Al aplicar las nuevas políticas de lucha contra el blanqueo de dinero, muchos países tratan automáticamente a las transacciones con criptomonedas como de alto riesgo.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
Recientemente, los organismo reguladores financieros de todo el mundo se han preocupado cada vez más por el papel de las criptomonedas en el blanqueo de dinero y la financiación de diversas actividades ilícitas. En los dos primeros meses de 2020, muchos gobiernos actuaron en respuesta a esas preocupaciones e introdujeron diversas medidas jurídicas destinadas a reforzar sus defensas contra el delito cibernético financiero supuestamente facilitado por el uso de dinero digital.
Rusia se ha convertido en la última de las principales jurisdicciones que ha dado un paso en esta dirección, ya que le Banco Central de Rusia dio a conocer la semana pasada un conjunto estudiado y revisado de indicadores en los que se aconseja a las instituciones financieras que reconozcan las transacciones sospechosas que puedan estar relacionada con el blanqueo de dinero. En lo que parece ser un enfoque riguroso sin precedentes para el intercambio de activos digitales, una de las nuevas normas prescribe marcar como sospechosas todas y cauna de las transacciones que implican las criptomonedas.
¿Es esta presunción general de culpabilidad la que guía ahora la nueva ola de medidas restrictivas que las autoridades financieras están dispuesta a aplicar?
La señal y el ruido
Al examinarla más de cerca, la nueva directiva del Banco Central de Rusia parece menos intimidantes de lo que parece en un principio. El documento no es más que un conjunto de indicaciones para que los bancos comerciales presten atención cuando monitoreen las operaciones de los clientes por actividades sospechosas. La lista de alrededor de 100 artículos no es exhaustiva, ya que hay espacio para que las instituciones financieras incluyan otros nuevos específicos para sus circunstancias particulares.
Esencialmente, la lista enumera los factores de riesgo en los que los bancos podrían basarse para determinar si deben suspender las cuentas que muestran un comportamiento extraño o -en casos especialmente graves- para dar por terminado el servicio. No hay ninguna implicación de que cualquier operación que implique dinero digital conduzca a la suspensión de la cuenta o la intervención de las fuerzas del orden para su investigación.
Lo que si muestra la medida es la admisión por parte de los banqueros centrales rusos de que las transacciones en criptomonedas se están convirtiendo cada vez más en aprte de los operaciones cotidianas de los bancos minoristas. Junto con al noticia de que el banco central ha completado su proyecto piloto de tokenización en la Blockchain y ha presentado las propuestas resultantes para enmendar la ley de activos digitales, el desarrollo sugiere que la autoridad monetaria de Rusia no se opone rotundamente a las innovaciones basadas en la Blockchain, sino que trata de diseñar políticas que aborden las múltiples clases de activos digitales.
Si bien la nueva directiva contra el blanqueo de dinero está evidentemente motivada por la sospecha generalizada de las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin, el proyecto de tokenización apunta al interés del blanco central en supervisar la creación de nuevos tipos de activos digitales y su intención legal.
La marea del GAFI
Si bien la sospecha recién codificada de las autoridades rusas respecto de todas las transacciones de criptomonedas no se traduce necesariamente en una mayor supervisión por parte de los organismo de vigilancia financiera, muchas medidas similares recientemente promulgadas o anunciadas por otros gobierno sí lo hacen.
El impulso para que las nuevas naciones, desde Ucrania hasta Japón, promulguen simultánemante nuevas normas contra el lavado de dinero centradas en las criptomonedas proviene de la orientación del Grupo de Acción Financiera Internacional publicada en el verano de 2019. En ella se pide a los 39 miembros de la organización intergubernamental que actualicen sus leyes nacionales para que los «proveedores de servicios de activos virtuales» se ajusten a normas de divulgación de información similiares a las impuestas a las instituciones financieras tradicionales en un plazo de 12 meses.
Las directivas del GAFI proporcionaron algunas orientaciones generales sobre cómo incorporar el dinero digital en la legislación de lucha contra el blanqueo de capitales, pero dejan suficiente margen para que los Estados nacionales elaboren medidas concretas según sea necesario. Un enfoque popular consiste en aplicar un mayor escrutinio a las transacciones con criptomonedas cuyo valor supere un umbral establecido.
Un proyecto de ley firmado por el presidente de Ucrania a finales del 2019 estipula que los proveedores de servicios de pago deben solicitar información detallada sobre el origen y el destino de los fondos cuando procesen pagos con criptomonedas de más de 1.300 dólares. Las personas que se consideren sospechosas deben ser comunicadas al Servicio Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania.
