Juicio a banquero por lavado de dinero venezolano

La Corte del Distrito Sur de Nueva York fijó para el 2 de marzo de 2020 el juicio con jurado en contra del banquero iraní Ali Sadr Hashemi Nejad, acusado por el gobierno estadounidense de lavado de dinero, fraude bancario y de haber ejecutado un plan financiero que violó las sanciones impuestas por Estados Unidos a la República Islámica de Irán.

Luego de la audiencia celebrada  en la cual el acusado renunció consciente y voluntariamente a su derecho a una representación libre de conflictos, la jueza Alison J. Nathan autorizó el inicio del juicio, que inicialmente estaba pautado para enero. Una de las razones por las cuales se produjo el cambio fue porque los abogados de Ali Sadr Hashemi Najed tendrán otros juicios en la Corte del Distrito Este de Nueva York para las mismas fechas. El fiscal federal Michael K. Krouse no objetó la prórroga del proceso sino que, por el contrario, admitió que los meses extras le darán más tiempo a las partes para prepararse mejor para el proceso.

Uno de los abogados del acusado es Brian M. Heberlig, defensor de la empresa china Huawei que tiene un caso abierto en Nueva York cuyo juicio podría ser en enero de 2020. El otro representante legal es Reid Weingarten, fue el defensor del fallecido Jeffrey Epstein cuyo proceso judicial concluyó tras su muerte.

El juicio de Ali Sadr Hashemi Nejad se retrasó porque el caso fue reasignado a la juez Nathan, debido a que el juez inicial, Andrew Carter, se recusó a sí mismo con el argumento de que tenía conexiones personales con JP Morgan Chase, uno de los bancos víctimas de la trama de lavado acusada. Uno de los defensores del banquero iraní, del bufete de Steptoe, también es defensor del JP Morgan Chase, lo cual debió haber sido un factor para su descalificación pero durante la audiencia de este lunes, Sard Hashemi Nejad decidió seguir adelante con su actual representación.

El acusado

Ali Sadr Hashemi Nejad, de 39 años, nació en Irán. Fue arrestado el 19 de marzo de 2018 en el aeropuerto de Dulles en Washington, DC. Según los documentos presentados ante el tribunal, él y su madre se dirigían a Londres para celebrar el año nuevo persa con su familia. Sadr, quien es ciudadano de Irán y de la isla caribeña de Saint Kitts, fue acusado de seis cargos de fraude bancario e intrigas para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

Específicamente, se alegó que Sadr había conspirado en un complot para canalizar $ 115 millones a través del sistema financiero estadounidense bajo un contrato de construcción de 7 mil casas para pobres en Venezuela. Sadr Hashemi Nejad se declaró no culpable.

El caso de Sadr Hashemi Nejad es manejado por la unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina conocida por procesar casos de terrorismo de alto perfil.

El acusado se graduó de ingeniero civil en la Ivy League, Universidad de Cornell. Tras ser arrestado, el gobierno estadounidense le confiscó propiedades en Maryland, Washington, DC, y la ciudad costera de élite de Malibú, en California, incluyendo unas granjas de pistachos en ese estado.

El acusado se mudó a Estados Unidos en el año 2000 cuando tenía 23 años para reunirse con su madre y hermana; y pidió asilo político en 2003, de acuerdo con los documentos de la corte. En la solicitud de refugio, el acusado aseguró que su vida corría peligro si regresaba a Irán porque su familia tenía problemas con el régimen iraní de Mohammad Khatami. No obstante, existen registros que señalan que el presidente iraní de la época dijo que el padre de Sadr era uno de los exportadores ejemplares de Irán.

Sadr Hashemi Nejad tiene el estatus de residente permanente de los Estados Unidos y ha dicho que no tiene conexión con los negocios de su padre en Irán.

