Juan Carlos Galindo habla sobre antifraude en España. Es especialista en prevención de delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Así es. El juzgado de instrucción N.º 8 de Valencia solicitó a la agencia designación de personal a los efectos de auxiliar a los agentes de la UCO (unidad central operativa de la policía judicial de la Guardia Civil) para poder esclarecer (verificar) si se cumplieron los requisitos establecidos en las leyes, en las licitaciones antes mencionadas.
La Agencia Valenciana Antifraude ha realizado dos informes periciales, demoledores, al respecto de los concursos públicos: del plan eólico de la comunidad valenciana 2001 y los procedimientos de licitación de las ITV 1997. Ambas licitaciones fueron utilizadas y dirigidas, presuntamente, por Eduardo Zaplana y su organización criminal, para su beneficio particular.
El primer obstáculo y no pequeño con el que se ha encontrado la Agencia es que le hicieron entrega de la documentación de las licitaciones de una manera desordenada, escaneada por bloques y sin indexar, careciendo de cualquier orden lógico, material o cronológico, o cualquier otro tipo de clasificación previa. Este hecho conllevo un retraso de casi un año al tener que ordenar (cosa que nunca se hizo antes) la abundante documentación, guardada a sabiendas, bajo el denominado sistema del “caos”
Los informes de la AVA son extensos, completos y complejos. En los mismos, encontramos las siguientes frases en sus conclusiones y que nos valen como fiel resumen: “…la generalitat no estaba autorizada en el ámbito de sus competencias a reservar zonas a una determinada empresa…” “…dudoso encaje en la vigente regulación.” “…reviste de especial gravedad que los criterios se establezcan tras conocer el contenido de las propuestas, extremo contrario a los principios de publicidad, concurrencia, objetividad e imparcialidad… ““…Choca con la legalidad vigente y con los usos habituales…” “…los criterios de selección no han sido justificados adecuadamente, otros han sido alterados o son incoherentes…” “…el trámite de información pública fue eliminado… “ “ …se contravino el proceso de contratación” “..se incumplió normativa RD 154/1996…” “…asombra la rapidez de la adjudicación… “..solo existían cargos políticos en la mesa de contratación…” entre otras muchas otras. En definitiva ¡demoledor ¡no deja duda de su amaño ¡
Si a estos informes les añadimos los informes exhaustivos de la UCO y la confesión de Fernando Belhot, (abogado de corruptos y mafiosos, experto en movimientos de capitales internacionales y artífice del entramado societario de apariencia legal de Zaplana y su banda), la suerte está echada. Hablaremos de este delator internacional cualificado en articulo aparte, merecido lo tiene este personaje.
Recordemos que en esta causa se está investigando la supuesta comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción (prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, cohecho, contra la hacienda pública, trafico de influencias, negociaciones prohibidas para funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal).
Teniendo como eje principal lo que seria una serie de comisiones aparentemente desembolsadas en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV y del PLAN EOLICO de la Comunidad Valenciana, todas ellas adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa.
Los informes periciales emitidos son de vital importancia para poder demostrar el origen (eje principal) de toda la trama, ya que, de lo contrario esta no se sostendría con la misma firmeza. Con estos informes, la agencia valenciana antifraude pone a disposición de la instructora una prueba de cargo contundente, ya que en ellos existen indicios razonables de que la banda del “Campeón” dirigió estos concursos para que la adjudicación de estos contratos millonarios terminara en determinadas empresas propiedad de la familia Cotino.
Con estas actuaciones queda más que demostrada la profesionalidad y versatilidad de la agencia valenciana antifraude y la suerte que tenemos los valencianos de que exista.
Antilavadodedinero