En 2017, la Sociedad de Activos Especiales removió al entonces administrador provisional, Luis Guillermo Grillo, porque no pagaba al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) los recursos que obtenía por arrendar esos inmuebles. En junio de este año, la SAE inició acciones legales para cobrarle a Grillo $ 1.301 millones de pesos que debe, como mínimo.
Por El Tiempo/AL
El caso fue expuesto por la Contraloría en una auditoría, en la cual el organismo cuestiona que apenas en el 2017 la SAE le quitó a Grillo la mayoría de los inmuebles, y apenas en junio de este año dio inicio al proceso para cobrarle.
La Contraloría dice que, aunque la SAE ha tomado acciones para que no se repita la feria de bienes incautados a narcotraficantes y criminales –caso de corrupción en la DNE–, y ha implementado mecanismos de seguimiento a las propiedades, las medidas no “han sido efectivas ni suficientes”. Asegura que la gestión de la SAE sobre los activos –que deberían generarle recursos al erario– es “inefectiva”.
Según la Contraloría, hasta el 2018 la SAE administraba 47.275 bienes avaluados en 8,4 billones de pesos. Al evaluar esa gestión, la auditoría evidenció 27 irregularidades, de las cuales 16 implican un presunto detrimento patrimonial que supera los 8.157 millones de pesos.
La primera parte de esa posible pérdida viene de depositarios que, como Grillo, fueron removidos pero nunca le pagaron al Fisco lo que recibieron por los bienes. Se encontró que seis depositarios expulsados le debían al fondo $ 5.502 millones, a mayo de 2019.
Otro de ellos es la firma Inversiones Granvivienda S. A. S., de Bogotá, removida en diciembre del 2017 y a la que la SAE constituyó como deudor del Frisco en abril de este año, con una deuda de 899 millones de pesos. En este y otros casos, la Contraloría evidenció que aunque el depositario había sido removido, en la práctica seguía administrando los bienes y recibiendo el dinero de arrendamiento.
Otro caso es el de Camilo Andrés López Herrera, nombrado depositario de 14 bienes en el 2015. Fue removido en agosto del 2018 porque no le entregó al Estado $ 2.041 millones. Según la Contraloría, los controles sobre los depositarios son “débiles y escasos”, pues pasaron 60 meses desde que López dejó de girar los recursos hasta su expulsión.
El organismo también critica que aunque la SAE comenzó su tarea en el 2015, a la fecha “no tiene un inventario actualizado, depurado y confiable sobre el estado administrativo, jurídico, financiero y económico de los activos”. Por ejemplo, se encontraron cuatro bodegas en Paloquemao a las que la SAE había calificado como ocupadas ilegalmente e improductivas, pero allí funcionan unos laboratorios cuyos ocupantes no han pagado. Ante esta advertencia, la SAE firmó contratos de transacción en julio pasado por $ 1.511 millones para que el ocupante se ponga al día con lo que debe desde el 2014. Además, la Contraloría encontró que de 18.580 bienes en proceso de extinción, con un valor catastral de 3,22 billones, el 47 por ciento están ocupados ilegalmente. Y en 2.944 bienes extintos, cuyo valor supera los $ 704.659 millones, estas ocupaciones llegan al 42 por ciento.
En muchos inmuebles ocupados ilegalmente, la SAE no ha formalizado un contrato de arrendamiento aunque existan ocupantes de buena fe que muestran interés en normalizar su situación. “La SAE no es oportuna y diligente en el trámite correspondiente, situación que dilata el recaudo de la posible productividad”, dice la Contraloría.
Durante los últimos cinco años, hemos removido más de 400 depositarios provisionales que tenían bajo su administración alrededor de 13.000 inmuebles, luego de lo cual empezamos a retomar físicamente la tenencia de los activos identificados y a evaluar si existieron perjuicios, por falta de gestión o por las productividades dejadas de percibir. En este proceso SAE tuvo que visitar y reconstruir la información física, jurídica y financiera de cada uno de los activos. Estamos hablando de una historia de administración de más de 20 años sin control.
