El FBI ha encontrado más correos electrónicos que la exsecretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton, envió de manera irregular desde servidores privados y por lo que está siendo investigada.
Antilavadodedinero / Bles
Los funcionarios públicos en Estados Unidos deben utilizar los servidores oficiales para el envío de información relacionada con sus funciones gubernamentales, de modo estos pueden ser ofrecidos a los ciudadanos interesados en ellos mediante la Ley por la Libertad de la Información, (FOIA por la sigla en inglés).
Sin embargo, la exsecretaria de Estado bajo Barack Obama utilizó servidores privados para comunicarse en el ejercicio de sus funciones, escapando así al control establecido por esta ley federal.
Una solicitud de acceso a estos correos iniciada en 2014 por Judicial Watch, una fundación conservadora que investiga las eventuales conductas indebidas por parte de funcionarios del gobierno, en base a la ley FOIA, destapó el escándalo del uso de un servidor privado de correo por parte de la entonces secretaria de Estado para enviar y recibir información, en algunos casos, clasificada.
Por ello un juez ordenó el 6 de diciembre de 2018 a los departamentos de Estado y de Justicia que trabajaran con la organización independiente Judicial Watch en un plan para determinar si Clinton utilizó el servidor deliberadamente para eludir los requisitos de FOIA de acuerdo con The Hill.
Judicial Watch, reveló el 15 de noviembre que el Departamento de Estado informó al tribunal que el FBI localizó correos electrónicos de Clinton que no habían sido publicados anteriormente.
“La Oficina Federal de Investigación (FBI) envió recientemente [al Departamento de Estado] documentos adicionales como parte del proceso de consulta interinstitucional en curso en relación con otros litigios de la FOIA. [El Departamento de Estado] está trabajando para determinar si ese conjunto de documentos incluye registros de la agencia receptivos y no duplicados que aún no se han procesado. [El Departamento de Estado] actualizará de inmediato a la [Vigilancia judicial] y al Tribunal una vez que se complete la revisión inicial”, reveló Judicial Watch.
El caso de los correos electrónicos de Hillary Clinton se inició en 2015 cuando la organización judicial solicitó a través de la FOIA todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Hillary Clinton y otros registros sobre su cuenta de correo electrónico no gubernamental.
Hace más de un año que, supuestamente, todos esos correos habían sido entregados, unas 55.000 páginas los entregó la propia Clinton al Departamento de Estado en diciembre de 2014.
Otras 72.000 páginas fueron descubiertas luego de que la demócrata tratara de eliminarlos y ocultarlos y de los que finalmente solo se recuperaron 5.000, entre los que se encontraba material clasificado.
Justo la semana pasada, Judicial Watch publicó correos electrónicos del FBI que mostraban el trato preferencial que se dio al abogado de Clinton por parte de la agencia federal.
“Es una noticia asombrosa que el FBI misteriosamente encontrara más correos electrónicos de Clinton. ¿Estaban en el portátil de Anthony Weiner [excongresista demócrata]? ¿En la casa de James Comey [exdirector del FBI]? ¿O en el celular de Peter Strzok [exagente del FBI]?”, preguntó el presidente de Judicial Watch, Tom Fitton.
“Este inquietante acontecimiento pone de manifiesto cómo se resolvió el escándalo del correo electrónico de Clinton y por qué el Fiscal General Barr debe reabrir una investigación criminal”, agregó Fitton.
El tribunal busca determinar ahora si Hillary Clinton utilizó un servidor privado para obstaculizar el control de FOIA, si el departamento de Estado actuó de mala fé en la investigación llevada a cabo entre 2014 y 2015 [mientras era Barack Obama presidente y Clinton secretaria de Estado] y si realmente buscó concienzudamente estos registros en respuesta a la solicitud de Judicial Watch.
Y es que este asunto es muy grave según el tribunal de Distrito de Estados Unidos dirigido por el juez Royce Lamberth, que calificó el uso del servido privado por parte de Hillary Clinton como “uno de los delitos modernos más graves para la transparencia del gobierno”.
