La salida de la misión de apoyo contra la corrupción de la OEA genera incertidumbre sobre lo que eso significa para la lucha por erradicar ese flagelo en el país centroamericano.
Antilavadodedinero / dw.com
El día en que los hondureños escucharon de la boca de un juez condenar a 58 años de cárcel a una ex primera dama acusada por corrupción, las esperanzas de tener una mejor nación comenzaron a crecer.
Era la primera vez que una funcionaria de esa categoría acusada por un delito como ese recibía un castigo de tal magnitud por parte de la Justicia de Honduras, un país azotado históricamente por un alto nivel de corrupción y de impunidad.
Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del exmandatario Porfirio Lobo (2010-2014) fue encontrada culpable de «drenar” del Estado más de 16 millones de lempiras, unos 650 mil dólares. Además, se le acusó de apropiarse de otros 12 millones de lempiras (480 mil dólares) de fondos de Casa Presidencial, destinados a obras sociales.
Su caso fue denunciado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un ente investigador de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó al país en enero de 2016, tras un acuerdo firmado con el gobierno del presidente, Juan Orlando Hernández.
Doce casos de corrupción
Ese organismo destapó en el país al menos 12 grandes casos de corrupción que calaron fuerte en las estructuras del gobierno, y que desembocaron, cuatro años más tarde, en que el acuerdo para su continuidad en ese país centroamericano no fuera aprobado por el gobierno de Honduras y la OEA.
La MACCIH, en sus cuatro años de gestión, denunció, entre otros, uno de los casos ligado al latrocinio que se produjo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del cual una red de funcionarios afines al Partido Nacional, actualmente en el gobierno, sacaron más de 7.000 millones de lempiras, unos 335 millones de dólares.
También denunció el asunto que denominó «Caso Arca Abierta” en el que señaló a varios diputados y exdiputados de malversar más de 21.1 millones de lempiras (851 millones de dólares), entre otros actos de corrupción.
Es así que la determinación que se tomó el 19 de enero de 2020 de no renovar el acuerdo con la OEA para la continuidad de la MACCIH tomó por sorpresa a los hondureños, que ven cómo las esperanzas de un cambio en pro de la transparencia en su país una vez más comienzan a disiparse, y crea incertidumbre sobre lo que depara en el futuro.
La MACCIH trabajaba de cerca en las investigaciones con la Unidad Fiscal Especial de Combate a la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), que presentaba las acusaciones formales a implicados en ese tipo de caso, la cual, tras la salida del organismo de la OEA, desapareció, formándose la nueva Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (Uferco).
Se pierden millones de lempiras al año
Según el último informe publicado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, ese país es considerado uno de los más corruptos de América Latina, en el cual se roban entre 40 y 50 mil millones de lempiras (más de 2 millones de dólares) cada año. Los corruptos han hecho de Honduras un país con los niveles más altos de empobrecimiento y desigualdad del continente, provocando una masiva migración.
El investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Carlos Melgar, un ente independiente que realiza investigaciones y análisis en materia fiscal, dijo a Deutsche Welle que la salida de la MACCIH causa preocupación y es, sin duda, un retroceso para Honduras.
«Nosotros como Icefi le hemos dado seguimiento a este tema en Honduras porque, dentro de la concepción de política fiscal, más allá de la parte de ingresos fiscales y gasto público, vemos importante el componente de transparencia y combate a la corrupción, porque es una salvaguarda para que los recursos públicos sirvan para atender las necesidades de la población”, expresó
Respecto a la salida de MACCIH, señaló: «Nosotros calificamos la salida como un retroceso, porque permitió identificar a algunos actores económicos, a políticos, militares y religiosos que, a través de prácticas ilegales, se beneficiaron a costa de la mayoría de la población.
A criterio de Melgar, de cara al futuro es necesario que Honduras tenga una agenda anticorrupción, porque, a su criterio, el problema es sistémico y no solo requiere una solución.
«Las recomendaciones del Icefi van en la línea de crear una agenda que promueva el gobierno, pero también de que haya participación de actores sociales que determinen qué cambios se deben hacer en la legislación para combatir la corrupción”, puntualizó.