Sadr se hizo residente legal de Estados Unidos en 2004 con base en su asilo, pero en 2010 el asilo fue revocado por el gobierno federal alegando que su proceso había sido fraudulento. El acusado logró obtener otra carta de residencia en 2012. Los documentos señalan que viajó varias veces a Irán entre 2010 y 2015 y que dichas movilizaciones se habrían hecho de bajo perfil para evitar una supuesta persecución en su contra.

Los fiscales señalan que Sadr registró múltiples compañías en Malta, Suiza, Hong Kong, Chipre, el Reino Unido y los Estados Unidos; y que en ninguno de los registros corporativos el acusado reveló su trasfondo iraní, a pesar de que mantiene un vínculo con los sectores de la banca y la construcción en Irán a través de su padre, Mohammad Sadr Hashemi Nejad, fundador del primer banco privado de la República Islámica de Irán, Eghtesad Novin Bank, en 2001. Actualmente, Mohammad Sadr Hashemi Nejad es presidente de Stratus Holding Group, uno de los mayores conglomerados de la construcción de viviendas y carreteras de Irán, con más de 60 filiales y más de 10 mil empleados.

Stratus Holding tiene una subsidiaria en que estuvo a cargo de un proyecto de vivienda del gobierno de Hugo Chávez que, según los fiscales estadounidenses, se utilizó para canalizar $ 115 millones a Irán.

Los fiscales neoyorquinos dicen que el acusado ocultó sus conexiones con Irán adquiriendo otras ciudadanías, y no reveló la información sobre su familia en Irán para evitar poner en riesgo sus negocios debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al régimen iraní.

Los fiscales del caso presentaron a la corte una tarjeta de presentación del acusado donde éste aparece como vicepresidente de una subsidiaria de Stratus, Samane Stratus Investment Company, a partir de 2011.

Sadr posee varias empresas, entre las cuales destaca Pilatus Capital Ltd registrada en Saint Kitts y Nevis, donde adquirió la ciudadanía por inversión y la cual ha usado para abrir sus corporaciones. También es dueño del hoy desprestigiado Banco Pilatus, creado bajo las leyes de Malta en diciembre de 2013.

Sanciones a Irán

Desde 1979, el presidente de los Estados Unidos, de conformidad con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional («IEEPA»), ha encontrado repetidamente que las acciones y políticas del gobierno de Irán constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y economía norteamericana; por lo que declaró una emergencia nacional para hacer frente a la amenaza.

De acuerdo con estas declaraciones presidenciales, Estados Unidos ha instituido una serie de sanciones económicas contra Irán y entidades iraníes. Las medidas contra el régimen de Irán prohíben, entre otras cosas, las transacciones financieras que involucren a Estados Unidos o personas en el país destinadas al beneficio del gobierno de Irán o individuos o entidades iraníes, establece un comunicado de la fiscalía estadounidense.

En agosto de 2004, los gobiernos de Irán y Venezuela celebraron un acuerdo mediante el cual acordaron cooperar en ciertas áreas de interés común. En 2005, ambos gobiernos complementaron el Acuerdo al celebrar un Memorando de Entendimiento sobre un proyecto de infraestructura en Venezuela, que consistía en la construcción de 7 mil unidades de vivienda en el país caribeño.

El proyecto fue liderado por Stratus Group, un conglomerado iraní controlado por Sadr y su familia con operaciones comerciales internacionales en las industrias de la construcción, la banca y el petróleo.

En diciembre de 2006, Stratus Group incorporó una compañía en Teherán, que entonces se conocía como la Corporación Internacional de Vivienda de Irán (IIHC). IIHC fue responsable de la construcción del Proyecto. Posteriormente, también celebró un contrato con una subsidiaria de una compañía energética estatal venezolana, que solicitó al IIHC construir aproximadamente 7 mil unidades de vivienda en Venezuela a cambio de aproximadamente $ 475,734,000.

Stratus Group creó el Comité Ejecutivo del Proyecto Venezuela para supervisar la ejecución del plan. El acusado era miembro del comité y era responsable de administrar la ejecución del contrato.

El Tiempo Latino

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