La corrupción es un cáncer extendido en el aparato público y privado. En el caso de Perú, desarticularon hasta tres redes criminales, pero el Ministerio Público no estuvo fino a la hora de sustentar prisiones preventivas. Jueces liberaron a la mayoría.
Antilavadodedinero / LaRepublica
Es cierto, las grandes batallas contra la corrupción se libran en Lima. Sin embargo, la lucha anticorrupción en las regiones también hizo lo suyo. Lo más importante fue la desarticulación de Los Magos del Misti en Arequipa, una red criminal acusada de desmantelar repuestos de vehículos y luego venderlos. El operativo se montó en mayo pasado.
La red, según la tesis fiscal, estaba muy bien distribuida: mientras que algunos se dedicaban a desmantelar los vehículos, otros revendían la mercadería, incluso la ofrecían a las víctimas del robo.
Según la investigación fiscal, esta red era encabezada por Miguel Ángel Salcedo, alias ‘Peyu’. También figuran los nombres de Luis Justino Mendoza Huanca, Jesús Enrique Coronado Rodríguez y Johnny Anthony Alcántara Calderón; además de dos miembros de la Policía, Richard Torres Díaz y Carlos Chuquicóndor Zambrano. Las escuchas telefónicas fueron fundamentales. Ahí se delataron.
Tras largas audiencias, el juez de Investigación Preparatoria de Mariano Melgar, Edwin Esteba Huanca, dictó 36 meses de prisión preventiva contra 14 de los 16 integrantes. Los cargos, crimen organizado, hurto agravado y receptación.
La Fiscalía ahora investiga si hay más implicados. Según las escuchas telefónicas y material incautado, más policías estarían implicados.
Golpe a medias en Transportes
Los Correcaminos del Sur tienen su propia marca. Esta organización criminal es sindicada de enquistarse en la Gerencia de Transportes de Arequipa. Los acusan de cobrar cupos a las minivanes, un servicio de transporte pirata. A los primeros integrantes se les capturó en diciembre del 2018.
José Gamarra, exgerente regional de Transportes, fue señalado como líder de la organización. También está involucrado Juan Bermejo, asesor de la exgobernadora regional Yamila Osorio y hoy prófugo de la justicia.
En noviembre hubo un segundo round para los correcaminos, sin el éxito del anterior operativo. Nuevos implicados, se detuvo a 16. Once de los investigados eran transportistas (encargados de recolectar el dinero), cuatro de ellos trabajadores de Transportes y el jefe policial Richard Talavera.
A este alto mando se le investiga de ayudar a coordinar los operativos ilegales a las empresas de minivanes resistidas a pagar las coimas. A cambio, se le abonaba mensualmente S/ 500, según la investigación del Ministerio Público.
En primera instancia, el juez Juan Carlos Churata del Juzgado Anticorrupción dispuso la liberación de 12 de los 16 detenidos. Todos los transportistas son investigados en libertad. Para Churata, no había suficientes pruebas para las prisiones preventivas.
Richard Talavera y dos trabajadores del Gobierno Regional permanecen con 25 meses de prisión preventiva. En este caso hubo varias críticas al papel de la Fiscalía; por ejemplo, presentó un requerimiento de prisión preventiva incompleto.
Ladrillo sindical
A una semana de la detención de Los Correcaminos II, se desarticuló otra organización denominada El Ladrillo Sindical del Sur. Todos pertenecían al sindicato de Construcción Civil, incluido su secretario general Andrés Saya y el dirigente de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa.
La principal acusación: cobro de cupos a empresas de construcción, chantajes para meter a obreros en obras públicas y privadas con amenazas. El juez que vio el caso es José Luis Vilca. Este también determinó que la prisión preventiva no estaba justificada. Sin mucha suerte, la Fiscalía apeló la decisión ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Estos operativos son coordinados por la División de Alta Tecnología (Diviac) y las fiscalías Contra el Crimen Organizado, Anticorrupción y Corrupción de Funcionarios; quienes encabezaron las detenciones.
Mafia en universidad de Puno
En agosto pasado, el Ministerio Público realizó un operativo para desarticular una red que cobraba por la obtención de vacantes para la Universidad Nacional de Altiplano. Los cupos, según la investigación, ascendían entre S/ 10 y S/ 15 mil para permitir el ingreso irregular de estudiantes a dicha universidad. Por ello se dispuso la detención de 20 integrantes de la agrupación delictiva.
La red hizo ingresar a alrededor de 90 alumnos en el examen del Centro Preuniversitario de la UNA (Cepre-UNA) del 23 de junio de 2019. Las escuchas telefónicas los incriminaban, pues en una de ellas se escucha la conversación entre Lewis Turpo Turpo, docente de academias y captador, con Jesús Tacuarí, otro investigado, vía celular para informarle que habían ingresado a la UNA varios alumnos, pero en los últimos puestos, un día después del examen de admisión. 12 de los investigados tienen prisión preventiva y a 8 se les dio comparecencia con restricciones.
