacional de Obras y Desarrollo Social. En esta última, la Cruzada contra el hambre, una de las principales banderas del Gobierno del PRI para luchas contra la miseria, fue utilizada como fachada para desviar el dinero público con tareas y servicios que nunca fueron prestados. La Fiscalía basa su investigación en el testimonio de tres testigos colaboradores, antiguos empleados de Robles: José Antonio Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Media y Marco Salvador Ibarra Infante. Ellos aseguran que la exsecretaria fue alertada de las irregularidades mediante oficios y comunicaciones que fueron pasados por alto.
La comparecencia de Robles ante un juez del Reclusorio Sur generó gran expectativa. Muchos pensaron que la exfuncionaria pondría pies en polvorosa ante el llamado de la justicia, como suelen hacer los políticos mexicanos que deben enfrentar la ley. Es el caso de Lozoya, quien es requerido por la justicia por un millonario fraude cometido cuando encabezaba la petrolera mexicana. El exdirector de Pemex ha prometido aparecer en vídeo el próximo lunes. Pero Robles llegó y, tras oír las acusaciones del ministerio público, se defendió en las redes sociales. «Estoy aquí compareciendo ante el juez, dando la cara como siempre o he hecho. Enterándome de las acusaciones de que soy objeto, para preparar mi defensa», escribió en Twitter.
La Fiscalía está obligada a robustecer la acusación y así convencer a un juez que otorgue una orden de aprehensión. Será difícil ver pronto a Robles detrás de las rejas. La exfuncionaria ha tramitado varios amparos que frenan, de momento, su captura. El delito permite a la política pagar una fianza para encarar el proceso en libertad. El ministerio público no descarta pedir la prisión preventiva para reducir el riesgo de fuga. La solidez de este caso iniciará el pago de una de las deudas de Morena con sus votantes: castigar la corrupción cometida durante el sexenio anterior.
El País
