Un empresario venezolano fue acusado por la justicia de Estados Unidos de corrupción bajo sospecha de que pagó sobornos para obtener contratos inflados de filiales de PDVSA y de luego lavar millones de dólares en ganancias a través de bancos y propiedades del Sur de Florida.
Antilavadodedinero / Elnuevoherald
Las acusaciones, presentadas en la Fiscalía Federal del Sur de Florida, fueron emanadas de una investigación realizada por el Departamento de Seguridad Nacional sobre las operaciones de corrupción realizadas a través de las filiales de PDVSA que hacían uso de las instituciones financieras y el mercado de bienes raíces de Miami.
“A lo largo de las investigaciones, los agentes policiales identificaron casi $1,000 millones en pagos desde filiales de PDVSA a cuentas bancarias de varios contratistas venezolanos en el Sur de Florida”, declaró la acusación presentada el viernes.
Según las investigaciones, el empresario italo-venezolano Leonardo Santilli procesó al menos $146 millones de ese total tras presuntamente pagar sobornos para obtener contratos inflados de las filiales de PDVSA por productos a ser adquiridos en Estados Unidos.
Las investigación determinó que Santilli, a través de compañías registradas en Estados Unidos, cobraba un sobreprecio de hasta 300 por ciento por los productos comprados a firmas norteamericanas legítimas.
“Los registros bancarios muestran que las compañías del acusado utilizaban menos de un tercio de los fondos (obtenidos de las filiales) para realizar las compras”, explica la acusación.
“El resto de los fondos eran transferidos a cuentas bancarias personales, o corporativas, o de su familia, o a cuentas de fideicomiso o de compañías de maletín o a las cuentas de varios individuos venezolanos sin una conexión obvia con los negocios de las compañías del acusado.”
En una de las operaciones citadas en la acusación, Santilli obtuvo un contrato de $9.3 millones de la filial de PDVSA Petropiar para adquirir diez equipos petroleros conocidos como hawkjaw que el acusado adquirió pagando solo $2.5 millones.
“Las compañías del acusado le cobraron a Petropiar casi cuatro veces el precio básico. Los investigadores contactaron al fabricante que suministra los hawkjaws y la compañía indició que ellos habrían suministrado los equipos directamente a PDVSA”, agregó el documento.
El acusado tiene dos compañías en Estados Unidos, SGO Group Corp y A&M Support Group Inc. La primera tiene como dirección una oficina virtual ubicada en Weston y la segunda una vivienda en el sur de Miami.
En Venezuela, el acusado controla las compañías Constructora Cosaco Co. y PLD Inversiones C.A.
Los investigadores dijeron que las distintas operaciones de corrupción con las filiales de PDVSA por lo general muestran el mismo patrón.
Comienzan con la autorización proveniente de funcionarios corruptos para la adquisición de contratos inflados, con precios que en ocasiones representan un sobreprecio de cuatro o cinco veces el valor del bien a ser adquirido, seguido por el pago de sobornos a funcionarios corruptos de PDVSA.
El empresario normalmente tiene contactos dentro de la alta gerencia de PDVSA o con altos funcionarios del régimen o de las fuerzas armadas, con quienes también comparte las ganancias de las operaciones.
Los sobornos a funcionarios corruptos son realizados a través de compañías de maletín o testaferros en un intento por esconder la naturaleza de las operaciones.
