Acusaciones contra autoconvocados fueron creadas por devotos funcionarios orteguistas, que se reunían a trabajar en hoteles con los gastos pagados .
El Ministerio Público destinó a los funcionarios más fieles al régimen orteguista para fabricar los casos y acusaciones contra los presos políticos de la dictadura, mientras los fiscales “títeres” firmaban las querellas que ni siquiera les permitían leer, revelaron fuentes dentro y fuera de la Fiscalía, que confirman la creación de una unidad específica para la criminalización de los ciudadanos que se involucraron en la Rebelión de Abril.
La cocina de los casos contra los ciudadanos autoconvocados se montó en las dependencias de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UECDO), localizada muy cerca del despacho de la fiscal general Ana Julia Guido, quien desde 2014 ha “orteguizado” abiertamente al Ministerio Público.
Guido junto a Douglas Roberto Vargas, inspector general de la Fiscalía, y Javier Antonio Morazán Chavarría, fiscal jefe de la Unidad Especializada contra los Delitos de Delincuencia Organizada, conformaron, tras el estallido cívico y social de 2018, un grupo operativo de fiscales devotos al orteguismo, a quienes les encomendaron las investigaciones contra los manifestantes.
Este grupo estaba conformado, inicialmente, por fiscales de la UECDO: Giscard Moraga, Félix Hernández, Inés Miranda, Félix Cárcamo y Geisel Reyes Sánchez. Todos han sido reclutados por Morazán Chavarría, quien ha bajado el perfil desde el año pasado. “Antes daba entrevistas y era común verlo en los medios oficialistas. Ahora no dice nada”, afirmó un fiscal.
Posteriormente, fueron reclutados para integrar este grupo, fiscales de otras áreas: Fabiola Mendoza Bustos, fiscal asignada a casos especiales de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía del régimen; José Domingo Rojas Taleno, asesor legal del Ministerio Público; Julio Bolaños, fiscal de la Unidad contra la Violencia de Género; Rolando Zapata Morales, fiscal jefe del Centro de Atención Fiscal del distrito siete de Managua; Alicia Carolina Solís, fiscal jefe del Centro de Atención Fiscal del distrito uno de Managua; Lenín Castellón, fiscal jefe de la Unidad de Apelación y Casación; Marisela Rodríguez, fiscal auxiliar de la Unidad de Atención a Casos de Incumplimiento de Deberes Alimentarios.
En hoteles con gastos pagados
“Los fiscales reclutados fueron enviados a trabajar en secreto a un par de hoteles en Managua, con todos los gastos pagados (alojamiento, transporte y alimentación). Ahí se reunieron con los investigadores de la DAJ para fabricar todos los expedientes”, explicó una de las fuentes.
Estos fiscales eran coordinados por Morazán Chavarría; Giselle Tamara Borge, fiscal encargada de la supervisión de turnos de Managua; Lilliam Beatriz Soza, fiscal jefe de Tribunales; Alejandro López Dávila; fiscal departamental de Managua, y Sandra Isabel Dinarte Cárcamo, fiscal jefe de la Unidad de Atención a Víctimas.
Bajo este modelo se suprimió las atribuciones y competencias de los fiscales jefes de los Centros de Atención Fiscal y fiscales departamentales para enviar todos los casos a la UECDO.
Javier Morazán, Giscard Moraga y Alejandro López asignaban los expedientes a los fiscales reclutados para elaborar la acusación e intercambio de pruebas. No existía una orden específica para la selección.
El grueso del trabajo de este grupo se dio entre julio y octubre de 2018, cuando el régimen detuvo ilegalmente y acusó a los líderes y miembros del movimiento de autoconvocados. A este período se le conoce como la “tercera etapa de la represión” orteguista, según organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Otros tenían que firmar
Los fiscales reclutados fueron los únicos encargados de armar todos los casos contra los autoconvocados. Sin embargo, las firmas en las acusaciones pertenecen a otros. López Dávila, principalmente, y Giselle Borge —hija del comisionado general Fernando Borge, segundo jefe de la Policía del régimen, en Managua— eran los encargados de seleccionar y llamar a los fiscales que debían rubricar el libelo acusatorio y el intercambio de pruebas.
