Miembros del clan Mareco. Cuatro de sus sindicados integrantes serán enjuiciados por lavado de activos -entre otros delitos-, en lo que se constituirá como el primer debate oral y público en su tipo que se desarrolle en la provincia.
Antilavadodedinero / ElTerritorio
A más de cuatro años del tiroteo que dejó al descubierto el accionar de este polémico grupo de Jardín América dedicado al contrabando de cigarrillos proveniente de Paraguay, cuatro de sus integrantes ahora deberán responder ante la Justicia en un debate oral acusados por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento de contrabando y lavado de activos de origen delictivo.
Los imputados en esta compleja causa fueron identificados como Jorge Rafael M. -sobre quien actualmente pesa un pedido de captura internacional-, su hermana Ramona M., el esposo de ésta, Darío Enrique P., y un cuñado de ellos, Marcelo Darío V.
Según pudo confirmar en base a altas fuentes ligadas al caso, el expediente que involucra a los cuatro miembros del denominado clan Mareco fue elevado a juicio y desde mediados de febrero se encuentra en manos del Tribunal Federal de Posadas.
Las mismas fuentes indicaron que incluso ya se realizó el ofrecimiento de pruebas, pero hasta el momento no se fijó fecha para el inicio del debate, instancia que marcará un hito en la historia judicial de la provincia ya que será la primera vez que se ventile un juicio por el delito de lavado de dinero en Misiones.
La causa
De acuerdo a la información que pudo recolectar este matutino, antes de llegar a esta instancia el expediente tuvo varios idas y vueltas en los cuales tuvo que intervenir la Cámara Federal de Apelaciones, cuyos magistrados fueron analizando los avances de la causa.
Una de las intervenciones de la cámara fue a fines de 2017, cuando los magistrados de alzada fallaron a favor de la Fiscalía Federal de Oberá, que había apelado el dictado de la falta de mérito hacia los implicados por el delito de lavado de activos.
En esa oportunidad, los camaristas revisaron el expediente y le dieron la razón a la fiscalía a la hora de considerar como procedente el procesamiento de los implicados en el orden al mencionado delito, además de los otros que no habían sido puestos bajo discusión.
De toda la investigación llevada adelante, los pesquisas lograron concluir que los cuatro formaban parte de una organización que bajo la estructura de un “clan” se dedicaba a la importación de cigarrillos de origen paraguayo a través del río Paraná para luego ser acopiados en domicilios relacionados al grupo y por último trasladarlos hasta localidades ubicadas a orillas del río Uruguay para concretar su paso en forma ilegal hacia Brasil.
El accionar del denominado clan era prácticamente un secreto a voces en la localidad, al decir de los vecinos, pero todo quedó al descubierto en enero de 2016, cuando la Policía reportó un tiroteo contra contrabandistas sobre un camino terrado que conduce hasta Colonia Oasis, situado al margen del río Paraná y a unos 15 kilómetros del casco urbano de Jardín América.
Después de esa balacera, la Policía y las fuerzas federales dieron inicio a una larga seguidilla de procedimientos que fue dejando más involucrados en el camino.
Por dicho enfrentamiento armado el año pasado fue condenado Joaquín Mareco, quien recibió cuatro años y un mes de prisión tras firmar un juicio abreviado, pero la pesquisa contra el clan continuó y el otro expediente en contra de los restantes miembros de la familia siguió sumando fojas.
Es ese expediente el que ahora llega a instancia de juicio contra los cuatro imputados por asociación ilícita, encubrimiento de contrabando y lavado de activos.
Según indicaron las fuentes, con el correr de la investigación a los preventores también les llamó la atención la cantidad de propiedades y vehículos de alta gama que los involucrados tenían en su poder a pesar de que se desconocían “profesión, actividad laboral o medio de vida de lícito en ellos”.
Tampoco se detectaron que hayan trabajado en relación de dependencia, comercio, establecimiento industrial o rural, o que desarrollen actividades como autónomos.
De la investigación participaron efectivos de la UnidadEspecialdeDelitos Económicosde GendarmeríaNacional Argentina (GNA), entre otras divisiones especializadas de la misma fuerza.
Escuchas e involucrados
En la pesquisa además se incluyen varias escuchas telefónicas en las cuales se detecta comunicación entre los implicados. Allí hacen referencia a los procedimientos, a las pérdidas y a los recaudos a tomar.
Incluso, en una de las escuchas se entiende que los implicados hasta contaban con información previa a los procedimientos que las fuerzas planificaban asestar.
Un ejemplo de ellos se registra en un diálogo entre Ramona y Marcelo el 10 de noviembre de 2016.
“Vos no leíste los mensajes de Jorge”, dice Ramona en una parte de la conversación -según la transcripción de las escuchas-, a lo que Marcelo contesta que “no” y la mujer lanza: “Urgente mandaron a avisar que tres de las casas se van a allanar. Yo necesito que Darío venga para sacar las gomas”.
Esa escucha podría ser clave en toda la causa, ya que aparecen los cuatro imputados: Ramona, Marcelo, Jorge y Darío.
Desde el tiroteo con Joaquín en febrero de 2016, tanto la Policía como la Gendarmería en forma conjunta fueron realizando diversos procedimientos en domicilios de varios integrantes de la familia, en los cuales se incautaron vehículos, cajas de cigarrillo, armas, cuadernos de cuentas y anotaciones varias.
De acuerdo a lo estimado en aquella instancia (2016) por los investigadores implicados en los operativos, el clan alcanzaba a obtener ganancias de aproximadamente 700.000 pesos semanales a partir del contrabando de cigarrillos.
Los primeros en queda involucrados en este expediente que ahora llega a juicio fueron Ramona y Marcelo, en tanto que Darío recién pudo ser puesto a disposición de la Justicia el 4 de septiembre del año pasado, cuando fue detenido por los efectivos del Escuadrón 48 Corrientes de GNA.
Luego de eso fue procesado con prisión preventiva y hace pocas semanas solicitó su excarcelación, pero la fiscalía del tribunal se opuso y los magistrados le denegaron la solicitud.
“Este Tribunal afirma que existen fundadas razones para suponer que Darío P. habrá de sustraerse al llamado judicial si recupera su libertad y de tal manera, deviene aconsejable, mantener su estado de detención como instrumento impeditivo, toda vez que neutraliza la posibilidad de fuga, ante la expectativa de pena que poseen los ilícitos atribuidos como así también un entorpecimiento a la pesquisa”, consta en el fallo al cual este matutino tuvo acceso.
Respecto a Jorge Rafael M., hermano de Ramona y de Joaquín -el condenado en la causa por el tiroteo- permanece prófugo y sobre él pesa una orden de captura a nivel internacional.
