El fiscal general de El Salvador ha pedido a la Asamblea Legislativa de ese país que quite la inmunidad al diputado Norman Quijano, a quien acusa de haber negociado con las pandillas para obtener beneficios electorales cuando fue candidato a la presidencia en 2014.
Antilavadodedinero / ElSalvador
Quijano, quien también fue presidente del congreso salvadoreño y alcalde de la capital, San Salvador, ha sido acusado de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Esta es la primera vez que un líder político de alto nivel enfrenta cargos criminales por negociaciones secretas con las pandillas MS13 y Barrio 18.
El fiscal Melara anunció su decisión el lunes 27 de enero por la mañana y por la tarde envió a sus fiscales a la Asamblea Legislativa para que presentaran la solicitud de antejuicio a Quijano.
La investigación de la Fiscalía en torno a Quijano se formalizó tras las declaraciones de un pandillero identificado solo como “Noé”, dadas en un caso judicial diferente.
Noé dijo que varios líderes de las pandillas participaron en una reunión con el político en el marco de la campaña presidencial de 2014. Quijano corría como candidato por la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el partido que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009 y actualmente gobierna San Salvador, y terminó perdiendo la elección por poco más de 6.000 votos en segunda vuelta.
En el caso en el que Noé es testigo, la Fiscalía presentó como evidencia varios videos. En uno de ellos aparece Quijano en una reunión con pandilleros. Aunque el juez de ese caso mantuvo en reserva varios de esos videos para proteger a uno de los testigos, el periódico El Faro publicó la transcripción de la conversación con Quijano, según la cual el excandidato presidencial ofreció invertir fondos públicos en programas de rehabilitación a cambio de que las pandillas influyeran en sus zonas de control para que los pobladores votaran por él.
Quijano, en concreto, ofreció erogar fondos para rehabilitación hasta por 100 millones de dólares de una partida del presupuesto nacional. A cambio pidió: “Nosotros lo podemos hacer si ustedes en realidad… de votar por ARENA. Si nos dan la oportunidad de gobernar…”,
En una comunicación a través de su cuenta en Twitter, Quijano alegó inocencia, algo que ya había hecho antes. “Reitero que… no he entregado dinero a delincuentes, mucho menos pactado beneficios”, escribió. Posteriormente el diputado publicó un comunicado en el que se dice víctima de una conspiración política.
De acuerdo con las leyes salvadoreñas, corresponde hoy a los diputados formar una comisión especial de antejuicio y nombrar entre ellos a un acusador y a un defensor de Quijano para, finalmente, determinar si hay mérito para desaforar al político y enviarlo a enfrentar el caso a un tribunal de segunda instancia (Cámara de lo Penal). El desafuero requiere solo mayoría simple en el Congreso: 43 de 84 votos.
Las acusaciones hechas por el fiscal general Melara a Norman Quijano marcan un cambio respecto a la forma en que sus antecesores habían tratado a políticos y funcionarios de alto nivel señalados por supuesta negociaciones con pandilleros.
En 2016, Douglas Meléndez, el abogado que precedió a Melara como jefe de la fiscalía, llevó ante los tribunales a algunos negociadores, policías y funcionarios por supuestos ilícitos cometidos durante la tregua entre el estado y las pandillas en 2012. Un juez absolvió a los acusados en 2017 con el argumento de que estos solo cumplían órdenes de sus superiores.
Meléndez, de hecho, se quedó corto para acusar a David Munguía Payés, ex ministro de seguridad y de defensa durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014).
Testimonios recogidos en las investigaciones de la Fiscalía señalan a Munguía como el principal arquitecto de la tregua, que permitió el descenso temporal de los homicidios cometidos por pandilleros a cambio de beneficios carcelarios y económicos. Munguía ha dicho que Funes estaba al tanto de todo lo relacionado con aquel pacto. Un juez incluso increpó a la Fiscalía por no investigar al expresidente y al exministro.
El caso de Quijano, de hecho, es solo la punta del iceberg: hay políticos de los principales partidos señalados por posibles nexos con pandillas. No está claro si el ímpetu del fiscal Melara le alcanzará para investigar otros casos.
Las presuntas relaciones entre políticos salvadoreños y pandilleros incluyen al actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, al entorno político del presidente Nayib Bukele y a varios exfuncionarios del gobierno de izquierda de Salvador Sánchez Cerén.
En el caso de funcionarios cercanos a Bukele, el supuesto acercamiento con pandillas ocurrió en febrero de 2015, cuando el actual presidente era alcalde de San Salvador. Una investigación periodística, también de El Faro, asegura que la administración municipal de Bukele “hizo concesiones” a los pandilleros durante tres años a cambio de que le dejaran trabajar en varios proyectos en la ciudad.
Una investigación de la Fiscalía determinó que Mario Durán y Carlos Marroquín, enviados por la administración Bukele, se reunieron el 21 de diciembre de 2015 con dos interlocutores de la MS13 en un centro comercial de la capital. La Policía salvadoreña incluso envió agentes encubiertos a vigilar aquella reunión, según un reportaje de Factum.
Durán es hoy el ministro de Gobernación del presidente Bukele y Marroquín funcionario de ese ministerio a cargo de la reconstrucción del tejido social en zonas bajo control pandillero.
El alcalde Muyshondt aceptó haberse reunido con pandilleros y dijo que lo hizo para pagar la extorsión que las pandillas le exigían para hacer campaña en territorios controlados durante la campaña electoral para diputados y alcaldes en 2015. Este político aseguró, incluso, que el chantaje se pagó con fondos de su partido.
Ya antes políticos de varios partidos, incluidos alcaldes y ministros, han sido vinculados con pandilleros en casos judiciales y reportes periodísticos, pero nadie hasta ahora con el perfil de Quijano. No es poca cosa en un país cuyos principales problemas de seguridad están relacionados a la MS13 y el Barrio 18.
