Una investigación reveló que los narcotraficantes que además de las empresas fantasma, también se valían de amas de casa y universitarios para el blanqueo de capital.
Antilavadodedinero / infobae.com
Empresas fantasma o fachada, son elementos clave en la operación de los cárteles de la droga en México. Los grupos del narcotráfico recurren a dichas figuras para lavar cientos de millones de dólares. El proceso consiste en un intrincado sistema de transferencias nacionales e internacionales, a través de compañías que operan en oficinas virtuales o casas particulares.
Expedientes judiciales revelan que, es los casos revisados, los criminales usan testaferros para crear dichas empresas fantasma “dedicadas” a bienes raíces, venta de joyería y electrónicos e incluso servicios de consultoría, mismas que llevan a cabo transacciones millonarias que no coinciden con sus declaraciones de impuestos ante el fisco.
Para blanquear capital, los delincuentes se valieron desde amas de casa, estudiantes y empleados bancarios, hasta sitios web ficticios para disfrazar su actividad delictiva como negocio legítimo.
Precisamente, como señala un reportaje de investigación de El Universal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacien y Crédito Público (SHCP) descubrió en 2014 la red más articulada y que involucra uno de los montos más altos de los que se tengan registros.
Labores de inteligencia llevadas a cabo por la UIF encontraron que cuatro empresas fantasma recibieron y transfirieron recursos por 3 mil 523.2 millones de pesos en menos de dos años. Esas compañías, a su vez, estaban conectadas a otras tres que eran investigadas en otras averiguaciones previas en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por lavar recursos para el Cártel de Sinaloa.
Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de blanqueo, explicó a ese diario que para los grupos criminales es más sencillo hacer una empresa de papel, donde sólo requieren ir con un notario y luego abrir una cuenta bancaria, en vez de instalar empresas fantasma con el que tendrían que adecuar un local, contratar personal y pagar impuestos.
“Mover el dinero en un negocio fachada [restaurante o lavado de autos] llevaría más tiempo, mientras que con una empresa de papel puedes comenzar a mover altas sumas de dinero rápidamente a través del sistema financiero e incluso a otro país”, explicó.
Datos de Insight Crime arrojan que cada año los cárteles mexicanos introducen al país entre 19 y 29 mil millones de dólares producto de la venta de drogas en Estados Unidos.
Empresas ligadas al Cártel de Sinaloa
En 2014 la UIF detectó que cuatro empresas -constituidas en la misma fecha de 2012, con el mismo domicilio y un representante legal que resultó ser un testaferro- se enviaban y recibían recursos sin justificación alguna a fin de ocultar el origen y destino de los recursos.
El Universal cita un documento de la unidad de inteligencia en el que se lee: “Las cuatro [Flunky, Flutnex, Marbole y Cuarzo Blanco y Asociados] generan operaciones dentro del sistema financiero nacional y hacia el extranjero, con movimientos significativos y una multiplicidad de beneficiarios que no guardan relación comercial con los proveedores de los mismos”.
Sin embargo, pese al alto volumen de recursos, habían declarado a la autoridad fiscal ingresos muy inferiores a los realmente captados y en el domicilio reportado no había movimiento de personal, mercancía ni infraestructura que sugiriera su funcionamiento.
“[Estas] particularidades nos inclinan a establecer que son empresas pantalla, esto es, empresas aparentemente legales que encubren como una pantalla actividades ilegales y que generalmente existen en papel; además de que se establecen en oficinas virtuales”, concluye el documento.
Así tenemos que, entre julio de 2012 y mayo de 2014 -según el informe-, recibieron 3 mil 928 transferencias vía SPEl por 2 mil 103.5 millones de pesos y efectuaron 5 mil 175 transferencias para enviar mil 419.7 millones de pesos. También, en sólo un año transfirieron 605.8 millones de pesos y 3.5 millones de dólares a China, Estados Unidos, Suiza, España y Corea.
El 20 de agosto de 2014 la UIF ordenó bloquear las cuentas bancarias de las cuatro compañías. Un año después fueron señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como contribuyentes que realizan operaciones inexistentes y finalmente en agosto de 2017 la PGR ordenó asegurar sus cuentas. Estas empresas realizaron operaciones con otras compañías que también son investigadas en distintas averiguaciones previas. Flunky realizó transferencias a Zocle Mercantil, inmersa en indagatoria por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa.
Flutnex recibió recursos de Comercializadora Piter, declarada por el SAT como empresa fantasma e investigada por la PGR, y envió recursos a Nacer Peninsular del Sureste, relacionada también con una red de blanqueo al servicio del Cártel de Sinaloa.
Amas de casa y universitarios para blanquear capital
En agosto de 2015, Omar Ayón Díaz, un criminal vinculado al Cártel de Sinaloa, fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde lo reclamaban para enfrentar diversos cargos por blanqueo de capitales y asociación delictiva. Ayón Díaz también era investigado en México por ser parte de una red de lavado de dinero al servicio de dicha organización delictiva originada en el norte de México. El 30 de octubre de 2014, la entonces PGR declaró el aseguramiento de sus cuentas bancarias.
