En 1998 la deuda externa venezolana era de $49.473 millones, dos décadas más tarde la cifra es de $154.898 millones, un aumento de 213 %, según el Banco Mundial.
En 2016 la nación redujo la deuda en 5 %, al llevarla en un año de $160.909 millones a $152.523 millones. En 2017 Venezuela continuó la tendencia a achicarla, ese año cerró en $148.878 millones, sin embargo, en 2018 volvió a subir (4 %).
Caracas. En las últimas dos décadas el chavismo ha gobernado Venezuela. Primero con el mandato del fallecido Hugo Chávez y después con Nicolás Maduro, quien lleva en el poder cinco años (constitucional) y comenzó un segundo mandato en enero de 2019. Del 98 al 2018 la deuda pública venezolana aumentó más de 200 %, según datos del Banco Mundial y la Asamblea Nacional.
A la fecha la nación acumula expropiaciones, impagos e hipotecas, como el caso de Citgo que fue puesta en garantía para el pago del bono Pdvsa 2020, que vence el 27 de octubre. La curva de la deuda venezolana es empinada y en el camino arrastra a acreedores diversos que hacen todavía más compleja una renegociación.
Un informe del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, publicado en junio de 2019, divide la deuda venezolana de la siguiente manera: deuda documentada en bonos emitidos por Venezuela y Pdvsa $68.000 millones; préstamos comerciales $22.800 millones; préstamos multilaterales (BID y CAF) $5500 millones.
De acuerdo con el documento, para esa fecha Venezuela no mantenía deudas con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Banco Mundial. La deuda bilateral se ubicaba en $10.500 millones (China, Rusia, Brasil), mientras que los casos de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) estaban en $12.300 millones; la deuda con proveedores en $21.000 millones. Restantes $17.600 millones en intereses atrasados, cuentas por pagar y otros pasivos de Empresas del Estado.
En 1998 la deuda externa venezolana era de $49.473 millones, dos décadas más tarde la cifra es de $154.898 millones, un aumento de 213 %, según el Banco Mundial. En 2016 la nación redujo la deuda en 5 %, al llevarla en un año de $160.909 millones a $152.523 millones. En 2017 Venezuela continuó la tendencia a achicarla, ese año cerró en $148.878 millones. Sin embargo, en 2018 volvió a subir (4 %).
“Al cierre de 2018 el total de la deuda externa se estimó en aproximadamente $157.000 millones, cifra que no ha cambiado mucho al día de hoy, puesto que con excepción de las deudas que se van amortizando con envío de petróleo y el pago de intereses del bono Pdvsa 2020, no se ha realizado otro pago”, revela el documento del observatorio. Las cifras del Banco Mundial, el informe citado y de la Subcomisión de Crédito y Deuda Pública de la Asamblea Nacional (AN) correspondientes a la deuda son dispares.
El monto de la deuda externa es monumental con respecto al producto interno bruto (PIB) del país. Para el cierre de 2019 se estima que la relación deuda externa al PIB será de 220 %. “La economía está en una situación crítica, la estimación del FMI es que el PIB en 2019 continúe contrayéndose, lo que implicaría una caída acumulada entre 2013-2019 de 60 %”, añade el informe.
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que es la generadora de aproximadamente 95 % de las divisas que entran a la nación, produce a niveles mínimos históricos: de acuerdo con fuentes secundarias de la Opep, la nación produjo 644.000 barriles de petróleo diarios en septiembre.
El 30 de septiembre el mandatario Nicolás Maduro retomó el tema de la renegociación que mantiene desde 2017. “Venezuela ha declarado una renegociación global de todos sus compromisos externos y en esa renegociación hemos incluido todas las deudas.
La Vicepresidencia Ejecutiva y el vicepresidente de Economía están en esa mesa de renegociación con todos los tenedores de bonos de Venezuela. Ha marchado bastante bien, he dado la orden para que eso se reanime. Las dificultades que ha habido se las hemos explicados a los bonistas, se llama Donald Trump y sus sanciones y sus impedimentos en que Venezuela pueda hacer transacciones en ningún banco del mundo”, dijo en cadena de radio y televisión.
No obstante, Maduro quedó fuera del juego para negociar desde el 23 de enero de este año, cuando EE. UU. reconoció a Juan Guaidó, presidente de la AN, como encargado interino de la nación. En febrero la oposición tomó el control de Citgo, filial de Pdvsa en EE. UU., uno de los activos más valiosos para Venezuela.
Maduro insistió en que “las fórmulas” que aplican para pagar “están funcionando muy bien con China y Con Rusia”. “Tú preguntas y te dicen que funciona muy bien. Estamos listos para pagar, pero a cambio de que se nos abran las compuertas para el financiamiento. Convoquen a una nueva ronda de renegociación de la deuda, yo quiero reunirme con ellos aquí o en cualquier lugar del mundo”, añadió.
