La reclamación por la violación de las leyes de lavado de dinero y la pérdida relacionada presentada por aproximadamente $ 12.3 millones en fondos es la mayor incautación de fondos relacionados con IRGC-QF.
Antilavadodedinero / justice.gov
Amir Dianat, de 55 años, y Kamran Lajmiri, de 42 años, ambos ciudadanos iraníes, fueron acusados de violar las leyes de lavado de dinero y sanciones de exportación de los Estados Unidos contra Irán en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
Una denuncia penal de dos cargos devuelta hoy acusa a Dianat y Lajmiri de conspiración para proporcionar servicios financieros de EE. UU. A entidades iraníes y sus compañías principales que intentan comprar un buque petrolero, el Nautic, en septiembre de 2019. La denuncia alega que los acusados ocultaron al vendedor , las instituciones financieras que liquidan las transacciones en dólares estadounidenses y el gobierno de los EE. UU. que la venta de este buque estaba destinada a Irán, todo como parte de un plan para enriquecer a los acusados y otros conspiradores, y para evadir las regulaciones, prohibiciones y requisitos de licencia de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y el Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán (ITSR).
Se presentó un reclamo relacionado por decomiso civil verificado contra $ 12,338,941.91. Estos fondos estaban supuestamente involucrados en este esquema para lavar dinero en los Estados Unidos para adquirir ilícitamente el Nautic. La demanda de decomiso civil alega que este esquema involucraba a la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, la Compañía Nacional de Petroleros de Irán (NITC) y la Fuerza IRGC-Qods (IRGC-QF), todos los ciudadanos especialmente designados. El IRGC también ha sido designado una organización terrorista extranjera. Esta acción de decomiso representa la mayor incautación de fondos relacionados con IRGC-QF. Todos los fondos de organizaciones terroristas están sujetos a decomiso.
«Estos acusados compraron un petrolero de petróleo crudo valorado en más de $ 10 millones al usar ilegalmente el sistema financiero de los Estados Unidos, violando desafiantemente las sanciones de los Estados Unidos», dijo el Fiscal General Adjunto de Seguridad Nacional John C. Demers. «Este es otro ejemplo más de que Irán utiliza descaradamente compañías de fachada y documentación falsa en un intento de ocultar las transacciones ilegales que el régimen iraní necesita desesperadamente para financiar sus actividades malignas y llevar a cabo el lavado de dinero». La aplicación de las sanciones de los Estados Unidos y las leyes penales financieras relacionadas es un componente importante del compromiso de la División de Seguridad Nacional de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Elogio los esfuerzos de los fiscales, agentes y analistas que descubrieron este esquema ilegal y cuyo trabajo resultó en la acción de decomiso más grande que haya involucrado al IRGC-QF «.
«Empleando autoridades de decomiso civil específicamente disponibles para la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito de Columbia, continuaremos procesando agresivamente a quienes abusen de nuestro sistema financiero para apoyar a las entidades sancionadas», dijo el Fiscal Federal Timothy J. Shea para el Distrito de Columbia. “Usaremos todas las medidas disponibles bajo la ley, para incluir la confiscación civil para recuperar fondos para las víctimas del terrorismo. Estas leyes existen y sirven para evitar que los países hostiles generen ingresos ilícitamente, como a través de la venta de petróleo, para financiar sus programas de proliferación de armas. Los cargos de hoy son otro ejemplo de los esfuerzos dedicados e implacables de nuestra oficina, el FBI y HSI «.
«La queja de hoy demuestra que aquellos que usan el sistema financiero de los Estados Unidos para beneficiar a la industria petrolera iraní serán investigados por el FBI y procesados en la mayor medida de la ley», dijo el agente especial del FBI Minneapolis a cargo Rainer Drolshagen. «Los sectores petroquímicos y petroleros de Irán son las principales fuentes de financiación para el régimen iraní, y el FBI continuará persiguiendo agresivamente a aquellos que usan ilegalmente el sistema financiero de Estados Unidos para su beneficio».
«La protección de nuestra patria abarca muchas misiones, incluida la salvaguarda de las exportaciones y la moneda de nuestra nación», dijo Steven W. Cagen, agente especial a cargo de HSI Colorado. «Estos delincuentes pensaron que podrían enriquecerse mientras ayudaban a Irán, un país que sigue representando un problema grave». amenaza para la seguridad de nuestra nación. Ahora enfrentarán las consecuencias de sus acciones «.
El Departamento del Tesoro interpuso una acción concurrente, sancionando a Dianat y su compañía relacionada, Taif Mining por lavado de dinero.
According to the pleadings, beginning around May 2019 through December 2019, Dianat and Lajmiri conspired to purchase the Nautic via a complex web of front companies, including Taif Mining. After sending the final wire payment to the seller, Taif Mining took possession of the Nautic. It quickly changed its name and began making trips to Iran to load Iranian petroleum. Because a U.S. bank froze the funds related to the sale of the vessel, the seller never received payment. As a result, the seller instituted a civil action in the U.A.E. to recover the vessel.
On March 15, 1995, the President, pursuant to IEEPA, issued Executive Order No. 12957, finding that “the actions and policies of the Government of Iran constitute an unusual and extraordinary threat to the national security, foreign policy, and economy of the United States” and declaring “a national emergency to deal with the threat.” In subsequent Executive Orders, the President imposed economic sanctions, including a trade embargo, on Iran. The Executive Orders and the ITSR prohibit the exportation, re-exportation, sale, or supply, directly or indirectly, to Iran of any goods, technology, or services from the United States or by a United States person without prior authorization or license from the U.S. Department of the Treasury, the Office of Foreign Assets Control, located in Washington, D.C. The conspirators utilized the U.S. correspondent banking system to process illicit transactions in U.S. Dollars, and at no time were U.S. financial institutions alerted that they were financing the purchase of a tanker for Iranian entities.
Si son declarados culpables, Dianat y Lajmiri enfrentarían un máximo de 20 años de prisión.
La investigación fue realizada por agentes especiales de la Oficina de Campo del FBI en Minneapolis y HSI Colorado Springs.
Los detalles contenidos en los alegatos son meras alegaciones. Se presume que todos los acusados son inocentes a menos y hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia, y la responsabilidad de demostrar la imposibilidad en un procedimiento de decomiso civil recae sobre el gobierno.