Junto a Ayón, la procuraduría aseguró las cuentas de unas 30 personas más. Entre ellas figuraban decenas de mujeres de Sinaloa, que vivían en las zonas más marginadas de la capital Culiacán. Enseguida ellas denunciaron que habían sido engañadas. Las señoras, en su mayoría amas de casa y desempleadas, acusaron que les habían ofrecido 500 pesos para abrir una cuenta. El dinero que les era depositado lo retiraban con la supervisión de una persona que las acompañaba y se quedaba con el mismo.
Con la detención de Ayón se sabría que esas cuentas bancarias eran parte de una red de blanqueo de capitales al servicio de ese cártel. Al declararse culpable en Estados Unidos, Ayón admitió que lavó 24.5 millones de dólares, ganancias por la venta de cocaína. En sus centros cambiarios en Tijuana recibía los dólares en efectivo y luego se transfería a cuentas bancarias.
En la indagatoria que seguía la PGR en México también se investigaba a Cote Corporación Operativa Técnica Empresarial, una compañía constituida en Puebla que se dedica a la construcción y que en 2015 fue señalada por el SAT como contribuyente que simula operaciones. Uno de sus socios es Said Nacer Ramos, hermano de Eduardo Nacer Ramos, quien también aparece en la diligencia de la procuraduría. Eduardo también es representante legal de la asociación civil Nacer Peninsular del Sureste, parte de otra red de lavado investigada por la PGR y que recibió depósitos de Flutnex, según la información recabada por la UIF.
Por otro lado, una investigación del Buró Federal de Investigaciones(FBI) en colaboración con la UIF y la FGR logró desarticular una red de lavado de dinero con sede en Tijuana, Baja California, y San Diego, California, que blanqueó 19 millones de dólares.
La organización liderada por Manuel Reynoso García reclutaba en Tijuana a universitarios de entre 18 y 23 años, quienes eran trasladados a San Diego para abrir cuentas bancarias. Otros miembros de la organización viajaban a varias ciudades de Estados Unidos para recoger las ganancias de narcóticos.
Después, el efectivo lo depositaban en las cuentas bancarias abiertas por los estudiantes, pero controladas por la organización. Los fondos se transferían electrónicamente desde estas cuentas a una serie de empresas fantasma con sede en México y luego el dinero era transferido a los prestanombres del Cártel de Sinaloa.
Precisamente, en 2009, la entonces PGR investigó a una veintena de personas que entre febrero y noviembre de dicho año realizaron al menos 15 viajes para transportar al extranjero 2.5 millones de dólares en efectivo, amparándose en documentos expedidos por 10 empresas que realizaban operaciones inexistentes.
La indagación de la Procuraduría General de la República inició después de que el 6 de octubre de 2009 fueran alertados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre una red internacional que transportaba dinero en efectivo al servicio de los Beltrán Leyva. En el informe remitido a la ahora Fiscalía General de la República (FGR), se señalaba que la oficina de la DEA en Panamá y autoridades de ese país averiguaban las actividades de tráfico de droga y de lavado de dinero de un grupo de mexicanos, panameños y colombianos que partían con dinero del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al de Tocumen, en Panamá.
Tras esta alerta, policías mexicanos detuvieron en noviembre de 2009 a tres personas que pretendían transportar dólares con cartas expedidas por diversas empresas. Uno de los detenidos reveló el modus operandi:
“En la aduana le daban una forma que tenía que llenar con su nombre y el de las empresas Factor Elite, Exclusivas y Open Trade”, se lee en la pesquisa. En el expediente judicial se narra que policías acudieron al domicilio de Factor Elite en la colonia las Palmas, en Puebla, y no había rastro de ninguna compañía.
Y El Universal recuerda que una red internacional más que también fue desmantelada es la que comandaba el colombiano Gustavo Eugenio Echeverri Ortiz, uno de los líderes del Cártel Valle del Norte, quien estableció su centro de operaciones en la Ciudad de México.
En la averiguación previa iniciada por la PGR señala que los colombianos llegaron a México en 2003 y negociaron poder usar parte de las rutas de tráfico de droga que usaba el Cártel de Sinaloa para llevar droga a Europa, sin competir con los mexicanos por el mercado estadounidense.
Para llevar la droga a España, crearon con ayuda de sus socios mexicanos diversas firmas -o empresas fantasma- supuestamente dedicadas a la exportación de defensas de caucho para embarcaciones; sin embargo, éstas eran sólo fachada, ya que los narcotraficantes usaban las defensas para esconder ahí la cocaína y así exportarla sin levantar sospechas.
El Universal especificó que la información presentada en el reportaje se desprende de diligencias previas, causas penales, amparos y documentos de la Corte de San Diego, referentes a una decena de casos. La mayoría de los implicados fueron sentenciados con penas menores, mientras que otras indagatorias continúan abiertas.
