Legisladores colocaron en la mira el papel de Puerto Rico como paraíso fiscal y pidieron al Tesoro de Estados Unidos que investigue si la abrumada isla está ayudando a los ricos a burlar los impuestos federal y estatales con un beneficio aparentemente pequeño para la economía local.
Antilavadodedinero / Elnuevoherald
En una carta enviada al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, cuatro representantes pidieron información sobre los incentivos fiscales en Puerto Rico, las leyes 20 y 22, aprobadas en 2012 con el fin de atraer a la isla a individuos de alto patrimonio y compañías de servicios.
Los beneficiarios de las medidas apenas pagan impuestos locales sobre los ingresos si residen en Puerto Rico al menos la mitad del año. Además, la mayoría de las personas que viven en Puerto Rico están exentos del impuesto federal.Play VideoDuration 2:11Puerto Rico enfrenta el fin de las peleas de gallosLas peleas de gallos ya no serán legales a partir del 20 de diciembre de 2020, a no ser que se tome una decisión de última hora. Eso hará que las miles de personas que viven de la industria tengan que reinventarse. BY JIM WYSS
Las leyes en cuestión han “permitido a individuos de altos ingresos y empresas rentables de servicios no pagar impuestos federales o territoriales sobre parte de sus ingresos y pagar solamente impuestos muy bajos sobre el resto”, escribieron los legisladores.
“Al residir en la isla 183 días del año, estos individuos evitan pagar impuestos federales y locales. Esto resulta en beneficios tributarios que estos individuos y empresas no pueden recibir en ninguna otra parte del mundo. En otras palabras, Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal”.
La carta está firmada por los representantes federales demócratas José E. Serrano, Nydia M. Velázquez, Raúl M. Grijalva y Alexandria Ocasio-Cortez.
“Las leyes 20 y 22 han convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal con poco beneficio para la gran mayoría de los puertorriqueños”, expresó en un comunicado el representante Serrano, demócrata por Nueva York
. “El Departamento del Tesoro debe supervisar más para determinar cómo estos incentivos se implementan y su impacto sobre los ingresos fiscales a nivel federal, estatal, local y territorial. Los puertorriqueños necesitan más transparencia y rendición de cuentas sobre estas opciones”.
Puerto Rico, un territorio estadounidense de 3.2 millones de habitantes, trastabilla bajo una deuda de más de $70,000 millones y sufre una recesión que ya tiene un decenio. Los problemas económicos, particularmente después de paso del huracán María en 2017, ha llevado a un éxodo de la isla.
Puerto Rico: La Isla Olvidada. Un año después que el huracán María destrozara Puerto Rico, la cifra oficial de muertos asciende a 2,975, lo que convierte a María en uno de los peores desastres naturales en la historia de Estados Unidos. Narración de Rita Moreno.
Cuando se implementaron en 2012, los incentivos fiscales se vieron como una forma de atraer a compañías e individuos que pudieran crear empleos en la isla, donde el desempleo es aproximadamente el doble del promedio del territorio continental.
Según un informe emitido por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, 2,202 individuos se han mudado a la isla para aprovechar la Ley 22. De esos, 1,233 son de Estados Unidos, entre ellos 122 floridanos, muchos más que de cualquier otro estado.
El estudio concluyó que los beneficiarios de la Ley 22 invirtieron $1,300 millones en bienes raíces y planeaban inyectar otros $679 millones en inversiones de capital. Además, los beneficiarios generaron $40 millones adicionales en ingresos fiscales durante el tiempo que duró el incentivo.
Pero los legisladores señalaron que los ricos están recibiendo alivios tributarios a los que no tienen derecho todos los puertorriqueños, en un momento en que la isla necesita los ingresos fiscales.
También cuestionaron si algunos individuos y empresas se estaban burlando del sistema mintiendo sobre el tiempo que pasan en la isla y el hecho que crean una vía para que compañías que hacen poco trabajo real se beneficien de fuertes incentivos.
“La evidencia sugiere que ciertas cláusulas fiscales están beneficiando a individuos acaudalados que viven parte del tiempo en Puerto Rico, al tiempo que hacen nada por beneficiar al pueblo de Puerto Rico”, expresó la representante Nydia M. Velázquez, demócrata por Nueva York.
“El Departamento del Tesoro tiene que estudiar estas cláusulas en detalle para determinar si están funcionando como se previó o permiten que los acaudalados burlen sus obligaciones fiscales y priven a Puerto Ruco y al gobierno federal de ingresos necesarios”.
