Panamá conmemora 30 años de la invasión estadounidense. La denominada operación ‘Causa justa’ ordenada por el expresidente George H. W. Bush terminó con la captura del dictador Manuel Antonio Noriega, jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá acusado de vínculos con el narcotráfico.
Antilavadodedinero / EFE
En 1989 Panamá era un país territorialmente dividido por una zona que ocupaban los estadounidenses dentro de la propia capital canalera. El Istmo transitaba la dictadura de Omar Torrijo, que inició en 1968 y terminó con su muerte en 1980 para empatar con el control militar del general Manuel Antonio Noriega en 1983.
Entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990, 26.000 soldados estadounidenses pisaron suelo panameño con el objetivo de capturar al general Noriega.
A pesar de que el alto militar había colaborado con la CIA y había financiado a la guerrilla antisandinista en Nicaragua, Estados Unidos le retiró el apoyo y lo persiguió por sendas acusaciones de narcotráfico y corrupción.
En esa misma década las calles de Panamá fueron escenario de lucha de quienes clamaban el retorno de la democracia. Los opositores fueron blanco de represión y amedrentamiento por parte de un régimen que se escudaba en el nacionalismo mientras era acusado de asesinatos, manipulación de elecciones y tráfico de drogas.
El 19 de diciembre de 1989, alrededor de las 20:00 horas, comenzó a propagarse la noticia de que los estadounidenses invadirían Panamá. La información tenía como destinatarios principales a los militares y civiles armados a favor del régimen de Manuel Antonio Noriega.
La alerta iba acompañada de una orden: no hacer ningún tipo de resistencia ante la llegada de las tropas norteamericanas que se unirían a las que ya estaban dentro del territorio panameño ocupado en la Zona del Canal.
A esa hora el general Noriega se encontraba en la provincia de Colón. La última información que se conoció es que partió de ese lugar a las 20:30.
El 15 de diciembre de 1989, la Asamblea Nacional otorgó poderes especiales al dictador Manuel Antonio Noriega, designándolo «Jefe del Gabinete de Guerra». A la vez, declaraba a Panamá en estado de guerra contra Estados Unidos.
Fueron los ataques que iniciaron antes de la medianoche del 20 de diciembre lo que provocó el desconcierto de quienes vivían en El Chorrillo, la zona más afectada con el bombardeo estadounidense pues allí se encontraba el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa (Fuerzas Armadas panameñas).
En esa área de la capital panameña vivía Gisela Kingler, en ese entonces tenía 26 años y la invasión era un rumor de costumbre. Al menos dos años pasaron para que la amenaza se convirtiera en realidad. Las ráfagas de luz y los estruendos dieron a Gisela y a otros chorrilleros la peor Navidad de sus vidas.
«Tuve que salir a las de mi cuarto con los primeros bombazos. Yo tenía tres niños, tenía a mi abuelita que estaba en una silla de ruedas, tenía a mi abuelito anciano. Lo único que agarré fue la pañalera de mi hijo y la leche, más nada», relata la joven que extravió a uno de sus hijos entre el alboroto de la muchedumbre que huía a un lugar seguro. Cinco horas después logró hallarlo.
La familia de Gisela sobrevivió a la invasión a diferencia de otros panameños. Todavía no hay una cifra exacta de muertos, pero se sabe con certeza que es uno de los hechos más trágicos en la historia de la nación canalera.
«Lo que se hizo fue tratar de hacer que a la gente se le olvidara»
Y 30 años después hay una mayor difusión de un tema que representaba un tabú. «La sociedad se sentía algo avergonzada porque al final de toda esa crisis, que fue la época de Noriega, tuvo que venir otro país a invadirnos.
Era como un sentimiento de vergüenza colectiva y durante los años siguientes lo que se hizo fue tratar de hacer que a la gente se le olvidara. Referencias de la invasión hay muy pocas en los libros de historia», opina el fotoperiodista Adriano Duff que estuvo a cargo de la selección de imágenes que ahora forman parte de una exposición sobre la invasión. Duff espera que las nuevas generaciones tengan en su poder más datos sobre lo ocurrido al final de los 80.
Las personas de más edad, que vivieron aquella época, consideran que la invasión a Panamá dejó deudas y que no fue realmente una «causa justa» por parte de Estados Unidos.
Jorge Laguna fue miliciano, perteneció a los denominados Batallones de la Dignidad. Son los mismos grupos que fueron acusados como violentos por parte de quienes salían a las calles a luchar en favor de la democracia. Jorge recuerda que en ese momento tenía 53 años y al lado del Cuartel Central vio la caída de la primera bomba. Cree que todo de lo que se acusó a Noriega no fue cierto.
Sentado junto a otras personas de edad avanzada en la mesa del restaurante más antiguo del país, discuten lo que a su juicio promovió la invasión: la eliminación de las Fuerzas de Defensa de Panamá.
En otro lado de la ciudad, donde se levantan los rascacielos de la moderna ciudad de Panamá, dos amigos recuerdan aquellos días: Roberto Velásquez y Jaime Jácome.
Roberto hizo parte del gabinete durante el régimen de Noriega pero se separó de él en 1987. Jaime provenía de una familia ligada a uno de los partidos opositores. Más que enseñanzas ambos coinciden en que hay una deuda en esa invasión no deseada. «Los políticos no hemos encontrado el camino que debimos encontrar después de la invasión para llevar al país hacia una institucionalidad democrática sólida», dice uno de ellos mientras el otro lo secunda.
La deuda con la verdad y la reparación sigue vigente
En Panamá existen sectores y grupos que claman para que el 20 de diciembre sea declarado día de «duelo nacional», algo que fue tomado en consideración por el actual Gobierno de Laurentino Cortizo, el cual contó con el apoyo unánime del Consejo de Gabinete.
Desde 2016 existe una comisión que busca esclarecer los hechos del 20 de diciembre de 1989 y mientras se aclara lo sucedido, en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a Estados Unidos «reparar integralmente» a las víctimas de la invasión tras considerar que los norteamericanos violaron derechos de los ciudadanos panameños.
Se espera que para el mes de enero del 2020 se lleven a cabo nuevas exhumaciones en fosas comunes con el objetivo de identificar otros nombres de las muchas víctimas que dejó el asedio.
