Exfuncionaria Natalia Nava Guzmán descubrió que desaparecieron los 19.7 mdp que le habían sido descongelados tras indagatoria por lavado de dinero.
Antilavadodedinero / Zocalo
Cuando Natalia Nava Guzmán pretendía disponer de 19.7 millones de pesos que le fueron descongelados tras una investigación por lavado de dinero, encontró que su cuenta estaba en ceros y ahora ha perdido los amparos y recursos legales con los que pretendía recuperar el dinero.
La mujer, originaria de Michoacán, fue investigada como probable implicada en una red de lavado y venta de facturas que inyectó a campañas políticas, entre ellas la de Enrique Peña Nieto en 2012.
Aunque oficialmente ganaba 3 mil 900 pesos quincenales, por sus cuentas circularon más de 431 millones de pesos que entraron y salieron casi en forma inmediata, como parte de una mecánica denominada «fraude carrusel», según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Después de que la Seido archivó la investigación, la mujer se disponía a disfrutar de 19 millones 735 mil 717 pesos que le fueron desasegurados en una cuenta de Banco Santander.
Para su sorpresa, cuando el 12 de febrero de 2015 le llegó el estado de cuenta, se enteró que ya no tenía ningún peso.
La cuenta 60-53850129-5 había sido vaciada mediante tres retiros de 5 millones 920 mil 715 pesos cada uno y otro de 1 millón 968 mil 557 pesos.
Nava acusó que una mujer de nombre Carolina Pérez López acudió al banco y se ostentó como su apoderada legal, utilizando diversos documentos apócrifos, así como cartas de instrucción, para retirar todo dinero mediante cuatro cheques de caja.
Éstos fueron girados en favor de las empresas Alkai S.C., Constructor Molotl y Logística y Comercialización Kenell, y de la propia Pérez López.
Al presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República, Nava acusó también a Roberto Hernández García y Olivia Hidalgo Rodríguez, director y subdirectora jurídicos de Santander, señalando que sin la autorización de ellos no hubiese sido posible retirar los recursos.
La Fiscalía pidió las aprehensiones de los directivos de Santander y de la mujer que supuestamente operó los retiros, pero un juez federal rechazó autorizarlas porque no estaba acreditado el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito que les atribuyeron.
Nava apeló y un magistrado dijo que este asunto ni siquiera era federal y debía resolverlo un juez del fuero común.
Al caer el expediente en manos de la justicia local, las órdenes de aprehensión por el delito de fraude contra los directivos de Santander también fueron negadas en primera y segunda instancia.
La denunciante recurrió al amparo contra esa decisión y recientemente lo perdió en última instancia. Al menos por la vía penal, por ahora no recuperará un solo peso.
