Los exfuncionarios exigen al nuevo Gobierno peronista que los considere “presos políticos” y acelere su liberación
Antilavadodedinero / El País
“En Argentina no hay presos políticos, sino detenidos arbitrarios”, dijo Alberto Fernández a mediados de enero. La semilla de la discordia estaba plantada y un mes después germinó. Los exfuncionarios kirchneristas presos durante la gestión de Mauricio Macri por presunta corrupción perdieron esta semana la paciencia. Exigieron que se los considere “presos políticos”, víctimas de una persecución judicial por su lealtad a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que se los deje en libertad cuanto antes. “No tengo presos políticos”, les contestó este lunes Fernández. La disputa es agria, porque afecta al corazón ideológico del Gobierno.
Fernández y muchos de sus funcionarios están bajo el fuego amigo del kirchnerismo purasangre. A la cabeza del reclamo está Julio De Vido, el único ministro que estuvo desde el día cero del Gobierno de Néstor Kirchner y que se retiró el 10 de diciembre de 2015, como hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. De Vido manejó el dinero de la obra pública. Hoy enfrenta prisión preventiva en dos causas por presunta corrupción y una condena firme por su responsabilidad en la “tragedia de Once”, un accidente de tren que dejó 51 muertos en febrero de 2012. El mantenimiento de los trenes estaba a cargo de su Ministerio, el de Infraestructura. De Vido evitó el ataque directo a Fernández y cargó contra su jefe de ministros, Santiago Cafiero, un joven dirigente que porta un apellido ilustre dentro del peronismo.
Cafiero defendió esta semana la doctrina de su jefe político. “Antes de que Alberto [Fernández] sea presidente, habíamos planteado que la categoría de presos políticos no cabía en la Argentina, sino que lo que existía eran detenciones arbitrarias y había una lógica de persecución en el país”, dijo el jueves pasado. La tesis oficial es que un preso político es aquel que ha quedado en manos del Poder Ejecutivo sin intervención de un juez. “Preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable, para que no esté libre, con un objetivo muy concreto: sacarlo del juego. Me parece que lo que hay es gente que podría estar en su casa y no lo está por su relevancia”, dijo más tarde el canciller Felipe Sola.
Para el kirchnerismo duro fue una traición. Cafiero fue acusado de “panqueque” (aquel que se da vuelta en sus ideas políticas) y Solá de haber sido funcionario del peronista ultraliberal Carlos Menem (un grave insulto dentro de la izquierda peronista). “Dígale a su jefe de Gabinete que guarde prudente y respetuoso silencio ante la persecución política brutal a la que fuimos sometidos”, le pidió De Vido a Fernández. En la lista de los kirchneristas que se consideran presos políticos está también el exvicepresidente Amado Boudou, condenado a casi seis años de cárcel por defraudación al Estado, y el exsecretario de Transporte, detenido por la compra de material vial inservible a España. A la lista se puede sumar la propia Cristina Kirchner, quien no ha ahorrado denuncias contra los jueces que la juzgan por presunta corrupción. Kirchner, de viaje en Cuba, donde visita a su hija enferma, se ha mantenido al margen de la discusión.
¿Qué hacer con los kirchneristas presos durante el macrismo? Fernández siempre ha denunciado que fueron víctimas de una persecución judicial motivada por la política, pero otra cosa es decir que en su Gobierno hay presos políticos. “Me molesta que digan que tengo presos políticos, porque no los tengo”, dijo este lunes, visiblemente molesto. «Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, que nos están haciendo discutir un tema en el que no estamos en desacuerdo. Nos quieren dividir y no estamos divididos. Seamos prudentes, porque en el exterior pueden pensar que nuestro Gobierno está deteniendo gente sin causa”, añadió, en declaraciones a Radio Continental, de Buenos Aires.
En el fondo de la cuestión está la figura de la prisión preventiva, aquella que permite a un juez encarcelar a un sospechado sin condena por temor a que interfiera con la investigación. Eso motivó al fallecido juez Claudio Bonadio a pedir cárcel para Cristina Kirchner, sin éxito por los fueros parlamentarios que protegen a la expresidenta. De Vido enfrenta dos prisiones preventivas, aunque ya tiene una condena firme. Muchos exfuncionarios fueron liberados al final del macrismo, en fallos que muchos interpretaron como un reacomodo de la familia judicial al cambio de Gobierno. Pero los presos esperaban más de Fernández.
