La magistrada suprema dirimente Susana Castañeda Otsu emitirá hoy su decisión sobre el recurso de casación que interpuso la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, para anular la prisión preventiva que se le impuso en el marco del Caso Odebrecht.
Fujimori Higuchi permanece recluida en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, desde el 31 de octubre del 2018, fecha en la que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la medida por un espacio de 36 meses, al considerar que la excandidata presidencial podría obstruir la investigación por el presunto delito de lavado de activos que se le sigue.
La imputación construida por la fiscalía se sustenta en la presunta recepción de dinero ilícito de parte de la empresa Odebrecht para su campaña electoral del 2011 e ingresos de dinero a través de “cócteles” y otras actividades proselitistas para su campaña presidencial del 2016.
El pronunciamiento de la juez Castañeda Otsu, en este caso, estará orientado a determinar si se cumplió o no con las exigencias de motivación para imponer la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses.
El voto de jueza suprema se requirió debido a que los cinco magistrados que integran la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema no se pusieron de acuerdo, votando dos posiciones en discordia.
Ninguna de las dos decisiones alcanzó los cuatro votos necesarios que estipula la ley para emitir una sentencia firme.
-Anular prisión preventiva no es opción-
Según lo adelantó la magistrada, durante la audiencia que evaluó los alegatos de la defensa de Fujimori Higuchi, su decisión no pasará por decidir su anula o no la prisión preventiva de la excongresista. Explicó que ello no podría darse puesto que ya cinco magistrados de la Sala Suprema Penal Permanente han definido que ello no procede en este caso.
“No voy a poder, como magistrada dirimente, pronunciarme sobre los presupuestos de la prisión preventiva porque cinco votos han dicho que es conforme. Lo que vamos a ver es el plazo”, dijo.
Jueza Suprema Provisional Susana Castañeda Otsu, fue convocada como dirimente para resolver el recurso de casación que interpuso Keiko Fujimori.
Giulliana Loza, defensa de Fujimori Higuchi, fue enfática al sostener que su recurso de casación no ha sido planteado para que se les otorgue una reducción del plazo de la prisión preventiva; sino la “revocatoria por libertad”.
Sostuvo que los argumentos de la medida restrictiva, dictada por una presunta obstrucción a la investigación de parte de su patrocinada, no se sustentó de manera adecuada por el juez de primera instancia y tampoco por la Sala Superior, que rechazaron otorgarle la libertad a Fujimori Higuchi.
Finalmente, la magistrada aclaró que ella fue convocada como jueza dirimente del caso, puesto que tres de los magistrados supremos negaron anular la prisión preventiva, pero acordaron reducir el plazo de 36 a 18 meses.
Fueron los magistrados supremos Hugo Príncipe, Zavina Chávez y Jorge Castañeda quienes consideraron que un posible entorpecimiento a la actividad probatoria era de menor intensidad que el peligro de fuga. Y que, además, con el transcurrir del tiempo los elementos que habían concluido que Fujimori Higuchi podría entorpecer las investigaciones habían perdido fuerza, por lo que ello debía haberse valorado al momento de imponer la medida de prisión preventiva, pero no se hizo.
Mientras que los otros dos jueces supremos Iván Sequeiros e Iris Pacheco, que completan el tribunal, han votado porque la excandidata presidencial permanezca en carcelería hasta cumplir los 36 meses.
Ello, debido a que el peligro de obstrucción a la justicia tiene el mismo grado de intensidad que el peligro de fuga y; por tanto, debe prevenirse cualquier acción que vaya en contra de la investigación.Keiko Fujimori fue exprimera dama del Perú (1994-2000) cuando su padre, el expresidente Alberto Fujimori ejercía la presidencia de la República, se desempeñó como congresista (2006-2011) y fue ex candidata presidencial (campañas electorales 2011 y 2016).
Junto a Fujimori Higuchi, también cuestionaron su prisión preventiva y solicitaron su libertad: el exdirigente de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama; el exasesor Pier Figari; y el asesor legal de dicha agrupación, Luis Mejía Lecca.
Humberto Abanto, defensa de legal del exministro fujimorista, Jaime Yoshiyama, sostuvo que los cinco magistrados que ya emitieron su voto sobre la casación han negado anular la prisión preventiva de su patrocinado, aplicando los razonamientos sobre una posible obstrucción a la investigación, pese a que la medida se dictó por un posible peligro de fuga.
En el caso de Luis Mejía Lecca, tres de los magistrados han decidido que se anule la prisión preventiva en su contra y se dicte una medida menos gravosa para asegurar su presencia en esta investigación. Como sus otros tres co-investigados, también necesita de cuatro votos para que pueda proceder su libertad.
—En busca de los cuatro votos para la sentencia firme—
En su decisión, la jueza suprema provisional podría plegarse a la posición de los tres primeros jueces que optaron por rebajar la prisión preventiva a 18 meses.
Si la jueza se decanta por esta postura, la Sala emitiría ya una resolución firme pues alcanzaría los cuatro votos que se requieren.
Sin embargo, si la jueza Castañeda decidiera apoyar la posición de Sequeiros y Pacheco para que la lideresa de Fuerza Popular continúe cumpliendo los 36 meses de prisión preventiva, sumarían tres votos y tampoco habría decisión firme.
Por ello, sería necesario que un nuevo juez sea convocado. Esto, tal como se explicó líneas arriba, debido a que el recurso de casación necesita cuatro votos para alcanzar resolución.
—El recurso constitucional—
Un resultado positivo en sede judicial, a estas alturas, es casi imposible para Keiko Fujimori. Sin embargo, aún tendrá al Tribunal Constitucional (TC) como última ratio en sede interna para tratar de anular su prisión preventiva.
Su hermana Sachie Fujimori ya se adelantó. El 4 de julio último interpuso un recurso de hábeas corpus buscando que el TC emita para la lideresa política una decisión similar que en el caso de los Humala-Heredia: la libertad.
Los argumentos planteados son similares a los que debatirá mañana la Corte Suprema: violación al derecho de presunción de inocencia, falta de fundamentación para vincular a Keiko Fujimori con el delito de lavado de activos, falta de sustento para argumentar obstrucción a la justicia, la falta de fundamento para indicar que conocía sobre la existencia de falsos aportantes, entre otros temas.
El caso será visto por los siete miembros del pleno del TC y quien asumirá la ponencia de una futura resolución será el magistrado Ernesto Blume. Aún falta determinar si este recurso es admitido o no a trámite.
ALD/Elcomercio