Ataque a la corrupción en conjunto
Esa opinión es compartida por Omar Rivera, director ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), un organismo de la sociedad civil encargado de la veeduría de los Planes de Nación, quien estima que para erradicar la corrupción en Honduras se deben sortear grandes desafíos, basados en la voluntad política y la transparencia.
«El gobierno debe demostrar ser honesto y eficiente en la gestión de los recursos. Después de la salida de la MACCIH se han hecho algunos anuncios por parte del presidente para reformar algunas leyes, pero eso debe concretarse en acciones que atiendan a aquellos sectores vulnerables ante la corrupción”, declaró a DW.
Al respecto, el informe del CNA establece que en los últimos ocho años la prioridad presupuestaria del gobierno no estuvo puesta en la educación ni la salud, pero sí en laseguridad y la defensa, mientras que en materia energética, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) concesionó a una empresa extranjera que gana 14 millones de dólares mensuales.
A eso se suma que, en los últimos seis años, la ENEE perdió 27 millones de lempiras, y ha acumulado una deuda de más de 60 millones de lempiras, el doble del presupuesto anual destinado a la educación, según establece un informe elaborado por el CNA a fines de 2019.
Los expertos consideran que en Honduras no se van a resolver los problemas sociales si persiste la corrupción. Prueba del estancamiento que produce ese flagelo es el incumplimiento de satisfacer las necesidades de la población, lo que se ve reflejado en las caravanas de migrantes que desde 2018 han salido hacia Estados Unidos, tanto por la falta de empleo como por el alto costo de los servicios básicos y la inseguridad.
Los resultados de la edición 2019 del Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (TI) confirman que durante la presidencia de Juan Orlando Hernández Honduras mantiene la tendencia a empeorar su calificación, al pasar de 29 puntos en 2018 a 26 en 2019, y que cayó 14 puestos en el ranking mundial al pasar del puesto 132, en 2018, al 146, en 2019, entre 180 países evaluados.
Corrupción en el gobierno es grave
Ese resultado ratifica la preocupación de la ciudadanía hondureña, expresada en los resultados del Barómetro Global de la Corrupción de América Latina y el Caribe 2019 de TI, arrojando que el 91 por ciento de los entrevistados manifestó que la corrupción en el gobierno es un problema grave. Además, el 62 por ciento sostiene que el gobierno está actuando mal en la lucha contra la corrupción, y el 54 por ciento consideró que ese flagelo aumentó en el último año.
Sin embargo, el portavoz del Ministerio Público de Honduras, Yuri Mora, aseguró a DW que desde esa institución se hacen grandes esfuerzos por combatir ese mal en el país, y que durante la gestión del actual fiscal general, Óscar Chinchilla, se han fortalecido las diferentes unidades especiales que lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
«Se ha hecho un combate frontal a la corrupción por parte del Ministerio Público. Ahora que está la Uferco, se ha incrementado el presupuesto para fortalecer las fiscalías que investigan actos de corrupción pública”, apuntó Mora.
«Yo no creo que con la salida de la MACCIH el combate a la corrupción se venga abajo, porque de los 12 casos que presentó, en realidad entre 8 y 10 casos habían sido investigados por fiscalías del Ministerio Público, entre ellas la Ufecic”, manifestó.
Honduras un pequeño país de 9,2 millones de habitantes, ubicado en el corazón de Centroamérica, y debido a la corrupción tiene un elevado nivel de pobreza, que llega al 48.3 por ciento, según los datos actualizados a 2019 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), y de esas personas, el 38,4 viven en la zona urbana, y el 60,1 en la rural.
Además, a finales de 2019, unas 240 mil personas se encontraban desempleadas, o quieren trabajar, pero no encuentran una oportunidad, lo que representa el 5,7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), según la Tasa de Desempleo Abierto en poder de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Los profesionales consultados consideran que si en Honduras no se crea una agenda anticorrupción y se aplican las medidas que conlleven solucionar las causas que provocan la corrupción, el país se seguirá hundiendo en la pobreza y la desigualdad, porque no se resolverán los problemas de la gente en relación al empleo, la salud y la educación.