Un fiscal, que trabajó en la oficina de López, mencionó que, desde el inicio de las protestas, el fiscal departamental de Managua pasó menos tiempo en su despacho, pero se le veía comúnmente en las dependencias de la unidad contra el crimen organizado.
“Alejandro te llamaba a su oficina, y una vez ahí, solo te decía: ‘firmá’. No te daba chance de leer el documento. Te obligaba a firmar. Todos ya sabían que cuando te llamaba era para firmar una acusación o un intercambio de pruebas”, dijo una exfiscal.
— Firmá acá.
— Déjeme leer.
— No te estoy diciendo que leas, es solo firmar y nada más.
Según fiscales y exfiscales, ese era el diálogo que ocurría cuando un funcionario le pedía a López leer lo que iba a firmar.
Responsabilidad penal
El abogado penalista Nelson Cortez explicó que el Ministerio Público opera bajo el principio de unicidad, que implica que como institución se ven como un único cuerpo y todos actúan en representación del fiscal general. “Desde esa perspectiva es indiferente quien firme la acusación”. Sin embargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece también el principio de objetividad, que obliga a cada fiscal a cumplir la Constitución y las leyes.
Cortez manifestó que el incumplimiento de este principio conlleva sanciones administrativas contra los fiscales, quienes también podrían responder de manera penal, en el caso de una acusación maliciosa y malintencionada, ya sea por “estar fuera de la objetividad legal o dirigida por orientaciones políticas, como es este caso”.
“De cierta manera lo que ellos (Fiscalía) están garantizando, al hacer que otros fiscales firmen, es no poder establecer una vinculación directa de ellos como personas, al momento de tratar de exigírseles una responsabilidad penal, al darse un cambio de sistema”, señaló el penalista.
Exfiscales y penalistas coincidieron en que el fiscal que firma la acusación es quien tiene la mayor responsabilidad dentro del proceso, por lo que ante futuras investigaciones independientes serían los primeros señalados en cometer algún delito.
“El fiscal se ha convertido en un mozo, que no le piden que piense, y su trabajo es precisamente pensar”, apostilló un exfuncionario del Ministerio Público.
Presos del miedo
Cualquier fiscal tiene la posibilidad de negarse a firmar, aunque muy pocos lo hacen. “Todos los fiscales están atemorizados, sino firmás estás en una lista negra, pueden haber represalias laborales o que te tachen de golpistas. Están presos del miedo”, comentó otro exfiscal.
Una fiscal en funciones comentó que dentro de los firmantes “hay de todo”. Muchos se prestan a firmar porque temen sufrir represalias al renunciar o ser despedidos. “Quienes se han ido han sido amenazados de que no se les pagará su liquidación porque son terroristas”.
“Hubo un momento en que la Fiscalía no te aceptaba la renuncia porque se había ido un montón de gente”, resaltó.
Desde el inicio de la crisis, en abril pasado, más de una veintena de fiscales renunciaron por estar en contra del endurecimiento de la línea orteguista, aunque aducen motivos personales, según el exfiscal. “Otros se mantienen en los puestos, pero tienen que aguantar demociones o estar bajo la vigilancia de los compañeros sandinistas”, añadió.
Desde que asumió Guido, en abril de 2014, casi un centenar de funcionarios de la Fiscalía han renunciado porque no quieren ser parte de la “persecución” contra opositores al régimen. Guido, comisionada general en retiro, es una de las asiduas participantes de las actividades populares del FSLN.
También existen, aunque una minoría, fiscales que lo hacen por convencimiento de que hacen lo correcto. “Ellos entraron en la primera convocatoria de fiscales en el año 2002 y eran pupilos del doctor (Julio) Centeno Gómez. Ahora son fiscales rojinegros con carnet de Juventud Sandinista”, subrayó la funcionaria del Ministerio Público.
