EE.UU. acusaron de narcotráfico y corrupción al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y a sus aliados más cercanos, lo que refuerza la reputación de la atribulada nación como Estado mafioso.
Antilavadodedinero / InSightCrime
El Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló cargos contra Maduro y 14 altos funcionarios venezolanos, incluidos jefes militares y el presidente del Tribunal Supremo, quienes presuntamente usaron sus cargos para forrarse “los bolsillos con dinero de la droga”, según afirmó el fiscal general estadounidense William Barr en una conferencia de prensa el 26 de marzo.
El pliego de cargos contra Maduro detalla una relación de décadas entre su círculo más cercano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para facilitar el narcotráfico en la región. Junto con Maduro, se expidió un pliego de cargos contra los altos mandos de las ex-FARC Mafia, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” y Seuxis Pausias Hernández, alias “Jesús Santrich”.
A mediados de los 2000, Maduro usó su poder como canciller de Venezuela para mantener abierta la frontera con Colombia para el narcotráfico, alega la acusación. Maduro presuntamente negoció con la guerrilla de las FARC el pago de dinero y armas a cambio de que incrementaran la producción de cocaína. Y en una ocasión, Maduro recibió US$5 millones para ayudar a las FARC a lavar dinero del narco mediante la compra de equipos agrícolas a Malasia, especifica la acusación.
Maduro rechazó los cargos, con un mensaje en Twitter en el que decía que Estados Unidos y Colombia están “conspirando” y que “[ellos] han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela”.
Algunos funcionarios que han sido aliados cercanos de Maduro también fueron nombrados en la acusación, entre ellos el exdirector de inteligencia militar, Hugo Carvajal Barrios, alias “El Pollo”, y el expresidente de su Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Ambos trabajaron con Clíver Alcalá Cordones, un general retirado del Ejército, en la supervisión de grandes cargamentos de cocaína, y el suministro de ametralladoras, lanzamisiles y municiones a las FARC, afirmaron los fiscales.
Después de que las autoridades francesas confiscaran un cargamento de cocaína de 1,3 toneladas en un vuelo de Air France, a pocos meses de su llegada a la presidencia, sigue la acusación, Maduro autorizó la detención de varios oficiales de bajo rango del ejército en un esfuerzo por desviar la atención del público y las autoridades.
En una acusación aparte, expedida también el 26 de marzo, se señala al ministro de la Defensa venezolano Vladimir Padrino López de realizar operaciones narcotraficantes en Honduras, Belice, Guatemala y México.
“Ellos suministraron códigos de autorización y coartadas para los aviones y lanchas que transportaban los cargamentos al inicio de su trayecto hacia Estados Unidos”, señaló el fiscal del Distrito Sur de Nueva York Geoffrey Steven Berman.
Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, está acusado en otra imputación por lavado de dinero y otros delitos financieros en conexión con al menos 20 casos que presuntamente arregló a cambio de pagos en efectivo.
Los registros bancarios obtenidos por los fiscales muestran que entre 2012 y 2016, Moreno gastó más de US$600.000 en autos, joyas y otros artículos de lujo en el área de Miami pese a que alegaba que sus ingresos no superaban los US$12.000 al año.
En 2017, Moreno ordenó la expropiación de la planta de General Motors, en el entendido de que se beneficiaría personalmente de su venta. En otra ocasión, recibió como regalo una “lujosa residencia” en el barrio El Hatillo de Caracas, tras ayudar a desestimar un caso de fraude contra la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), según los documentos que lo incriminan.
Junto con los pliegos de cargos, el Departamento de Estado anunció recompensas hasta de US$15 millones por información que conduzca a la captura o condena de Maduro. También prometió US$10 millones de recompensa por Cordones, Carvajal Barrios y Cabello.
