La líder opositora tendrá que pagar 20.000 dólares a la justicia peruana y tiene prohibido comunicarse con los investigados del mismo caso de lavado de activos, según establece la sala de apelación.
Antilavadodedinero / elpais.com
Cuando un juzgado de investigación preparatoria dispuso el 28 de enero la prisión preventiva de la líder de la oposición peruana, Keiko Fujimori, mientras la Fiscalía la investiga por lavado de activos durante las campañas electorales en 2011 y 2016, su abogada apeló la decisión. En febrero, el recurso fue admitido a trámite y la semana pasada, pese a que la justicia peruana solo ve casos de emergencia o flagrancia debido a la cuarentena, un tribunal de apelación programó la audiencia. El jueves, tres magistrados ordenaron su excarcelación, argumentando que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento de la justicia, como consideró en enero el juez Víctor Zúñiga.
El equipo especial Lava Jato de la Fiscalía investiga a la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori por haber recibido más de un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. De acuerdo a las pesquisas, el dinero procedía de la división de sobornos de la firma, llamada Departamento de Operaciones Estructuradas.
En abril, Giulliana Loza, la abogada de la presidenta del partido Fuerza Popular había pedido, adicionalmente, el fin de la prisión preventiva por riesgo de contagio de la covid-19 de su patrocinada, y el Ministerio Público solicitó al Instituto Nacional Penitenciario un informe sobre las condiciones de reclusión. La autoridad penitenciaria reportó que la excandidata presidencial fujimorista ocupaba una celda sola, y que solo podía tener contacto con otras dos reclusas si coincidían en un patio. Loza alegó que su patrocinada tenía episodios de hipertensión y arritmia. «¿Quién va a asegurarnos la vida de las internas allí?”, comentó la semana pasada a una radio. La abogada estima que Fujimori podría salir de prisión el lunes 4 de mayo. Minutos antes de que se conociera la decisión de excarcelación el jueves, un grupo de 100 presas del mismo reclusorio donde está Fujimori difundió una carta suplicando, también, variaran la carcelería por otras medidas de privación de la libertad.
En su resolución, la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Crimen Organizado sostiene que cuando el juez Zúñiga dispuso la prisión preventiva de Fujimori el 28 de enero, la política “se presentó voluntariamente a la sala de audiencias y no hay razones para suponer que ante un llamado para su eventual juzgamiento, la procesada no tenga igual comportamiento”. Además, para evitar que la investigada cometa nuevamente obstrucción a la justicia -influyendo en los testigos o co-imputados- le ha prohibido estar en comunicación con ellos: algunos son sus principales asesores políticos, un ex secretario general de Fuerza Popular, entre otros cargos del partido. Fujimori, además, debe pagar una caución de 70.000 soles, unos 20.000 dólares.El coordinador del Equipo Lava Jato, el fiscal superior Rafael Vela, rechazó la excarcelación de la procesada, lo calificó como un “antecedente nefasto”, e informó que planteará dos recursos de casación —revisión— de la resolución judicial. Uno porque la justicia peruana considera que la abogada Loza presentó el pedido de apelación fuera de plazo, y otra “sobre los aspectos de fondo de la decisión que interpretamos es ilegal, arbitraria y ha roto absolutamente la garantía de la imparcialidad”, sostuvo a un medio local.