Mano a mano con la Policía
La elaboración de las acusaciones se asignó a los fiscales basándose exclusivamente en el informe policial que remitió la DAJ a la Fiscalía. Todas las investigaciones eran aceptadas sin mayores trámites, aunque las orientaciones jurídicas para ahondar más debían ser autorizadas por Guido Ochoa, Douglas Vargas o Javier Morazán, según las fuentes.
Los fiscales podían orientar a los investigadores en la obtención de pruebas: solicitud y convalidación de allanamientos, ocupación de objetos y vehículos, registro de locales, solicitudes a instituciones públicas, citación de testigos, solicitudes de análisis periciales y forenses.
Según las fuentes, del grupo de fiscales reclutados, los que tienen una línea con la DAJ son: Javier Morazán y Giscard Moraga, por su labor en la UECDO. En segundo grado están: Alejandro López, Fabiola Mendoza, Félix Hernández y José Domingo Rojas.
“Los fiscales mantenían contacto permanente con los investigadores y peritos del laboratorio y forenses para la obtención de sus pruebas o revisión de los informes periciales, si les convenía utilizarlos”, indicó una de las fuentes, quien añadió: “Incluso podían descartar del expediente pruebas que favorecían al imputado, porque el expediente original de la Policía lo supervisaba el fiscal”.
Un exfiscal de la UECDO señaló que es válido que los fiscales orienten las investigaciones. “Lo ilegal es que se armen los casos, que el Ministerio Público no haya ejercido la acción penal en contra de quienes lesionaron a los manifestantes. Ellos (fiscales) lavan los crímenes de personas allegadas al Gobierno, como los paramilitares”.
Resaltó que muchas de las acusaciones “no tienen ni pies ni cabeza; son mamotretos mal elaborados”, lo cual no puede atribuirse a falta de conocimientos. “El beneficio de la ignorancia no se les puede dar a esos fiscales porque el Estado ha invertido mucho dinero en la formación de ellos”, acotó.
Se extendía a las audiencias
Una exfiscal auxiliar indicó que el desconocimiento de las acusaciones se extendía, en algunos casos, al proceso de audiencias judiciales, ya que el fiscal departamental de Managua, Alejandro López Dávila, solo ordenaba que debían asistir a una audiencia, sin conocer del caso; incluso, hubo casos que no les daban el expediente, solo la querella.
“Los casos se cocinaban en una oficina donde nadie tenía acceso, solo esas personas (fiscales elegidos)”, comentó la fuente. “Desconocías el contenido de la prueba, ya en la audiencia es que te das cuenta de la realidad”, agregó.
La falta de comunicación entre fiscales acusadores y fiscales de audiencia o juicio se limitaba a los casos de manifestantes con poca notoriedad mediática. En los casos de líderes universitarios o dirigentes campesinos, como Medardo Mairena, la Fiscalía enviaba a fiscales miembros del grupo élite.
“En los casos emblemáticos, ellos (fiscales reclutados) no firmaban las acusaciones, pero si iban a las audiencias y juicios”, subrayó una fiscal auxiliar.
Supervisión durante los juicios
Pese a enviar a sus mejores fiscales, el Ministerio Público supervisó constantemente la actuación de sus funcionarios en los juicios políticos. Dicho control y vigilancia estuvo a cargo de López Dávila y Lilliam Beatriz Soza, fiscal jefe de Tribunales.
“Alejandro orienta al fiscal de audiencia o de juicio todos los argumentos que debe contestar en su intervención ante los jueces. Lilliam supervisa la actuación de los fiscales y revisa sus teléfonos celulares”, relató una fuente de la Fiscalía.
Los fiscales no tienen poder de decisión sobre el proceso, obedecen todas las orientaciones de la cúpula, desde solicitar una medida cautelar, una ampliación de información, una corrección de errores materiales en las acusaciones e intercambios de prueba, hasta las penas a imponer y agravantes a imponer en la audiencia de debate de pena.
“Te orientan qué es lo que vas hacer. Son unos títeres porque no pueden opinar”, afirmó el exfiscal, que por casi una década perteneció a la unidad contra el crimen organizado.
ALD/Confidencial
