El presidente de la Cámara Nacional de Contrataciones Públicas, José Manuel Sevillano, dijo que las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas son “justas y necesarias” para modernizar los procesos de compra panameñas.
Apuntó que se deben conciliar la transparencia con la eficiencia, ya que los cambios por sí solos no garantizarían un combate directo contra estos vicios ilegales.
Explicó que la iniciativa es oportuna para fortalecer la lucha contra este flagelo, pero uno de los temas a incluir es no permitir que personas jurídicas y naturales, que hayan reconocido actos de corrupción en el pasado, continúen contratando con el Estado.
En relación al proyecto de reformas a la Ley 22 del 2006 indicó que considera excelente que el Ejecutivo haya agendado con prioridad este proyecto.
Con la ley vigente, el incumplimiento de los contratistas puede dar lugar a que se les sancione con inhabilitación.
Apuntó que si una empresa acepta que incurrió en actos de corrupción, la consecuencia dentro de la esfera administrativa es que no debe poder seguir licitando con el Estado. Si se inhabilita a una empresa por cinco años, es probable que en el futuro no pueda licitar.
El diputado afirmó que es oportuno el momento para fortalecer legalmente la lucha contra la corrupción en las compras públicas.
En referencia a La ley dijo que debe conciliar la transparencia con la eficiencia. “Debemos recordar que la economía de este país depende en gran medida de la ejecución de las contrataciones públicas. Si la obra pública se retrasa porque no somos eficientes en los procesos, los contratistas no cobran a tiempo y a su vez estos no pueden pagarle a sus proveedores, que no pueden cumplir con sus trabajadores y, por ende, los mismos no pueden realizar sus compras básicas y mucho menos invertir”.
La Estrella