Aunque sorprende el momento en que se hace esta acusación contra Maduro, los cargos que se le imputan confirman las acusaciones de larga data que lo señalan de liderar un grupo narcotraficante que involucra a la cúpula del gobierno y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
En 2018, InSight Crime publicó una investigación sobre el Cartel de los Soles, organización que recibe su nombre por las estrellas doradas que portan en sus uniformes los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Los pliegos de cargos ponen oficialmente al descubierto la existencia del cartel, y revelan la participación del ministro de defensa Padrino López, a quien no había sido implicado anteriormente en narcotráfico.
Narcotráfico en el régimen venezolano: El “Cartel de los Soles”
Según el Departamento de Justicia, Padrino López usó su cargo para detener algunos narcoaviones, mientras dejaba pasar otros “cuyos coordinadores narcos le pagaron sobornos para transitar el espacio aéreo venezolano sin ser molestados”.
Las acusaciones también detallan los presuntos vínculos entre las FARC y la administración de Maduro en cargos de narcotráfico, nexos que han cobrado mayor relevancia desde que tres excomandantes de las ex-FARC volvieran al campo de batalla en agosto de 2018. Los líderes disidentes están presuntamente operando desde la región fronteriza con Venezuela, lo que les da fácil acceso a la producción de cocaína colombiana y a los corredores de tráfico.
Las denuncias de que Maduro ayudó a las FARC con armas de uso militar implica que podría filtrar armas de nuevo al grupo, justo cuando las células de la ex-FARC mafia buscan rearmarse.
Los fiscales estadounidenses también revelaron la magnitud de los estupefacientes traficados por medio de Venezuela y los corredores de droga usados para su trasiego. Para 2004, se calcula que sacaron unas 250 o más toneladas de cocaína al año, dicen las autoridades de estadounidenses. Lanchas cargadas de cocaína zarpaban de la costa norte de Venezuela, y también se ocultaban drogas en cargamentos de buques de contenedores.
Así mismo se usaban avionetas para llevar las drogas hasta Centroamérica, las cuales despegaban desde pistas clandestinas en el estado de Apure, al suroeste de Venezuela. En 2010, 75 narcoaviones usaron la ruta de la cocaína conocida como el “puente aéreo” entre Venezuela y Honduras, añadieron los funcionarios.
El contrabando marítimo de drogas que sale del litoral venezolano sigue descontrolado, en especial hacia naciones isleñas en el Caribe. Los narcoaviones también siguen volando sin controles. El diputado de la Asamblea Nacional Juan Pablo Guanipa afirmó recientemente que existen 400 de esas pistas solo en el estado de Zulia, al norte del país.
Los pliegos de cargo ofrecen evidencia adicional sobre las actividades de narcotráfico de funcionarios de alto rango en el gobierno a quienes InSight Crime ya había identificado como parte del Cartel de los Soles, incluyendo a Cabello, sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2018 por “narcotráfico, lavado de dinero y otras actividades corruptas”.
El ex vicepresidente Tareck El Aissami, quien también fue sancionado por el Tesoro por facilitar envíos de drogas a nombre del capo venezolano Walid Makled y por su control de rutas de drogas aéreas y marítimas.
Otros incluyen a Carvajal Barrios, quien a partir de su sanción ha revelado nexos entre varios miembros del régimen de Maduro y el crimen organizado, y Alcalá Cordones, exgeneral acusado de supervisar el trasiego de armas y narcóticos con las FARC.
Pese a esto, es poco probable que las acusaciones afecten las operaciones rutinarias del Gobierno. Casi todos los acusados ya han sido sancionados por narcotráfico y otros delitos graves, pero esto ha tenido poco impacto visible. De hecho, Maduro incluso ha ascendido a numerosos funcionarios pese a las sanciones sin resolver que pesan contra ellos.
La medida del Departamento de Justicia seguramente “echa una llave a cualquier esfuerzo de llegar a una transición política en Venezuela”, comentó Geoff Ramsey, encargado de Venezuela en la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington, en intercambio con InSight Crime.
“Es mucho menos probable que todas estas personas del círculo de Maduro tengan acceso a algún tipo de aterrizaje suave ahora”, explicó, “porque saben que es muy probable que terminen en una cárcel en Miami”.