A pesar de las declaraciones del mandatario, el bono Pdvsa 2020 es el único que no ha entrado en default. El 27 de octubre Venezuela debe cancelar $913 millones a los acreedores, 50,1 % de las acciones de Citgo fueron puestas en garantía por la administración de Maduro para el pago de ese bono, 49,9 % de las acciones restantes se otorgaron en garantía a la petrolera Rusa Rosneft por un préstamo otorgado.
El Pdvsa 2020 no es la única amenaza para Citgo, tampoco Rosneft. El 29 de septiembre un tribunal de apelaciones de Estados Unidos levantó una medida de un juzgado inferior que había suspendido temporalmente la venta de acciones de Citgo a solicitud de Pdvsa. La decisión le permite a la canadiense Crystallex avanzar en la toma de los activos de la refinadora, tras una expropiación ocurrida en 2008 durante el mandato de Hugo Chávez. Otros casos como el de Crystallex reposan en el Ciadi, algunos han avanzado en el cobro de las deudas, otros esperan por sentencias para recuperar lo que la nación les debe.
Un documento elaborado por la comisión asesora de Juan Guaidó integrada por el procurador de la República, José Ignacio Hernández, los economistas Ricardo Hausmann y Alejandro Grisanti, además del experto financiero Lee Buchheit, reza que:
“La renegociación de la deuda pública externa no podrá comenzar hasta tanto no cese la usurpación del régimen de Nicolás Maduro y las sanciones impuestas en contra de ese régimen por los Estados Unidos y otros estados se hayan levantado”.
La administración de Guaidó busca negociar con los bonistas y obtener una licencia especial del gobierno de EE. UU. para proteger a Citgo y al resto de los activos que Venezuela posee en ese país. Sin embargo, en mayo la comisión de Guaidó pagó unos $71 millones en intereses del bono 2020, para el pago del 27 de octubre se desconoce con cuántos fondos cuentan para cancelar los $913 millones.
El economista Alejandro Grisanti ha dicho en entrevistas que “el Gobierno Interino va a pagar las deudas”, pero que llevan a cabo procesos de reestructuración”. Además, añade que existen casi 37 juicios entre la República y Pdvsa. “Hemos solicitado en los juicios que se detenga la causa, hasta que podamos representar a la República. Se están haciendo lineamientos de cómo buscar saldar estas deudas generadas por el régimen”, dijo.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sitúa a Venezuela a la cabeza de la lista de países con la mayor relación deuda/exportacionesdel mundo, junto con Sudán, Etiopía y Jamaica, de acuerdo con un informe de la Subcomisión de Deuda y Crédito Público de la AN. Desde hace tres años no se conoce el presupuesto de la nación, ni la Ley de Endeudamiento.
Antes del 30 de octubre el mandatario Nicolás Maduro debe presentar ante la Asamblea Nacional el presupuesto del año próximo (2020). Sin embargo, Maduro no se presenta ante el Parlamento y, por el contrario, lo hace en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) creada por él en agosto de 2017. La ANC no es reconocida por la comunidad internacional al considerar que fue un sistema creado por Maduro para no reconocer a la AN, de mayoría opositora.
¿Qué opciones tiene Citgo?
Desde marzo Juan Guaidó ha solicitado una orden ejecutiva a EE. UU. para proteger a Citgo, pero, hasta la fecha no ha sido otorgada. Una de las alternativas que sugiere el economista Francisco Rodríguez es solicitar una orden de protección ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
«El precedente que hay de una orden de protección de activos es la que adoptó el Consejo de Seguridad de la ONU con Irak [2003]. Los países donde están esos activos lo implementan a través de una orden ejecutiva, esto podría ser muy rápido. La de Irak una vez aprobada, ese mismo día, EE. UU. dictó la orden de protección de los activos» (sic), explica Rodríguez en entrevista a Crónica.Uno.
Los países miembros deben hacer la solicitud ante la ONU. En el caso de la AN esta podría apelar al Grupo de Lima para que haga la petición al Consejo General en la próxima asamblea general que tendrá el organismo multilateral. A juicio del experto, que Venezuela tenga actualmente dos gobiernos: uno dentro del territorio liderado por Nicolás Maduro y otro de Juan Guaidó reconocido presidente interino por más de 50 países, ocasiona una «parálisis» a este tipo de negociaciones. En ese sentido, agrega que mientras ambos actores no lleguen a un acuerdo, la renegociación con los acreedores será difícil de llevar a cabo.
