El pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se pide expresamente la dimisión inmediata del primer ministro maltés, el socialdemócrata Joseph Muscat, al que se acusa, como poco, de no haber llevado a cabo una investigación creíble sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.
Antilavadodedinero / ABC
Muscat ya había prometido dimitir, pero lo ha aplazado hasta finales de enero, lo que ha suscitado aún más sospechas entre los eurodiputados.
Una reclamación como esta por parte del Parlamento Europeo, puede considerarse un gesto de una gran importancia. La resolución pactada por el grupo popular, el socialista, los liberales de Renew Europe, los verdes, los conservadores y la Izquierda Unitaria, dice que en las actuales circunstancias «todo riesgo de comprometer las investigaciones, ya sea real o percibido, debe excluirse por todos los medios. Este riesgo persistirá mientras el primer ministro permanezca en el cargo».
Aunque la Eurocámara no llega tan lejos como para pedir que se inicie el proceso sancionador con que cuenta la Unión Europea para actuar ante amenazas graves contra un país miembro que atente contra los principios del Estado de derecho, el artículo 7, considerado como la «bomba atómica» en materia de sanciones, la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Vera Jourova, ya ha advertido que Bruselas podría dar este paso si Malta persiste en no cumplir con las reformas a las que se ha comprometido para evitar situaciones como esta.
La resolución dice que sigue habiendo «graves preocupaciones» con respeto al modo en que las autoridades maltesas luchan contra la corrupción y la delincuencia organizada y alertan del riesgo de una «peligrosa interconexión» entre delincuentes y autoridades públicas.
Caruana fue asesinada el 16 de octubre de 2017 cuando investigaba una trama de corrupción, con una bomba en su coche. Bajo la presión europea, las investigaciones han llevado a la detención de varios sospechosos, algunos de los cuales han implicado en la planificación y financiación del crimen al exjefe del Gabinete de Muscat. Un comisión del parlamento europeo había concluido que el Gobierno de Muscat boicoteasba las investigaciones.