La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó nacionalizar la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), una empresa que había sido sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 12 de diciembre.
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La iniciativa denominada “Ley de aseguramiento soberano y aseguramiento de suministro de combustibles y productos derivados del combustible a la población nicaragüense” había sido enviada con carácter de urgencia por el presidente Daniel Ortega, y este sábado tuvo su desenlace en el parlamento.
La legislación “declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados de petróleo propiedad de la DNP”, los que pasan a ser administrados por instituciones o empresas que el Ministerio de Energía y Minas autorice. La ley aprobada este 14 de diciembre entró en vigencia luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Según el informe Estadísticas de los Hidrocarburos, publicado en junio de 2018 por el Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, las importaciones de derivados del petróleo de DNP representaban de enero a junio de 2018 el 35,65% del total de importaciones, la segunda en volumen después de la multinacional Puma Energy, que importó el 45,18% en ese período. DNP importó 2.272.837 barriles, mientras que Puma importó 2.880.734 barriles en ese semestre.
La Distribuidora Nicaragüense de Petróleo es la segunda entidad privada nacionalizada tras ser sancionada por el Departamento del Tesoro de EE.UU., después del Banco Corporativo, Bancorp, en febrero.
El 7 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó que el Estado de Nicaragua pagara 22 millones de dólares por el patrimonio de esa entidad financiera.
La ley de nacionalización de activos de DNP no dispone una indemnización como en el primer caso.
