En febrero del año 2012 en el Financial Times y apunta a las dos empresas públicas: Metro y el canal de Isabel II. Esta operación se valora en miles de millones de euros, no solo retratan la angustia de una Administración ahogada por la crisis económica y dispuesta a vender las joyas de la corona por encontrar ingresos.
Por El País/AL
El metro valorado en 3.000 millones, pero todo ha cambiado. Así como la Operación Lezo, afecta a la adquisición por parte del Canal de la sociedad brasileña Emissão por 27 millones de euros: la investigación ha puesto de relieve un supuesto sobrecoste de entre 6,4 y 9,6 millones de euros y un presunto reparto de mordidas de 5,4 millones.
Sin embargo, el Canal ha hecho negocios en Brasil, Colombia, República Dominicana, Argentina, Panamá, México, Perú, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Metro, por su parte, ha firmado contratos en Argentina y Ecuador.
Colombia embarga acciones valoradas en 70 millones. La presencia del Canal de Isabel II en Colombia se centró en la costa del Caribe. Sin embargo, las relaciones entre su filial en el país andino, Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios), y la Triple A, la sociedad de acueducto, alcantarillado y aseo de la ciudad de Barranquilla, derivaron en un intenso periplo judicial que tiene como trasfondo una trama corrupta, conocida comocaso Lezo.
Por su parte, la Fiscalía General colombiana embargó acciones de Inassa, que suponen el 82% del capital de la Triple A, por un valor de casi 70 millones de euros. El ente acusador investiga si hubo sobreprecio en la compra de la filial colombiana por parte del Canal y analiza supuestos pagos millonarios que se realizaron, según la instrucción del caso, entre 2000 y 2017. Estas acusaciones se suman a los casos de corrupción, con el escándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Por otra parte, Argentina reclama 15 millones de euros. En 2011, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), la empresa estatal que gestiona el metro de la capital argentina, compró 36 vagones al Metro de Madrid.
“Sbase realizó la compra de buena fe. Se supone que Metro de Madrid siendo una empresa pública debería respetar las leyes internacionales. Así, Metro de Madrid tendría que haber retirado esas piezas con asbesto para poder vender los trenes e informar fehacientemente al comprador”, señalan en Sbase, que ha denunciado al Metro de Madrid y exige casi 15 millones de euros más intereses por daños y perjuicios.
Por otra parte, Ecuador ha multado a Metro por pasar más de un millón de euros en gastos que considera injustificados, lo que niega la compañía madrileña.
Se firmaron tres contratos en total, por un monto ligeramente superior a los 10,3 millones de dólares, para desarrollar la fase de estudios, planificación y diseño del metro de Quito
