El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nacionalizó por medio de una ley los inventarios de combustible y otros rubros derivados del petróleo propiedad de la Empresa Distribuidora de Petróleo (DNP), luego que Estados Unidos sancionara a su hijo, Rafael Ortega Murillo, y a tres empresas vinculadas al sector.
La Estrella/ALD
Los inventarios de DNP pasarán a ser propiedad del Estado de Nicaragua y serán administrados y operados a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
La ley fue aprobada luego que vinculan a la empresa con un esquema de corrupción y lavado de dinero del gobierno sandinista.
La DNP, que dirigía Rafael Ortega, importa el 30% de los hidrocarburos y derivados del petróleo y parte de ellos los vende a través de 69 estaciones de servicio. Tras las sanciones, la empresa no podrá comprar a sus proveedores.
Tras el anuncio de sanciones estadounidenses, algunas estaciones de DNP estaban cerradas o tenían largas filas de compradores ante el temor de desabastecimiento, principalmente en ciudades del interior y la costa Caribe, donde son los únicos distribuidores.
La diputada liberal Azucena Castillo dijo que los sandinistas están nacionalizando empresas sancionadas «para seguir lavando dinero” y comparó el caso de DNP con el del Banco Corporativo (Bancorp), que cerró operaciones en abril después de ser involucrado por Washington en supuestas transacciones ilícitas con fondos de Venezuela.
