El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, promulgó este martes una ley que regula el financiamiento de campañas políticas dentro de un paquete de leyes contra el lavado de dinero.
Antilavadodedinero / AFP
La ley establece controles más estrictos para evitar que el dinero negro llegue a las campañas políticas.
«El desafío ahora es lograr que se cumpla la ley», dijo Abdo a periodistas.
«Lo importante acá es que se acabe la impunidad y que todo el circuito funcione. Espero que la ley no sea letra muerta», advirtió el gobernante.
La impulsora de la ley, la diputada Rocío Vallejo, dijo que el objetivo «es vigilar de dónde sacan los políticos el dinero para sus campañas y que dejen de financiar las campañas los narcotraficantes, y basta de dinero de la corrupción en la campaña política».
El texto aprobado establece que los candidatos a elecciones municipales y generales (presidenciales, legislativas y gobernaciones) presenten sus declaraciones de ingresos y egresos al iniciar y finalizar sus campañas.
En los controles de capitales destinados a las campañas políticas trabajará también la Secretaría de Prevención del Lavado.
La ley entrará en vigencia en julio para las primarias de los partidos políticos que pugnarán en las elecciones municipales de noviembre.
Los políticos pueden ser sancionados con hasta 10 años de inhabilitación si no cumplen la norma.
«El narcotráfico no solo está involucrado en la política sino también en los políticos, dijo Arnaldo Giuzzio, jefe de la Secretaría Antidrogas (Senad).
El funcionario, que fungió de senador (2013-2018), elaboró en ese período una lista de una decena de legisladores sospechados de recibir apoyo del narcotráfico.
Uno de ellos, Magdaleno Silva, perteneciente al partido Colorado oficialista, fue muerto a balazos frente a su residencia en 2015, en la localidad de Ibí Yaú, a 500 km al noreste, en la región colindante con la frontera seca con Brasil.
– En la frontera seca con Brasil –
En la zona operan bandas del crimen organizado que trafican marihuana y cocaína dirigidas a los centros receptivos de Sao Paulo y Rio de Janeiro.
Un hijo y dos guardaespaldas de Silva, también resultaron muertos.
Giuzzio hizo mención del ex diputado suplente Carlos Rubén Sánchez, despojado de sus funciones como legislador, a quién calificó como un líder del narcotráfico.
Este fue defendido por dos diputados Marcial Lezcano y Freddy D’ecclessis,que figuran en la nómina de sospechados.
En diciembre pasado, Sánchez se salvó de un atentado a balazos perpetrado por 10 hombresen el departamento de Amambay, no lejos del lugar donde fue asesinado Silva.
Según Giuzzio, Sánchez «llegó a establecer una estructura de protección política en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay (noreste) y se ubicó como diputado suplente por Amambay».
Sánchez resultó electo como diputado suplente en las elecciones generales de 2013, acompañando al diputado por Amambay Marcial Lezcano, también acusado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de vinculaciones con el narcotráfico.
