La Cámara de Casación rechazó un planteo de la defensa de Lázaro Báez y confirmó su detención en una causa por lavado de dinero.
Por Infobae/ALD1
Se trata de la causa conocida como “M&P”, donde se investiga una maniobra para inyectar dinero en Austral Construcciones por medio de la empresa de la familia Báez. El juez a cargo de ese expediente, Sebastián Casanello, había rechazado un pedido de excarcelación antes de la feria. La defensa del empresario apeló esa resolución y hoy la sala de feria de Casación declaró inadmisible el recurso.
El fiscal Guillermo Marijuán se opuso a la libertad de Báez al entender que podía entorpecer la investigación. El juez Casanello convalidó ese criterio. “Mientras era investigado por este juzgado pero Lázaro Báez clandestinamente desafiaba la legalidad”, afirmó el juez. Y agregó que aún tiene capacidad para evadir la acción de la justicia o para influir sobre testigos y otras pruebas.
La defensa de Báez obtuvo una “victoria” a mediados de diciembre cuando la Sala IV de la Cámara de Casación ordenó el cese la prisión preventiva en la causa por la “ruta del dinero k”. Ante esta decisión, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) firmó el cese de la preventiva de Báez en medio del juicio oral, pero el empresario mantiene preventiva en otra dos causas.
El caso de “M&P” fue elevado a juicio oral, también antes de la feria. Báez será juzgado junto a dos de sus hijos, Martín y Luciana, y otras 15 personas. La Justicia tiene acreditado en ese expediente que Austral Construcciones recibió transferencias millonarias a comienzos de 2016, cuando necesitaba fondos para cancelar deudas. En la maniobra participaron casi 20 sociedades fantasmas.
Esas empresas, según la Justicia, recibían dinero en negro, lo depositaban en las cuentas de otra empresa de la familia Báez, M&P, pero el destino final era Austral. Para simular los ingresos, la empresa insignia de Báez emitía facturas por supuestos servicios. De esa manera, se habrían blanqueado $127.624.184.
Las transferencias se dieron entre diciembre de 2015 y julio de 2016, aunque se concentraron en febrero y marzo de ese año, cuando la causa de la “ruta del dinero K” estaba en plena investigación.
En el caso de Báez, de sus dos hijos y del contador César Gerardo Andrés, el fiscal Marijuán pidió que se aplique el agravante de “habitualidad”, previsto por el artículo 303 inciso 2° del Código Penal, que aumenta la pena del lavado de dinero.
La investigación arrancó en julio de 2016, a raíz de un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), con tres reportes de operaciones sospechosas (ROS).
