Cada día, más sectores de nuestra sociedad han comprendido que la epidemia de crimen que azota a Puerto Rico tiene profundas causas sociales y económicas, y exigen soluciones acordes con ello.
No obstante, ese hecho no puede servir de excusa a las autoridades tanto estatales como federales para minimizar la responsabilidad que siguen teniendo en la atención a aspectos fundamentales de este gravísimo problema.
En otras palabras, soluciones permanentes a los altos niveles de violencia de los que padecemos solo se encuentran atendiendo las condiciones económicas y sociales en las que se fermentan esos problemas.
Pero una vez se produce la conducta criminal, es un problema policiaco que las agencias de ley y orden, tanto estatales como federales, tienen el deber ineludible de atender de manera efectiva, no con los operativos públicos que hemos visto en los pasados días.
Por ejemplo, la fiebre de violencia que arropa al país se agrava de maneras insospechadas por la enorme disponibilidad de armas ilegales de alto poder en nuestras calles.
Dado el hecho irrefutable de que en Puerto Rico no se fabrican armas, y que es muy difícil obtenerlas en el mercado legal local, es forzosa la conclusión de que los mortales artefactos son traídos desde afuera, mediante contrabando.
Las agencias federales que vigilan nuestras costas, puertos y aeropuertos, y han permitido la entrada de tantas armas, tienen el deber, legal y moral, de protegernos mejor de este gran peligro.
Pasa igual con la abundancia en nuestras calles de todo tipo de droga ilegal. Salvo algunas siembras pequeñas de marihuana y cantidades de fármacos controlados que son vendidos en el mercado ilegal por personas con acceso a estos, en la isla no se producen estupefacientes.
Todo el resto de la droga en las calles, y que es la principal causa de la guerra urbana que tiñe de sangre nuestra vida colectiva, viene de afuera. De paso, por años hemos sabido que Puerto Rico es un puente importantísimo de trasiego de drogas desde Suramérica, principal productor de estupefaciente, hacia Estados Unidos, gran consumidor de drogas ilegales.
La información que por mucho tiempo han manejado las autoridades federales es que el 80% de la droga que entra a Puerto Rico sigue en ruta a Estados Unidos.
Las poderosas organizaciones internacionales que participan de ese tráfico a gran escala utilizan pandillas locales, a las que pagan con la droga que se queda en nuestras calles y cuya distribución es la causa de cerca del 80% de los asesinatos que se producen aquí.
Esa plaga de violencia y muerte, que tanto dolor causa, que tantas vidas nos ha costado, puede al menos minimizarse por los responsables de proteger nuestras costas, que son también agencias federales.
Por años, las autoridades de ley y orden han sabido de este problema sin que se manifiesten acciones contundentes que rompan las redes que destruyen a muchos jóvenes en Puerto Rico y Estados Unidos.
Por mucho tiempo, funcionarios del gobierno local han reclamado que se asignen más recursos para proteger nuestras costas. Washington no ha respondido con la presteza que el problema amerita.
Por otro lado, y esto también lo sabemos desde hace tiempo, las agencias estatales de ley y orden tampoco han actuado con suficiente asertividad enfrentando las actividades criminales.
Desde las investigaciones deficientes hasta el bajo esclarecimiento de crímenes, pasando por la crisis en el Negociado de Ciencias Forenses e incluyendo la incapacidad del Departamento de Hacienda para detectar los esquemas de lavado de dinero del narcotráfico y otras actividades ilegales, el gobierno de Puerto Rico tampoco ha estado a la altura requerida en este momento crítico.
Nuestro pueblo ha sufrido demasiado por este flagelo. Es hora de diseñar y poner en vigor la estrategia correcta contra el crimen organizado.
ALD/Elnuevodia
