El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha solicitado un enorme rescate para las grandes empresas llamado Ley de Estímulo. Los demócratas han hecho el teatrillo opositor acostumbrado, pero han votado a favor del paquete, con ligeros retoques. De la enormidad de este rescate y de las consecuencias que podrá tener no se ha informado suficientemente.
Antilavadodedinero / ElPaís
Hace doce años en Estados Unidos, los bancos solicitaron un rescate tras el pinchazo de las hipotecas suprime. El Departamento del Tesoro pidió dinero al Congreso sin condiciones, incluso eliminando la supervisión judicial. Los demócratas se plantaron, llamaron al paquete de rescate «slush fund» (fondo reservado para fines ilegales), pero después de unas mínimas enmiendas relativas a la supervisión y algunas promesas de ayudar a los ciudadanos de a pie, cedieron. Aquellos $700.000 millones fueron sólo el aperitivo de los billones de dinero público que estaban por llegar de la Reserva Federal.
Doce años después se ha vuelto a repetir casi la misma secuencia de acontecimientos. El Departamento del Tesoro ha solicitado un gran rescate, esta vez para todo el espectro empresarial, llamado Ley de Estímulo, con la excusa de mitigar el impacto del coronavirus. Los demócratas han vuelto a hacer el teatrillo.
Sus figuras más progresistas, como Alexandria Ocasio Cortez, han bramado contra un rescate a los grandes capitales que deja en la cuneta a la mayoría de la población, la que trabaja; han vuelto a decir que el rescate es un fondo reservado con fines ilegales. Pero tras unos ligeros retoques de su primera redacción, los demócratas han votado a favor de la ley, incluida la vociferante Ocasio Cortez, que parece estar reemplazando a Liz Warren en su papel de Pepita Grillo de la «izquierda» demócrata.
De la enormidad de este rescate no se ha informado suficientemente. Se oye la cifra de $500.000 millones. De ellos, $75.000 van para las aerolíneas y lo que se ha dado en llamar “negocios críticos para la seguridad nacional”. Los otros $425.000 se dirigen a capitalizar un préstamo de $4,25 billones (con b) de la Reserva Federal.
Los dólares de los contribuyentes absorberán cualquier pérdida que este programa de préstamo pueda tener. Aunque los préstamos no serán secretos, su supervisión estará a cargo -al igual que en 2008- de un panel de 8 miembros y un inspector general, sin poder para demandar judicialmente y con un presupuesto raquítico.
Así que no es una ley de $1,8 o 2 billones -como ha aparecido en la prensa corporativa, por ejemplo, sino más bien una de cerca de $6 billones. De ellos, 4,3 van directamente a engrasar a directores ejecutivos y accionistas, sin apenas condiciones. Pueden usar el préstamo en compensar a ejecutivos, comprar empresas en declive o lo que se le ocurra a sus departamentos de contabilidad. Y una vez saneados, pueden filtrar dinero a los inversores (durante el préstamo también, en dividendos).
Estas grandes empresas no están obligadas a mantener los puestos de trabajo; de hecho, la provisión de estímulo al seguro de desempleo, que se dará durante cuatro meses al 100 por cien del salario medio -tanto a trabajadores despedidos, como a los de subcontratas y los (falsos)autónomos- significa que estas grandes corporaciones pueden despedir con relativa impunidad.
Mucha gente en Estados Unidos considera que esto no un rescate por el coronavirus, sino por la fragilidad de unas empresas a las que bastan pocas semanas de interrupción de la actividad para irse al garete. El cortoplacismo y la falta de reservas de capital convirtió las suculentas ganancias en un baño de oro para los inversores. Estos, los financieros y los grandes propietarios de activos, son los únicos que se mantienen íntegros.
Cuando en los días pasados se le dijo a Wall Street que sería rescatado, las acciones y bonos se pusieron por las nubes. BlackRock, la mayor empresa de gestión de inversiones del mundo, dirige el programa de rescate para la Reserva Federal, y podría beneficiarse directamente si esta comprara sus fondos, lo que probablemente hará.
Se acaba de poner la guinda a un sistema desigual que ha traído un terrible sufrimiento a la mayoría de estadounidenses. De este mega-rescate a la clase capitalista, los trabajadores sólo obtienen migajas: una paga de $1.200 -que hasta mayo, como pronto, no cobrarán- y la prestación de desempleo durante cuatro meses.
La “ley de estímulo” contempla un programa para los pequeños negocios, que no podrán participar de la bonanza de los$4,3 billones reservados a las grandes corporaciones. Las pequeñas empresas serán beneficiarias de $300.000 millones. Sus préstamos no serán de devolución obligatoria si mantienen las plantillas de trabajadores, requisito que no se exige a las grandes empresas.
Hay también $150.000 millones para gobiernos estatales y locales, y $130.000 millones para hospitales (aunque no para equipamiento, sino para sanear sus cuentas).
El coronavirus ha llegado al rescate de un capitalismo en crisis. Pero a su vez ha puesto al descubierto las vergüenzas del sistema. El paro se dispara: más de 3 millones han solicitado ya la prestación por desempleo en las últimas semanas. La sanidad pública es inexistente. Una persona sin seguro privado tiene que pagar a una factura de $35.000 si quiere curarse del COVID-19. E incluso si tiene seguro, tendrá que afrontar gastos extra de $1.200. Mucha gente no querrá hacerse la prueba del coronavirus ni recibir tratamiento. Las muertes se dispararán, pero esto no le preocupa a Trump ni a las clase que representa. Mientras tanto, la maquinaria militar incrementa su presupuesto así como su violencia dentro y fuera de sus fronteras, incluso en forma de sanciones que impiden a naciones soberanas defenderse de la pandemia.
Una vez más, republicanos y demócratas, las dos cabezas del único cuerpo político que gobierna en Estados Unidos, actúan al unísono para defender el gran capital, lo que provocará una concentración de riqueza por arriba, y un considerable crecimiento de la miseria por abajo, mayores aún de las que ya existen en la considerada mayor economía del mundo.
