Los tribunales gallegos procesaron, durante 2019, a 15 personas por supuestos delitos de corrupción política y administrativa, en 5 procedimientos en diferentes instancias, según los datos que se han dado a conocer del repositorio público sobre casos de corrupción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Antilavadodedinero / 20minutos
En ese informe se refleja que, durante el año pasado, los juzgados de instrucción y las audiencias provinciales de Galicia dictaron auto de procesamiento o de apertura de juicio oral contra 15 personas, todas ellas de nacionalidad española (13 hombres y dos mujeres); mientras que no se reflejan asuntos por corrupción en la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Las salas de lo Penal han ingresado un procedimiento por este tipo de delitos, que está pendiente de finalizar. Por su parte, las audiencias provinciales han ingresado 3 casos (dos procedimientos abreviados y un procedimiento de jurado) y han resuelto otros cuatro asuntos, mientras que dos están pendientes de finalización.
Con respecto a la resolución de esos procedimientos, en el repositorio del CGPJ se recoge que se dictaron en Galicia un total de 4 sentencias, de las que una fue condenatoria (con conformidad), otra parcialmente condenatoria, y otras dos de absolución.
En 2018, en Galicia, los tribunales procesaron por corrupción a 7 personas, y se dictaron tres autos de apertura de juicio oral (en audiencias provinciales). Asimismo, se dictó una sentencia condenatoria.
DELITOS DE ‘CORRUPCIÓN PÚBLICA’
En este repositorio público, presentado en enero de 2017, se ofrece información sobre la llamada ‘corrupción pública’, es decir, delitos de corrupción que afectan a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, por ser «la que más altos índices de preocupación inspira en la sociedad», según el CGPJ.
Así, se informa de delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función, y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Durante el pasado año, en España, los jueces abrieron juicio oral o procesaron a un total de 253 personas por delitos de corrupción. En este período, concluyó la fase de investigación de 42 procedimientos, y se dictaron 91 sentencias, de las que 26 fueron absolutorias.
