A raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá, la mayoría se fue a Miami en busca de refugio; pero la justicia de Estados Unidos procesó a once ecuatorianos por lavado de activos y su participación en el esquema de sobornos de Petroecuador durante el correato. Otros dos son enjuiciados por delitos cometidos durante la actual administración de Lenín Moreno.
Antilavadodedinero / Laestrella
En total son trece personas procesadas en Estados Unidos.
Once de los trece acusados por la Fiscalía estadounidense (Departamento de Justicia) confesaron su participación en un esquema que contempló el pago de al menos $17,6 millones en sobornos por parte de contratistas a funcionarios de la petrolera estatal.
Principalmente recibieron obras para la remodelación de la Refinería de Esmeraldas, pero también de La Libertad, o subcontratos. Sus confesiones constan en ocho juicios en Nueva York y en Miami.
La repotenciación de Esmeraldas le costó al Estado más de $2 mil millones.
De estos once procesados, solo tres fueron incluidos en los casos que abrió la Fiscalía General en Quito, en ese entonces a cargo de Galo Chiriboga, quien tenía una empresa con el estudio Mossack Fonseca.
Ellos son los contratistas Ramiro Andrés Luque Flores, de GalileoEnergy S.A. y Juan Andrés Baquerizo Escobar, de Oil Services&Solutions S.A. (OSS), así como el asesor de la gerencia de la Refinería de Esmeraldas, Arturo Alfredo Escobar Domínguez.
De acuerdo con la información judicial de EE.UU. y Panamá, parte de ese dinero fue a empresas panameñas manejadas por el gerente de la Refinería de Esmeraldas y luego gerente general de Petroecuador, Álex Bravo Panchano, condenado en Ecuador.
Bravo y su familia tenían varias empresas en Panamá y a su vez giraba fondos para otros funcionarios, como Carlos Pareja Yannuzzelli, gerente de Petroecuador y luego ministro de Hidrocarburos.
Otro dinero fue a manos del coordinador general de contratos de la Refinería de Esmeraldas, Marcelo Reyes López, quien no tiene un proceso judicial en Ecuador, aunque Contraloría lo cita en dos informes que reposan en la Fiscalía.
En Miami confesó que cobró $2,1 millones en sobornos y la justicia le confiscó seis propiedades por unos $3,2 millones.
Su historia va de la mano de la Armengol Cevallos Díaz y José Cisneros Alarcón, pues ellos creaban compañías que compraron propiedades en los condados de Miami Dade y Broward (Florida), que luego pusieron a nombre de Reyes o de su esposa, Esmeralda Esparza Patiño. Es el caso del departamento 1902 en Sunny Isles Beach, en un lujoso condominio al pie del mar.
El inicio
El primero en ser detenido e investigado en EE.UU. fue Luque Flores, cuya compañía supuestamente representaba a la multinacional francesa Veolia.
Él se hizo pagar la primera parte de sus contratos ($8,82 millones) directamente en la cuenta de Sentinel Mandate & Escrow Ltd., un fondo en Islas Caimán del Grupo Biscayne Capital, en el que Frank Chatburn Ripalda tenía participación. Sentinel también se usó para recibir las coimas de la constructora Odebrecht durante el correato.
La confesión y colaboración de Luque, a partir de octubre de 2017, fue clave para los fiscales estadounidenses.
Según el empresario, Marcelo Reyes López era uno de los jefes del esquema de sobornos en la petrolera.
Luque Flores compró el registro de empresas de pantalla en paraísos fiscales para depositar dinero a favor de Bravo y Escobar, a través de Chatburn con Mossack Fonseca.
Ya procesado en Nueva York, Luque viajó a Miami para grabar sus conversaciones con Chatburn y José Antonio Larrea Alarcón, intermediarios que ayudaban a lavar el dinero en el sistema financiero estadounidense.
En octubre pasado, Juan Sebastián Espinoza Calderón, socio ecuatoriano de Chatburn, también confesó su participación. Ambos tenían en Guayaquil la empresa Cobranzas Eficientes S.A. Cobifriec, accionista de Murfield Investment Trading Corp. (firma en las Islas Vírgenes Británicas), que le giró dinero a Bravo Panchano y a Baquerizo Escobar.
En 2019 las autoridades estadounidenses también procesaron a José Luis de la Paz Román, de la empresa NoLimit C.A., a Armengol Cevallos y a José Cisneros.
Estos últimos manejaban Vestsacer S.A. y Plameri S.A., y recibieron subcontratos de Tesca Ingeniería, con quien Petroecuador mantiene ahora un litigio por el contrato para construir tanques de almacenamiento de combustible.
El último contratista, José de la Paz Román, nacido en Luisiana (EE.UU.), confesó el pago de $8,25 millones en sobornos y a cambio recibió millonarios contratos de Petroecuador.
De acuerdo con los Papeles de Panamá registró las empresas Pema Equities Inc. y Sunet Management Group con Mossack Fonseca. La media hermana de Bravo, Tatiana Ramos Panchano, trabajaba en NoLimit C.A.
De la Paz, Cevallos ni Cisneros han sido investigados en Ecuador. No constan en el registro de denuncias de la web de la Fiscalía, consultada hasta la semana pasada.
En octubre pasado, la Fiscalía estadoundiense hizo pública la acusación contra dos personas más: José de la Torre Prado y Roberto Barrera, vinculados a un pedido de sobornos por $3,15 millones a un contratista de Petroecuador, durante la actual administración. El pago no se concretó pero la coima era para agilitar pagos atrados y conseguir nuevos contratos.
Posiblemente nunca se conocerá la amplitud del esquema de sobornos que funcionó en Petroecuador.
La petrolera le apuesta a conseguir información judicial en Texas sobre WorleyParsons, principal contratista y fiscalizadora de obras, con miras a descubrir la participación de otros proveedores, como el Grupo Azul o MMR Group. Mientras que el esquema de preventa petrolera, donde participaron el otro socio de OOS, Jaime Baquerizo Escobar, y el intermediario Enrique Cadena, no ha sido investigado.
La confesión de Gustavo Trujillo, titular de Madison Asset LLC., es parte también de otro proceso en EE.UU. Tanto Trujillo como Chatburn admitieron su participación en un esquema de fondos de inversión del Grupo Biscayne Capital, en el que se estafó a inversionistas latinoamericanos. Se estima que el fraude bordea los $200 millones.
Madison Asset aparece en algunas transferencias a las empresas de Álex Bravo en Panamá. Además, a través de la casa de valores panameña Westwood Capital, Seguros Sucre invirtió en Madison $6 millones, que ahora no puede recuperar porque el fondo de Islas Caimán quebró.
