El Estado Peruano adjudicó más de S/57 mil millones para la construcción de obras, compra de bienes y contratación de servicios a través de procesos con riesgo de corrupción, entre 2015 y 2019, según un análisis inédito de las contrataciones públicas en Perú.
Antilavadodedinero / OjoPublico
Los hallazgos que hoy revelamos –mientras se investiga a políticos y empresarios por el Caso Lava Jato, vinculado al pago de sobornos a cambio de concesión de obras
El algoritmo fue desarrollado durante un año y medio para analizar 52 gigabytes de información en forma de 245 mil contratos adjudicados entre 2015 y 2018 por todos los niveles del Estado (distrital, regional y nacional) con datos construidos a partir de la información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Infogob, Sunat, proveedoras y otras nueves bases vinculadas a registros empresariales y conexiones políticas.
Después de procesar, verificar y analizar la información, se identificó 110 mil contratos sospechosos (del total de 245 mil contratos) por S/57 mil millones, que representan el 40% de las adjudicaciones públicas del periodo analizado. El algoritmo analizó los procesos de contratación que pasaron por el OSCE y no la data de la Agencia de la Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) por donde pasaron los contratos para las obras que hoy ya son investigadas en el Caso Lava Jato.
El monto de S/57 mil millones en contratos riesgosos representa más de 90 veces la reparación civil que deberá pagar la constructora brasileña Odebrecht al Perú por sus actos de corrupción en las últimas dos décadas, así como 91 veces al presupuesto destinado para la Contraloría General de la República el 2020, y 22 veces el presupuesto aprobado para el Ministerio Público en el próximo año.
Casi la totalidad de estos contratos bajo sospecha se licitaron en procesos sin competencia. Esta categoría incluye a las modalidades de exoneración y contratación directa, que permiten elegir de forma legal a una empresa determinada sin un concurso previo. También considera aquellos procesos diseñados para que compita más de un proveedor, pero que en la práctica acaban con una sola compañía participando en la etapa de presentación de ofertas.
Las más beneficiadas: Petroperú, Telefónica y Cosapi
La lista de empresas que más dinero obtuvieron en procesos sin competencia es encabezada por Petroperú, compañía estatal, pero de derecho privado, con más de S/1.400 millones en cuatro años. Este monto representa el 93% de todo el dinero adjudicado a Petroperú por las diferentes entidades del Estado entre 2015 y 2018. Sus principales clientes son empresas estatales de energía eléctrica y direcciones de la Policía Nacional.
A Petroperú le sigue Telefónica del Perú con S/742 millones adjudicados en procesos sin competencia. Precisamente, en junio último, el OSCE inhabilitó a dicha compañía para contratar con el Estado, luego de que entregara “información inexacta” para cobrar S/1,5 millones del Despacho Presidencial. Más del 50% de los contratos de Telefónica del Perú entre 2015 y 2019 fueron otorgados en concursos riesgosos.
En este tipo de procesos, en donde solo un participante presenta su oferta para un concurso público, también destacan los contratos del sector de la construcción, que en los últimos años ha sido remecido por las investigaciones del caso Lava Jato, vinculado a compañías como Odebrecht. De hecho, el 61% de las obras a nivel nacional fue licitado a través de procesos sin competencia, entre 2015 y 2019.
Precisamente, en el rubro de la construcción, en donde aparecen compañías sin competencia en los procesos de adjudicación, destaca Cosapi, una de las más importantes de Perú y cuyos ejecutivos han solicitado acogerse a la colaboración eficaz para hablar sobre los sobornos a funcionarios en el Caso Club de la Construcción. Dicha empresa registra dos contratos por S/493 millones, en donde se presentó como única postora.
Luego de Cosapi figura Assignia Infraestructuras, subsidiaria del grupo español Essentium y que está en proceso de liquidación por insolvencia en dicho país, con S/396 millones. Esta empresa además es acusada por presuntas irregularidades en procesos de adjudicación en las regiones de Apurímac y Tacna de manera individual o consorciada.