EE. UU. no se ha pronunciado con relación a la petición de la orden ejecutiva que solicita la oposición. Rodríguez destaca que la única vez que se ha aprobado una resolución como la de la ONU es con el caso de Irak, algo que la convierte en una medida inusual. Además, sostiene que «en una economía de mercados financieros que funcionan bien como en EE. UU.», los deudores tienen derecho de ir hacia esos activos, por lo que una decisión de la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC) para proteger los activos venezolanos dejaría de lado a los acreedores, que también hacen peticiones legítimas.
«Si se toma una decisión de este tipo [orden ejecutiva de EE. UU.], se influye en los derechos de los deudores, por esa razón, la OFAC se opone y ante eso la respuesta es que no hay una razón de necesidad global de proteger los activos de un país [Venezuela]», dice Rodríguez.
Existe una licencia general que permite a los acreedores del bono Pdvsa 2020 embargar los activos.
La OFAC ha aclarado a los bonistas que la licencia general sigue vigente. A pesar de que la orden ejecutiva del 5 de agosto generó incertidumbre en los deudores, debido a que congela los bienes e intereses de Venezuela en territorio estadounidense, el Departamento del Tesoro aclaró que en este caso los acreedores sí pueden ir contra Citgo.
En caso de que Venezuela no pague los $913 millones el 27 de octubre, Rodríguez explica que el proceso para que los acreedores tomen los activos «es muy rápido». «Son procesos muy expeditos, porque son parte de las garantías legales.
Hay una entidad llamada agente del colateral, que es un ente privado y parte del contrato de la deuda. Ese activo está bajo el control del agente, si solo 25 % de los acreedores envía una carta para decir ‘aquí no cumplieron’, el agente colateral verifica que el pago no llegó y procede a la venta del activo. No lleva más de unas cuantas semanas», dice.
Una de las complicaciones para vender el activo sería que Pdvsa introdujera algún recurso legal para tratar de parar la venta, por ejemplo, argumentar que la deuda fue contraída de manera ilegítima. Mientras un juez analiza la solicitud, ese tipo de recursos generaría cierta dilatación y el proceso puede llevar meses o años, explica Rodríguez. Sin embargo, advierte que lo más probable es que la corte decida que de acuerdo con las leyes estadounidense la deuda fue legalmente emitida, lo que lleva a que la venta no se suspenda y habría una ejecución rápida del activo.
La deuda del bono 2020 que emitió Pdvsa debe cancelarse con los fondos que poseen las cuentas de la estatal en EE. UU., actualmente manejadas por Juan Guaidó. El único con la capacidad legal para manejar esas cuentas es el gobierno interino que reconoce la comunidad internacional. En mayo esta administración pagó $71 millones de deudas de este bono. Sin embargo, para el pago de octubre no se conoce si las cuentas de Pvdsa tienen fondos. La AN, ni Juan Guaidó han mencionado sobre la disponibilidad de recursos que tienen para fin de mes. En septiembre el Parlamento aprobó dos millones de dólares para la cancelación de honorarios profesionales que llevan a cabo la defensa de los activos en EE. UU.
El recurso del alter ego que afecta a los activos de Venezuela
Ya ConocoPhillips introdujo el recurso del alter ego que contemplan las leyes estadounidenses, lo que le hizo ganar una demanda contra Venezuela. A juicio de Rodríguez esto es algo que se debe evitar para no poner en riesgo los activos de la nación, en ese sentido, advierte que la AN no se asigne la facultad de pagar deudas de Pdvsa. «Son deudas de Pdvsa y cada vez que la AN lo hace, da pie al argumento de alter ego. Un acreedor tiene razones para argumentar que no hay independencia entre una y otra (Pdvsa y AN)», dice.
Para el economista, es innecesario que la AN tome decisiones que le competen a Pdvsa. Uno de los acuerdos que ve «más problemáticos» es que se designe al procurador especial para defender estos activos, debido a que es el abogado de la República y no de Pdvsa. «Una corte americana lo verá como si la República utiliza a su mismo abogado y no que la empresa se defiende con autonomía, eso configura el tipo de control excesivo que es lo que las cortes utilizan».
El tiempo corre y los acreedores exigen el pago de deudas que fueron engrosadas más de 200 % en los últimos 20 años. La caja de Pdvsa enfrenta una de sus peores etapas debido a que la producción de crudo se encuentra en mínimos históricos en uno de los países fundadores de la Opep y otrora mayor productor petrolero de la región.
Este año se estima que la economía venezolana se contraiga 36 %, de acuerdo con la firma de análisis financiero Ecoanalítica, también es una proyección que calcula el Fondo Monetario Internacional.
ALD/Cronicauno
